Diario de Navarra

Que el mapa local navarro es excesivo, es un extremo que no voy a discutir. Tampoco discutiré que es difícil solucionar ese problema. Pero leído el anteproyecto para la reforma de la administración local de Navarra, no puedo sino hacer una serie de consideraciones respecto al mismo, con el ánimo de que mi experiencia en la materia pueda servir para corregir varios y serios defectos de los que el texto adolece. La carta europea de la autonomía local propugna la defensa y el desarrollo de la autonomía local que se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Este derecho se ejerce por asambleas o consejos integrados por miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y universal y que pueden disponer de órganos ejecutivos responsables ante ellos mismos. Sin embargo, la norma foral descentraliza los lugares de gestión y limita dicha autonomía. Dicha carta propugna que el ejercicio de las competencias públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o las necesidades de eficacia o economía. Las competencias encomendadas a las entidades locales, deben ser normalmente plenas y completas. No pueden ser puestas en tela de juicio ni limitadas por otra autoridad central o regional, más que dentro del ámbito de la Ley. Sin embargo, el texto redactado aleja de los ciudadanos, del municipio, el ejercicio de las competencias, de una forma difusa y oscura, y las centraliza en las comarcas, remarcando eso sí que respetando siempre las competencias municipales y complementando aquellas. La pregunta que podemos hacernos es: ¿Cómo va a respetar y complementar unas competencias básicas que son plenas? A mi juicio las competencias están ya perfectamente fijadas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Bases de Régimen Local, y el texto que se propone, podía ser contradictorio con las mismas. El artículo 10 de la normativa europea versa sobre el derecho de asociación de las Entidades locales, estipulando que Las entidades locales tienen el derecho, en el ejercicio de sus competencias, de cooperar y, en el ámbito de la Ley, asociarse con otras Entidades locales para la realización de tareas de interés común. Pues bien, no se me puede ocurrir actuación más contraria a esta norma que la de suprimir de forma obligatoria unas entidades locales creadas voluntariamente por municipios y concejos, y que además han demostrado su enorme utilidad en la gestión compartida encomendada, como son las mancomunidades. La nueva norma las hace desaparecer al ser sustituidas por las comarcas. No está clara la financiación, ni mucho menos los costes que va a producir el nuevo mapa local, ni quién los va a pagar, entre ellos los del personal no fijo que va a tener que ser despedido, entre ellos ese colectivo formado y necesario de secretarios e interventores interinos cuya experiencia se perderá para siempre si no obtienen una de las nuevas plazas, tras más de veinte años en algunos casos desarrollando el trabajo. Todo parece diferirse a futuro, a la Ley que creará cada comarca, que definirá estructura, financiación, costes y absorción de trabajadores. Lo que sí parece claro es que con el nuevo decreto del euskera, ningún navarro que no conozca la lengua tendrá las mismas posibilidades de acceso a los nuevos puestos que se creen. El ciudadano de un municipio rural no es un ciudadano de segunda. Tiene derecho a tomar las decisiones que le conciernen. A ser atendido desde la mayor proximidad en funciones necesarias como las de secretaría e intervención, en otras indispensables, como los servicios sociales, y en otras vitales, como el abastecimiento de agua y la gestión de residuos. Las nuevas normativas locales avanzan hacia ese camino, a facilitar la repoblación del entorno local como una forma de mantener la sostenibilidad demográfica. Si en algún momento el mundo rural tenía posibilidades de salir adelante, es ahora. Las técnicas y posibilidades de trabajo no presencial, de teletrabajo, han empezado a crear una tendencia minoritaria en este momento, pero que sin duda crecerá en el futuro, por el que muchos trabajadores con empleos cualificados puedan desempeñar su trabajo desde cualquier núcleo rural, ganando en calidad de vida. Cualquier norma que haga menos atractiva la vida en los pequeños municipios va en contra de esta tendencia, y supone un paso de gigante hacia la muerte civil de nuestras entidades locales menores. Juan Frommknecht Lizarraga es abogado y ex director general de Administración Local

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Centralización de las entidades locales

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