Diario de Navarra

La semana pasada todos los policías forales conocimos las sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Navarra a una serie de demandas -una de ellas interpuesta por APF- a la aprobación del Decreto Foral 79/2016 de Jornadas y Retribuciones de la Policía Foral. Fundamentándose principalmente en un defecto de forma, el tribunal declaraba nulo de pleno derecho el citado decreto foral, y ordenaba retrotraer estos asuntos tan delicados e importantes para nuestras condiciones laborales a la normativa anterior, que, en el caso de las retribuciones, no es otra que el Decreto Foral 1/ 2005. No está de más señalar al lector que haya tenido la amabilidad de llegar hasta aquí, que todo deviene de la aprobación de la controvertida Ley 15/2015 de Policías de Navarra, impulsada por los sindicatos ELA, CCOO y UGT. Una ley que, aun siendo nociva para el trabajo y la organización policial, el Gobierno de Navarra se sintió obligado a desarrollar con la aprobación de un decreto foral que mermó las retribuciones de 260 compañeros y compañeras, y un aumento, insignificante en la mayoría de los casos, para el resto. La ley Robin Hood, la llamaron algunos. Aunque hemos hecho las preguntas oportunas, nadie parece tener claro cómo se resolverá este embrollo. La decisión del Gobierno de Navarra de presentar un recurso de casación parece no ser más que un intento de ganar tiempo, y no responde a la pregunta que nos hacemos todos los policías forales: ¿en qué condiciones laborales vamos a prestar el servicio que nos ha encomendado la sociedad? Un rápido análisis del asunto nos dice que, en el caso de que el recurso de casación no sea tenido en cuenta, nuestra jornada de trabajo y retribuciones se deben retrotraer al DF 1/2005, de forma que a los compañeros que vieron reducido su sueldo, se les reintegren las cantidades dejadas de percibir. Y cabría la posibilidad de que quienes experimentaron alguna mejora económica tuvieran asimismo que devolver esas cantidades, supuestamente percibidas de más. Idéntico parecer tenemos sobre un par de instrucciones de Jefatura que aplican el Decreto Foral 79/2016 y regulan la aplicación del complemento de exclusividad y las guardias localizadas en Policía Foral: estas instrucciones (que también fueron recurridas en su momento por APF y cuya sentencia debiera conocerse próximamente) son también nulas de pleno derecho. Pero con todo, y al margen de este caos presente, de este desbarajuste organizativo y funcional en el que está sumido la Policía Foral, en APF tenemos claro qué debemos hacer en un futuro inmediato. Y la propuesta que realizamos al Gobierno de Navarra, a la Consejería de Interior, a los grupos parlamentarios y al resto de los sindicatos es la de aprobar urgentemente una nueva Ley de Policías. Estas sentencias debieran ser el estímulo necesario para que demos el empujón preciso a esa proposición de Ley que se está gestando en el Parlamento, y que por razones que no logramos entender ha quedado momentáneamente estancada. Desde nuestro punto de vista, no puede ser que egos desmesurados e intereses espurios pongan palos en la rueda de esa proposición, y tampoco es de recibo la falta de seriedad de algunos parlamentarios y parlamentarias, que hacen el caldo gordo a quienes demuestran lo poco o nada que les importa la Policía Foral y las condiciones laborales de sus profesionales. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. El próximo período de sesiones del Parlamento foral debiera abrirse con un pleno en el que, por amplísima mayoría, incluso por consenso, se aprobase una nueva Ley de Policías. De partida cuentan con la mayoría sindical de Policía Foral y de las policías municipales, y también con el amplísimo respaldo social que el 80% de los policías forales otorgaron en un referéndum celebrado a finales del 2017 para la puesta en marcha de una nueva Ley. De esta manera, una vez pasados los inminentes Sanfermines, con todo el verano por delante, nada ni nadie debiera impedir a los grupos parlamentarios registrar la proposición de ley de policías, acordar las enmiendas pertinentes, e incluso adelantar el trabajo de los desarrollos reglamentarios. No hay que repetirles que para todo ello pueden contar con este sindicato, pues nuestro objetivo sigue siendo que el 1 de enero de 2019 hayamos dejado atrás esta pesadilla. Juancho Zabalza Erviti es presidente de la Agrupación Profesional de Policía Foral (AFP)

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Los policías forales, ante la más absoluta incertidumbre

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