Diario de Navarra

Recientemente se han hecho públicas las conclusiones de un dictamen de una “comisión de expertos” creada por el Ayuntamiento de Pamplona e integrada por Jacinto Lara, abogado, miembro de CEAQUA (Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo) y expresidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España; Pedro Ibarra Güel, bilbaíno, abogado laboralista y de orden público durante la Transición y excatedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco; Amaia Kowasch Velasco, trabajadora social, experta en género, miembro de la sociedad Aranzadi e investigadora sobre memoria histórica en Navarra; Pepe Uruñuela Nájera, abogado laboralista y penalista; Begoña Zabala González, abogada, exletrada del Gobierno de Navarra; Nerea Pérez Ibarrola, historiadora y miembro del Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra (UPNA); y Josu Chueca Intxusta, historiador, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador de la memoria histórica. Viví aquel episodio muy de cerca porque aquel día fatídico en el momento en el que la Policía Armada irrumpió en la Plaza de Toros, la mayoría de diputados y senadores por Navarra en las Cortes constituyentes estábamos presentes en el palco de la Diputación Foral. Antes de terminar el quinto toro, Jesús Aizpún y Manuel de Irujo se habían ausentado, quizás porque temían que se produjeran incidentes a la salida de la corrida pues se conocía que los grupos aberzales iban a aprovechar la ocasión para reivindicar la amnistía. PELOTAS DE GOMA Y DISPAROS DE PISTOLA Lo cierto es que tan pronto como el sexto toro fue arrastrado por las mulillas comenzaron a saltar al ruedo mozos del tendido de sol, con una gran pancarta que decía ‘Amnistia osoa’ y ‘Presoak kalera’. La mayoría de la gente mostró su desaprobación y comenzó a gritar “¡San Fermín! ¡San Fermín!”. Algún espectador del tendido 3 lanzó algún objeto al ruedo. Algunos mozos saltaron la barrera e iniciaron una pelea. En ese momento, se abrió la puerta del callejón y unos cuarenta agentes de la Policía Armada entraron en el ruedo. La plaza comenzó entonces a gritar “¡fuera! ¡fuera!” y a tirarles almohadillas. Los policías parecían desorientados pero, sin ningún aviso previo, comenzaron a disparar pelotas de goma contra los mozos del ruedo y luego a diestro y siniestro. Esto provocó una estampida del público que pudo tener trágicas consecuencias. Hubo numerosos contusionados, algunos heridos por disparos de pistola. La policía lanzó pelotas de goma, por lo que los disparos de pistola podrían haber sido de los mandos de la dotación, a cuyo frente se hallaba el comisario de Pamplona, Miguel Rubio, que entró en la plaza al frente de los agentes. Los diputados y senadores abandonamos entonces el palco de la Diputación. Salimos del coso por la escalera situada junto a la puerta principal y que accede directamente a los palcos. El secretario general del PSOE, Gabriel Urralburu, ante el cariz que tomaban los acontecimientos, me pidió si podía refugiarse en mi casa hasta que vinieran a buscarle miembros del servicio de seguridad de su partido. Así lo hicimos. Subieron también Gabriel Sarasa, Pedro Pegenaute y José Luis Monge. No lo hizo en aquellos momentos Ignacio Astráin, pues al abandonar el palco se encontró en la escalera al gobernador civil, Ignacio Llano, que iba con su mujer, y al que la policía había dejado absolutamente solo. Astráin les indicó que para llegar al Gobierno Civil lo mejor era ir por la calle Olite, eludiendo Carlos III. Así lo hizo y consiguió pasar inadvertido. Luego Astráin nos buscó y se vino a mi casa. Pues bien, no recuerdo la hora exacta pero poco después de llegar a mi domicilio hizo su aparición un convoy de la Policía Armada compuesto por varias furgonetas y un autobús que se detuvo en la confluencia entre la Avenida de Carlos III y la Avenida de Roncesvalles. Como el sentido derecho de esta última estaba cortado por varios coches cruzados, parte del convoy hubo de estacionarse en dirección contraria hacia la calle Paulino Caballero. El autobús que cerraba el convoy no llegó a entrar en Roncesvalles, deteniéndose en Carlos III, junto al andén central, más o menos donde se encuentra actualmente el monumento al Encierro. Desde la esquina de Roncesvalles con la calle Amaya, situada en frente de la puerta principal de la Plaza de Toros, un par de policías disparaba pelotas de goma en dirección al callejón, donde como comprobamos más tarde se encontraba un numeroso grupo de mozos. Al mismo tiempo, otros grupos de