Diario de Navarra

Los representantes de nuestras Instituciones, Gobierno, Parlamento, Ayuntamiento de Pamplona se han coordinado para poner a disposición de los radicales todos los recursos públicos posibles y también los que no son posibles porque lo impide la ley. El objetivo de esta importante movilización institucional no puede ser más infame: visualizar a Pamplona y a Navarra apoyando a los agresores que apalearon y acosan a cuatro personas indefensas: dos miembros de la guardia civil y dos chicas de Alsasua pareja de los anteriores. Para ello Barkos, Asirón, Araiz y compañía no han deparado en rebasar todas las fronteras de la ética, de la ley y de la democracia con tal de anteponer el interés de los matones responsables de la brutal campaña de acoso, agresiones y posterior persecución por delante del interés de las personas víctimas de los delitos. En una primera etapa silenciaron a las víctimas, y ni tan siquiera les ofrecieron la ayuda y cooperación que la ley establece en favor de las mujeres víctimas de la agresión. Entre ellas tal y como señala la ley (art 63 y 65 de la Ley Foral contra la violencia a las mujeres) el Gobierno debió personarse como acusación popular tal y como lo ha hecho en otros casos de agresión cuando la víctima es mujer. En paralelo a esta espiral de vacío y silencio para las víctimas, el Gobierno de Barkos y Asirón, se volcaron de manera paulatina en numerosas muestras de apoyo a los agresores. Este despliegue incluyó, recibimiento en el Parlamento a los familiares de los detenidos, a los abogados de los agresores, exhibiciones públicas de la Presidenta Barkos junto a los familiares de los procesados o participación institucional en marchas de apoyo a los agresores. Esta estrategia se acompañaba con continuas declaraciones de la Presidenta, atacando el trabajo de los jueces, y tratando desdibujar la enorme indignación ante estos hechos bajo el pretexto de que se trataba de una campaña “contra un pueblo: Altsasu”. Esto último es especialmente grave porque con ello, la presidenta asume y rubrica la estrategia de lavado de imagen de los radicales. Una campaña consistente en que todo aquél que se indigne por el acoso y la agresión sea identificado como un enemigo del pueblo. Pero sobretodo es grave, porque al secundar esta estrategia, la presidenta contribuye a segregar a cuatro ciudadanos de Alsasua. ¿Acaso las dos chicas o los dos guardias no son “pueblo de Altsasu”? ¿no son ciudadanos con idénticos derechos a todos los demás vecinos de Alsasua? Y tras esto, sigue la escalada y los representantes del Gobierno de Barkos, del Ayuntamiento de Pamplona y del Parlamento de Navarra. Convocan una manifestación mediante un llamamiento masivo a radicales de todos los lugares de España. Facilitan autobuses y medios de difusión. El Ayuntamiento cierra la ciudad a la hora de la manifestación y habilita aparcamientos para los autocares. La mancomunidad también en manos de Bildu, pone a disposición de los manifestantes un servicio extraordinario de villavesas para que las personas que llegan a la ciudad, acudan al centro desde los aparcamientos dispuestos al efecto. Un grupo de la izquierda abertzale emprende una “acampada” en el centro de la ciudad. Una actividad, ésta última, prohibida para todos los ciudadanos excepto para estos “amigos del alcalde” que no van a ser desalojados como lo seríamos cualquiera de nosotros. Un grupo de radicales realizan pintadas sobre las villavesas públicas sin que la Mancomunidad titular del transporte, se atreva a denunciar públicamente los hechos. Y todo con la aprobación de nuestros gobernantes. Cualquier cosa en favor de los condenados sirve con o sin la ley. La finalidad es retratar a la ciudad de Pamplona como el lugar de acogida de una concentración multitudinaria en favor de las personas responsables de acosar, insultar, apalear y perseguir a cuatro vecinas y vecinos de su pueblo. ¿El motivo de la salvajada? Para unos: desempeñar su trabajo al servicio de la guardia civil y atreverse entrar a tomarse algo en un bar un día de descanso Para otras: ser mujer, vecina del Alsasua y “ejercer su derecho individual a estar con quien le dé la gana” en palabras de una de las chicas agredidas. A día de hoy, al menos una de estas chicas ha debido abandonar su pueblo ante el acoso, persecución hacia ella y su familia y la desprotección, el vacío y la humillación de sus representantes públicos en el Ayuntamiento de Alsasua y en el Gobierno de Navarra. Así son los hechos. ¿Cabe mayor infamia? ¿Cuál será la siguiente vulneración de los derechos humanos que nuestros actuales gobernantes hayan de apoyar para complacer a los radicales? Quienes dicen “defender a un pueblo” (Altsasu) van conseguir retratar a toda la ciudad de Pamplona y la capital de Navarra como el centro temático de la vergüenza y la indignidad. Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia es Parlamentario foral por UPN

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Pamplona, capital del odio

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