Diario de Navarra

Una de las reglas básicas, y son muy pocas, que dan la calificación de democrático a un Estado es el principio esencial de la separación de poderes entre el político, el legislativo y el judicial. Todo lo que conculque ese principio es deslizarse en pendientes antidemocráticas por quien o quienes dirijan sus actuaciones hacia la vulneración del denominado Estado de Derecho; y en mayor grado de responsabilidad si, quienes ostentando un poder representativo de uno de esos tres poderes, se pronuncia, manifiesta, o, sin eufemismos, se enfrenta a las resoluciones de los otros dos poderes institucionales. Decir que, con relación al caso de Alsasua, el Gobierno de Navarra pide al poder judicial “proporcionalidad” en las penas, ya en principio es una bobada, pues les guste o no les guste la proporcionalidad la van a tener, aunque conforme a las técnicas procesales y normas penales vigentes en este Estado democrático de derecho. De la bobada se llega a la irresponsabilidad, cuando el ejecutivo no tuvo arte ni parte en el juicio y no obstante lanza a la calle a las masas, pegando un órdago, desproporcionado a todas luces, sin haberse enterado si la partida de mus era a 4 o a 8 reyes, con señas o sin señas, o a 4 mus o 6 mus. Pero huele a fétido (en este caso vascófilo) cuando el mismo gobierno, en contra de toda proporcionalidad, se pasa a un criterio de “normalización”, o de “discriminación positiva” sobre el euskera si solo un 12,9% se declara vasco parlante, del que solo un 6,7% lo habla habitualmente en concretas zonas de Navarra, contra un 80% que no lo entiende, un 100% conoce y entiende el Español sin ningún problema y este idioma junto con otros internacionalmente reconocidos van a ser los únicos medios de comunicación habituales de relacionarse y abrirse al mundo. Con similar transparencia y lucidez de mensaje, decía nuestra presidenta de Gobierno que “cualquier persona con responsabilidades públicas debe…. sobre todo y fundamentalmente, responder a esos requerimientos” de los manifestantes. ¿Se lo pide a los responsables públicos de la Administración de Justicia? Si es así y así parece, indudablemente es una pretensión clara de injerencia antidemocrática de un poder político contra el judicial. Pero tranquila Sra. Barkos el poder judicial fijara su determinación no conforme a los “requerimientos populares” ni a los suyos, ni a los de su Gobierno, al estilo del oeste americano, o inicios de la Revolución Francesa; desconozco en qué grado y sentido pero lo hará conforme a los hechos acreditados que por los abogados de los acusados, los de la acusación, el Ministerio Fiscal y las pruebas e informes periciales se hayan puesto de manifiesto en el juicio, únicos que coadyuvan a que los jueces, con arreglo a las normas, administren justicia. ¿Es para invertir esas reglas democráticas y tener en la calle a los “indignados”, frente a las puertas de los tribunales, para lo que pretenden un Tribunal Supremo y un Estatuto o constitución vasca? Con esos antecedentes, es para temblar. En cualquier caso, siempre les queda la opción de reírse de las resoluciones judiciales, como reiteradamente lo hacen con la ikurriña los ayuntamientos de su cuerda, y con el dinero de los contribuyentes. En la manifestación del 16 de junio, señores del Gobierno Navarro, fueron Vds. detrás de la pancarta de las familias de los encausados convocantes: “Ez da justizia. No es justicia”; fue indiscutiblemente una manifestación contra la justicia institucional. Con el Gobierno Navarro adherido, el alcalde de Pamplona también, los partidos del Movimiento Nacional (de liberación vasco), los sindicatos del Movimiento Nacional (de liberación vasco) y “cientos de autobuses de al menos 89 localidades”, me vinieron al recuerdo aquellas “espontáneas” manifestaciones del Movimiento Nacional Sindicalista de la dictadura. Pregunté a varios corredores de la también concurrida maratón que coincidió ese día en la ciudad, por si se había dado algún tipo de alteración (lógica por lo hábitos de muchos de los que concurrieron a la de Alsasua) y me dijeron que no les constaba ninguna, pero que les sorprendió que al acabar esta última “Pamplona, incluido el casco viejo, se quedó vacía”; los autobuses por fortuna eran de ida y vuelta y nos les dio tiempo a los viajeros a pedir el 10% a los bares, en los que tampoco habían consumido. Doy fe Juan Pedro Arraiza Rodríguez-Monte es abogado

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Manifestación del Gobierno contra la institución judicial

El autor señala que, afortunadamente, el poder judicial fija sus determinaciones no conforme a los ‘requerimientos populares’ ni a los del Gobierno de Barkos

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