Diario de Navarra

Lo que mal empieza… Bien podríamos utilizar este dicho de la sabiduría popular para describir el camino que está siguiendo el proyecto de reforma de la Administración Local de Navarra, más conocido como reforma del Mapa Local, y su devenir. No sólo desde el punto de vista del procedimiento y la forma en que se está llevando a cabo sino, lo que es más preocupante, desde el punto de vista de los apoyos con los que salga adelante y, no menos inquietante si cabe, su aplicación. Y es que debemos tener en cuenta que el proyecto -anteproyecto todavía porque no ha sido remitido al Parlamento- tiene visos de ser inconstitucional. La reforma del mapa local llevaba varios meses metido en algún cajón del Gobierno cuatripartito. Todo estaba parado y sin un consenso claro cuando, de repente, casi al final de la legislatura, deciden retomarlo para presentarlo al Parlamento. Lo hacen porque los partidos que sustentan al gobierno suman una mayoría suficiente para aprobarlo, eso es así, pero en mi opinión insuficiente para una reforma de este calado que debería requerir de una mayoría mucho más amplia. No en vano, estamos hablando de una ley que afecta a todas las entidades locales, a toda Navarra y a todos sus ciudadanos. Hay veces que los números dan pero no bastan. Se trata de un proyecto legislativo que cambia nuestra Navarra, la forma de gestionar nuestros pueblos, y lo más importante, la forma en la que prestaremos los servicios a nuestros vecinos, que son, en definitiva, quienes con sus impuestos hacen que todo funcione. Los alcaldes y concejales de UPN no estamos de acuerdo con la reforma que se plantea, porque no es clara (sobre todo en el tema competencial), no garantiza la suficiencia financiera de los servicios ni la financiación de las nuevas entidades que se crean; así como la representación municipal en las entidades supramunicipales, que queda ninguneada. Sin olvidar que con esta reforma, los concejos y ayuntamientos de menos de 1.500 habitantes, en un corto espacio de tiempo, están abocados a su desaparición, ya que pierden todo el poder administrativo y de control, quedándose sin competencias. Pero lo más grave es que desde la ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), con su presidente al frente, a pesar de que este anteproyecto tiene visos de ser anticonstitucional porque no respeta la autonomía municipal, no ven necesario un informe jurídico que lo avale. Es decir, quieren votar con criterios meramente políticos a pesar de que pueda no ser legal. Lo que es una muestra más de que el cuatripartito está dispuesto a llevar a cabo sus objetivos por encima de todo, incluso por encima del cumplimiento de la ley y la Constitución. Es incomprensible que los vicepresidentes de la FNMC hayan pedido un informe jurídico y se les haya negado. ¿Por qué no pedir ese informe jurídico? ¿Quiere el presidente de la Federación que siga adelante una reforma que no pueda ponerse en marcha? La próxima asamblea de la Federación de Municipios y Concejos abordará la reforma. Espero que estas líneas sirvan para recapacitar, pedir un informe jurídico y garantizarnos que, por lo menos, no se incumplen las normas. Eso como requisito básico, al margen de valoraciones políticas. Luego ya hablaremos de si esta reforma es la mejor para nuestros vecinos o sencillamente no es la reforma que aplicaríamos. Pero lo que mal empieza no puede terminar bien. Raquel Garbayo Berdonces es vicepresidenta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

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Tarde, mal y ojalá que nunca

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