Diario de Navarra

Diversos partidos y asociaciones han convocado una manifestación contra la política lingüística llevada a cabo por el Gobierno de Navarra. Las últimas medidas adoptadas en el sentido de extender la exigencia del conocimiento del euskera para el acceso a determinados puestos y de establecer su consideración como mérito para otros en la zona no vascófona ha soliviantado, con toda razón, a numerosos ciudadanos y colectivos. En este contexto creo oportuno advertir que la situación actual que vivimos -y ahora denunciamos- no es casual, sino el resultado lógico de un inmenso error cometido hace ya cuarenta años. El error de no advertir que la política lingüística en sí misma es una amenaza formidable contra la igual libertad de todos los ciudadanos, principio fundamentador del Estado constitucional de Derecho. Durante cuatro décadas este tipo de política solo ha servido para coartar la libertad y establecer discriminaciones inaceptables entre los ciudadanos. Desde esta perspectiva, ninguna duda cabe de que la mejor política lingüística es la que no existe. Los poderes públicos no deben intervenir en este campo. La existencia de una lengua común, cuya mejor defensa es el uso espontáneo y continuo por sus hablantes, hace innecesario que el Estado dicte normas reguladoras de la materia. Esta enmienda a la totalidad a las políticas lingüísticas llevadas a cabo en España durante las últimas décadas no se basa en un ingenuo o cínico pensamiento antiestatal. Se fundamenta por un lado en una determinada comprensión de lo que las lenguas son y de su función; y por otro, en los valores constitucionales de igualdad y libertad. En el mundo actual, la libertad humana solo puede ser libertad organizada. De ello se deriva que sin la garantía del Estado no hay libertad posible. Solo un Estado fuerte puede proteger la igual libertad de todos. Desde esta óptica, el anarquismo político y el neoliberalimo económico en sus diversas variantes son los grandes enemigos de la libertad. Los poderes públicos deben intervenir en numerosos campos para evitar que los poderes privados destruyan la libertad. Los bancos, las grandes corporaciones, los fondos de inversión, etc. son un buen ejemplo. Ahora bien, existen otros muchos ámbitos en los que no existe justificación alguna para que el Estado intervenga, y el uso de las lenguas es uno de los más claros. En este campo, cualquier intervención, en lugar de garantizar la igual libertad de los ciudadanos, lo que hace es violentarla. Las políticas lingüísticas se han fundamentado en la necesidad de proteger las lenguas, ante el riesgo cierto de que algunas pudieran desaparecer. Esto supone considerar a las lenguas como sujetos de derecho, y atribuirles una suerte de derecho a la supervivencia. Para evitar ello se ha optado por establecer la obligación de que los ciudadanos las usen y conozcan. En eso consiste precisamente la normalización: en lograr que los ciudadanos hablen una lengua que hasta entonces no empleaban. Lógicamente, en un Estado de Derecho y en una sociedad libre, cada cual puede hablar en la lengua que quiera, desde el latín hasta el gallego pasando por el ruso. Pero ninguna justificación racional o ética existe para que los poderes públicos en su empeño por preservar lenguas o construir neolenguas discriminen a los ciudadanos en función del conocimiento de una lengua. Y eso es lo que ha ocurrido cada vez que se ha impuesto como requisito -o como mérito- para el acceso a un puesto el conocimiento de una lengua regional. El supuesto derecho de la lengua a sobrevivir se ha impuesto al derecho cierto de las personas a no aprender ni hablar -si no quieren- determinadas lenguas sin que ello deba producirles perjuicio alguno. Y se ha impuesto porque la lengua no se concibe en España como un instrumento de comunicación sino como un instrumento para la construcción de identidades colectivas (matriz del pensamiento totalitario). Así ha ocurrido en País Vasco y en Cataluña (gobernadas por fuerzas políticas nacionalistas); en Galicia (donde a pesar de gobernar casi siempre el Partido Popular, este se ha sumado con fervor a la formulación de políticas lingüísticas disparatadas), en Baleares y Valencia (gobernadas hoy por el Partido Socialista); y en Navarra. Oponerse hoy a la política lingüística implica rechazar la utilización de las lenguas como elementos de construcción de identidades colectivas (naciones míticas) y defender su consideración como instrumento o medio de comunicación al servicio de las personas. Supone también rechazar que puedan establecerse discriminaciones entre ciudadanos en función de la lengua que hablen. Discriminaciones que se introdujeron en nuestro ordenamiento hace cuarenta años y han ido progresivamente incrementándose. Manifestaciones como la convocada en Pamplona plantean la necesidad de poner fin y revertir esas políticas. Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV)

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Contra la política lingüística

El autor recuerda que la política lingüística en sí misma es una amenaza formidable contra la libertad de todos los ciudadanos, principio fundamentador de un Estado de Derecho

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