policías situados en la Avenida de Carlos III disparaban a otros grupos de manifestantes en dirección a la Plaza del Castillo. ORDEN DE RETIRAR A LA POLICÍA Y SILBATOS LLAMANDO A ELLO Ante el cariz cada vez más violento que tomaban los acontecimientos, decidimos llamar al gobernador civil, Ignacio Llano, para pedirle que ordenara la retirada de la policía a fin de aplacar los ánimos. Me contestó que acababa de dar esa orden. En efecto, nada más cortar la comunicación oímos los silbatos de los mandos de la dotación policial llamando a retirada. Poco a poco los agentes se replegaron y fueron subiendo a los vehículos estacionados. Los últimos en retirarse fueron los dos policías de la esquina con Amaya que llegaron al autobús cuando los jeeps de la caravana policial iniciaban su marcha hacia la calle Paulino Caballero. Pero el autobús se rezagó, pues tuvo que hacer maniobra para entrar en la Avenida de Roncesvalles, ya que los numerosos coches aparcados a ambos lados de la calzada le dificultaban el paso. Pues bien, tan pronto como los manifestantes que estaban en el callejón se percataron de que la policía se retiraba, irrumpieron a la carrera en la Avenida de Roncesvalles y se lanzaron contra el convoy policial. Eran varios centenares. Para evitar su linchamiento los agentes lanzaron botes de humo. Una densa humareda nos impidió la visión. En medio de un gran estruendo se escucharon varios disparos. Recuerdo haberle dicho a Ignacio Astráin que sacara la cabeza de fuera de la ventana, pues aquello eran tiros y corría el riesgo de que le alcanzara una bala perdida. No recuerdo la hora exacta, pero sí que era al atardecer y no había oscurecido. Cuando al cabo de unos pocos minutos se despejó la humareda ya no quedaba nadie en la Avenida de Roncesvalles, ni los policías ni sus atacantes. Fue entonces cuando Urralburu me comentó: “Qué terrible tiene que ser una revolución”. Al día siguiente supimos que en ese mismo lugar había muerto por disparos de la policía Germán Rodríguez, dirigente de la Liga Komunista Iraultzailea-Liga Comunista Revolucionaria (LKI), surgida de la VI Asamblea de ETA celebrada en 1970. LOS MANIFESTANTES SE LANZARON CONTRA EL CONVOY POLICIAL Los grupos aberzales acusaron a la policía de haber “asesinado” a Germán Rodríguez. La versión que dieron sus compañeros fue que “en un momento pareció que se imponía un mínimo de cordura y que la policía se apartaba”; Germán Rodríguez, que se hallaba detrás de un coche, gritó que eran balas de fogueo y se levantó, recibiendo un tiro en la cabeza. Su amigo y compañero Patxi Lauzirika declaró más tarde: “Los jeeps recogieron a algunos policías y parecían irse. Nosotros, a distancia y por detrás, saltábamos contentos pensando que se iban ya. Pero de repente, desde el cruce de las calles de Paulino Caballero con Roncesvalles, empezaron a sonar disparos. Germán dio como un salto hacia atrás y allí cayó herido, con un tiro en la cabeza. Trasladado urgentemente en un coche hasta el hospital, pocas horas más tarde fallecía”. Lo que vimos nosotros en el mismo lugar de los hechos desmiente taxativamente su versión. Lo cierto es los manifestantes no iban dando saltos de contento, sino que se lanzaron con furia contra el convoy policial. En 2006 escribí en Diario de Navarra un artículo titulado Sanfermines de 1978 en el que decía: “Nunca he comprendido por qué a Germán Rodríguez se le ha negado el honor de haber muerto como un revolucionario” (Diario de Navarra, 28 de junio de 2006). Pues bien, el caracterizado miembro de la izquierda aberzale Sabino Cuadra, que en 2011 fue elegido diputado en el Congreso por la coalición Amaiur (Aralar, Eusko Alkartasuna y Alternatiba), cogió el guante y contestó pocos días después: “Germán es un muerto incómodo para el poder, porque es un símbolo de lo que ocurrió en el 78. De la agresión padecida, por un lado, pero también de la reacción popular: Germán murió peleando en la calle contra aquella policía que nos agredió. Y Joseba Barandiarán lo hizo en Donostia, en el contexto de la huelga general convocada en toda Euskal Herria en solidaridad con Iruñea y Nafarroa” (Diario de Noticias, 4 de julio de 2006). O sea, Germán murió mientras peleaba contra la policía. Así lo afirmó el ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, en la sesión celebrada en el Congreso de los Diputados, el 19 de julio de 1978: “¿Por qué se producen estos hechos lamentables? Afirmo que ha habido errores como el de la entrada en la Plaza de Toros, o escasez de efectivos policiales, o defectuosa