Diario de Navarra

El 09.05.2018 fui invitado al Parlamento de Navarra. Mi artículo publicado en el Diario de Navarra el 20.05.2018 -respondido por Del Burgo el 23.05.2018- desarrolla ideas expuestas en el Parlamento que quien quiera puede ver accediendo a su página web. En mi comparecencia cité de modo expreso a Del Burgo, cuando afirmaba en el debate de aprobación de la Ley del euskera (sesión de 04.11.1986, p. 21) que: “Navarra puede llegar a ser toda ella vascoparlante, si tal es la voluntad de su pueblo”. Es decir, si tal es la voluntad de su Parlamento que representa a su pueblo, porque las zonas no son vascoparlantes, los vascoparlantes son los navarros que hablan la lingua navarrorum en cualquier pueblo de Navarra. Del Burgo justifica la no incorporación a la LORAFNA de la oficialidad del euskera para toda Navarra -declarada por su Parlamento el 03.11.1980- porque no fue aprobada “por mayoría aplastante” (04.11.1986, p. 34), ya que votaron en contra UCD y UPN, que a la postre impulsaron la LORAFNA, que nunca fue sometida a referéndum. Coincido en la idea de que los grandes temas de una sociedad plural como la Navarra exigen consensos, y además en el Parlamento repetí una idea del lingüista Mitxelena, recordando que el euskera es demasiado débil, como para ser utilizado como arma arrojadiza en el debate político. Obviamente solo a quien interese combatir a la lingua navarrorum -por lo que en su imaginario pueda representar- estará interesado en utilizarla en el debate político, anudando oficialidad con imposición, lo que es falso, porque de forma indiscutible la jurisprudencia constitucional determina que “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos” (STC 82/1986). Por tanto, de iure la declaración de oficialidad no está limitada por su realidad (decir lo contrario es falso). Pero de facto es una obviedad que siempre la oficialidad de una lengua estará limitada por su realidad sociolingüística. Y ello también tiene reflejo en la enseñanza, porque si bien es cierto que la oficialidad puede sentar las bases para su conocimiento futuro a través de la educación general obligatoria, como sucede ahora en la zona vascófona de Navarra, la oficialidad también permite aplicar en la zona mixta y en la no vascófona un modelo de enseñanza como el ideado en la Comunidad Valenciana -con lengua oficial en toda la Comunidad- pero con una Ley 4/1983 de uso y enseñanza del valenciano, distinguiendo zonas valenciano-parlantes y castellano-parlantes, modelo e idea que estaba en la base del proyecto de ley del euskera de 1986, y que es la que en la actualidad figura tras la reforma de 2015 en la Ley 18/1986. Por lo tanto, en este modelo de enseñanza, con oficialidad o sin ella, tanto en la zona mixta como en la no vascófona de Navarra son los padres los que deciden el modelo educativo lingüístico de sus hijos. Recuérdese que la oficialidad en la enseñanza permite modelos distintos. Desde el modelo único de inmersión lingüística de Cataluña, a los tres modelos de enseñanza de Euskadi, pasando por el sistema valenciano de zonas, o el modelo navarro actualmente previsto en la Ley 18/1986. Por último, si para el 2 de junio hay convocada una manifestación “en protesta por la política lingüística del cuatripartito”, en palabras de Del Burgo, en mi comparecencia en el Parlamento -con invitación anterior a la convocatoria de manifestación- lo que puse en valor, no fue solo el proyecto de ley del euskera del gobierno socialista de 1986, sino también el Decreto 70/1994, aprobado por el gobierno de UPN que presidía Juan Cruz Alli. Y comenté que en cuatro puntos este Decreto de UPN, a mi juicio, era más favorable al euskera que el aprobado por el actual gobierno de 15.11.2017, porque: 1) Sus arts. 1.1 y 6 extendían el uso del vascuence también a las empresas de carácter público. 2) Su art. 8.1 en la zona vascófona permitía las actuaciones internas de carácter administrativo “indistintamente en cualquiera de las dos lenguas oficiales” (actas municipales por ejemplo). 3) Su art. 12.2 preveía que “las Administraciones Públicas de Navarra que presten sus servicios en la zona mixta tomarán las medidas oportunas para garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a relacionarse en vascuence con la Administración”. 4) Sus arts 21 y 23 preveían que la valoración como mérito “en relación con la puntuación máxima alcanzable no podrá en ningún caso ser inferior al 10% en la zona vascófona” o al “5% en la zona mixta”. En resumen, la política lingüística del actual gobierno, podría mejorar si se implementasen medidas ya impulsadas con anterioridad por PSN y UPN. Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga es catedrático de Derecho Administrativo

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Anudar oficialidad con imposición es falso

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