información, también censurable ante el Cuartel de San Sebastián. Pero en ambos casos es innegable que tanto la herida mortal de Germán Rodríguez Sainz como la de José Ignacio Barandiarán Urcola se producen cuando en las calles se hostiga violentamente a las Fuerzas Públicas”. La noche del 8 al 9 de julio el gobernador Ignacio Llano no quiso que la pasara solo en mi domicilio (mi familia estaba fuera de Pamplona) por motivos de seguridad y sobre las 11 de la noche dos inspectores pasaron a recogerme en un coche camuflado de la policía para llevarme al Gobierno Civil. Tuve la oportunidad de conversar con el gobernador, que me contó cómo la policía le había dejado solo en el palco. Estaba indignado porque la decisión de entrar en la plaza la había tomado por su cuenta y riesgo el comandante de la Policía Armada, Fernando Ávila, sustituto en el cargo del pamplonés Joaquín Imaz, que el 26 de noviembre de 1977 había sido asesinado por ETA junto a la Plaza de Toros. Era compañero de Imaz y se ofreció voluntario para sustituirle en su cargo. Dos días después, Ignacio Zudaire, de la peña Anaitasuna, declaró que con motivo de los incidentes de la Plaza de Toros había tratado de conseguir una tregua de cinco minutos a fin de que las personas que se encontraban en la plaza pudieran abandonar el recinto. Y esto dijo de Ignacio Llano: “En esos momentos el gobernador civil, que estaba presenciando la corrida, transmitió una orden a la persona con la que yo hablaba, diciéndole que no cargase la policía. En ese momento dicha persona ordenó justamente lo contrario de lo que le había indicado el gobernador” (El País, 11 de julio de 1978). Si esta declaración es veraz, demuestra que la entrada en la plaza y los disparos indiscriminados contra los espectadores no respondieron a ninguna orden del Gobierno ni de su representante en Navarra. De modo que el exceso policial bien pudo deberse a una vendetta absolutamente inaceptable de quienes habían sido amigos y compañeros (caso de su sustituto en el cargo) o colaboradores de Joaquín Imaz. PAMPLONA, CONVERTIDA EN UN GRAN CAMPO DE BATALLA Durante la noche del día 8 de julio Pamplona se convirtió en un gran campo de batalla, donde grupos perfectamente organizados provocaron grandes destrozos por toda la ciudad, entre ellos el incendio de las dependencias del Palacio de Navarra que dan a la Plaza del Castillo. Al día siguiente, 9 de julio, tuvo lugar en el Ayuntamiento de Pamplona una reunión de partidos políticos y organizaciones sociales a la que asistieron, que recuerde, el senador José Gabriel Sarasa, y los diputados Ignacio Astráin y Pedro Pegenaute. Quise acudir a la reunión pero mis compañeros me persuadieron de que no lo hiciera, pues mi presencia habría sido muy mal recibida y hubiera peligrado mi integridad física. Al término de la reunión, mientras algunos de los asistentes -presos de gran excitación- llegaron casi a las manos en el zaguán del Ayuntamiento, los parlamentarios centristas abandonaron la Casa consistorial por la puerta de atrás y evitaron así nuevos incidentes. Ese mismo día Unión de Centro Democrático (UCD), que había obtenido seis de los nueve representantes de Navarra en las primeras elecciones democráticas, celebradas el 7 de junio del año anterior, expresó en un comunicado su condolencia por la muerte de Germán Rodríguez y “su repulsa” por la entrada en la Plaza de Toros de las fuerzas antidisturbios, con una actuación “inoportuna y desproporcionada” y exigiendo al Gobierno una “pronta y eficaz investigación que esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades”. Condenaba asimismo “los actos vandálicos protagonizados por grupos organizados al servicio de movimientos totalitarios y antidemocráticos que convirtieron el centro de Pamplona en escenario de una ola si precedente de caos y destrucción. Las barricadas, la destrucción de establecimientos y escaparates comerciales, el lanzamiento de cócteles Molotov, la quema de banderas nacionales, el incendio de vehículos y, por último, el asalto a la Diputación Foral y el incendio del Palacio de Navarra constituyen un atentado a los más elementales principios de la convivencia democrática”. La reprobación de la actuación de los antidisturbios fue unánime. Cabe destacar la de la Diputación Foral de Navarra, presidida por Amadeo Marco, que acordó “repudiar enérgicamente la forma en que actuaron las Fuerzas de Orden Público en la Plaza de Toros de Pamplona y denunciar que se exijan responsabilidades a quien proceda”. El Gobierno reaccionó cesando al comandante Ávila y al comisario jefe de Pamplona Miguel Rubio. Ignacio Llano presentó su dimisión -a pesar de que la actuación de la policía se hizo al margen de su autoridad- y fue sustituido el 21 de julio por Eduardo Ameijide. El cese de Llano significaba la asunción de responsabilidades políticas. Los sucesos del 8 de julio de 1978 fueron un mazazo para la UCD de Navarra que, sin embargo, en las elecciones generales de marzo de 1979 volvió a obtener tres diputados y tres senadores. Porque una cosa es rechazar la actuación policial y otra aceptar la violencia desarrollada por los grupos aberzales a los que pertenecía Germán Rodríguez. ES RIDÍCULO PRETENDER QUE TODO RESPONDIÓ A UN PLAN PREVIO Es ridículo pretender que todo respondió a un plan previamente trazado y autorizado por el Gobierno de la nación no se sabe muy bien para qué. Y es una desvergüenza presentar lo ocurrido en los Sanfermines de 1978 como una prueba de la opresión del Estado español frente a las legítimas aspiraciones del pueblo de Euskal Herria, cuya memoria hay que mantener en nuestros días por haber sido todo un “hito” en la lucha popular “por la amnistía, que no llegó con aquella ley parcial, limitada y ‘tramposa’ de 1977”, apreciación esta última falsa de toda falsedad. Como lo es también la tesis de una de las personas que formaron parte de la “comisión de expertos” que ha calificado lo sucedido como crimen de lesa humanidad y sostiene que los hechos fueron consecuencia “del contencioso Navarra-Euskadi queriendo deslegitimar ante la sociedad navarra unas reivindicaciones sociales y nacionales que latían en toda Euskal Herria”. Quien así se expresa es Nerea Pérez Ibarrola, autora de una “unidad didáctica” difundida por los colegios públicos e ikastolas para incluirla en la materia de historia. Se pretende, además, el enjuiciamiento de Rodolfo Martín Villa, ministro del Interior en aquel momento. Los promotores de la comisión saben que no tuvo conocimiento de los hechos hasta después de producidos. Por otra parte, el asunto llegó a la Justicia que zanjó el asunto, guste o no guste su decisión. Han transcurrido cuarenta años por lo que con arreglo a nuestro Derecho, si hubo hechos delictivos, están más que prescritos. De modo que la única manera de intentar sentar al exministro de Adolfo Suárez, el primer presidente del Gobierno de la democracia, en el banquillo de los acusados es acudir a la jueza argentina que abrió una querella contra altos cargos del franquismo por crímenes de lesa humanidad. Aun en el supuesto (radicalmente falso) de que el exministro hubiera dado la orden directa a los agentes policiales de tirar a matar y a voluntad en aquella aciaga tarde, no se dan los requisitos exigidos por la legislación internacional de Derechos Humanos para enjuiciar los delitos de contra la humanidad. Comparar lo sucedido en Pamplona con el exterminio de los judíos por los nazis, el asesinato de millones de personas por los bolcheviques en la Rusia de Lenin y Stalin, el genocidio de la Iglesia católica en la zona republicana durante la guerra civil o, en nuestros días, los crímenes del DAESH o los perpetrados en la guerra de Siria, sólo puede ser fruto de mentes fanáticas y calenturientas. La comisión surge a iniciativa de grupos que han apoyado la actuación del terrorismo de ETA, que nunca han condenado sus crímenes y que, en muchos casos, han coreado y homenajeado a los terroristas, lo que resulta sarcástico. Su pretensión es que su versión preconcebida de los sucesos de 1978 se incluya como un hito relevante de la “memoria histórica” de “Irunea” y “Euskal Herria” y se lleve a las escuelas para el adoctrinamiento totalitario de las nuevas generaciones. Si en los últimos cuarenta años ha habido en España crímenes que pudieran considerarse como de lesa humanidad estos han sido los de ETA, cuyos crímenes provocaron el éxodo forzoso de al menos doscientos mil vascos. Finalmente, desde el comienzo de la Transición los grupos aberzales llevaron a cabo en Navarra una campaña de agitación recurriendo a todos los medios para intimidar de palabra y de obra a quienes nos oponíamos a sus pretensiones políticas. Utilizar un acto lúdico, como la corrida de toros, para reclamar la “amnistía” (después de haber desaprovechado la total de octubre de 1977, a la que ahora acusan de haber sido una farsa), fue una actuación antidemocrática. El autor era senador por Navarra en 1978

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Los sucesos de los Sanfermines de 1978

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