Diario de Navarra

No es frecuente reparar, cuando nos encontramos cómodos en nuestra vivienda y podemos realizar todas las funciones que le son propias (habitar) sin interferencias, con iluminación natural, etc. en que la vivienda cumple, y probablemente supere con amplitud, unas condiciones mínimas de habitabilidad. Estos días resulta frecuente oír referirse a la vivienda con motivo de acontecimientos muy diversos: reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las viviendas desocupadas, creación del Registro de Viviendas, elaboración de una nueva ley de vivienda que contemple el derecho subjetivo a la vivienda, posibilidad de inicio de una nueva burbuja inmobiliaria, etc. Todo ello se refiere a un aspecto fundamental, el que más afecta a los ciudadanos cuando se habla de la vivienda: su dificultad de acceso. De ese tema fundamental se ocupa el Departamento de Derechos Sociales a través del Servicio de Vivienda y también los medios de comunicación; pero es mucho más extraño que se hable o se discuta sobre otros aspectos de las viviendas que han sido eclipsados por la dificultad de su acceso y que no debieran ser ajenos al interés ciudadano. La Constitución Española se refiere al derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, poniendo en primer lugar el acceso a una vivienda, pero añadiendo que debe ser digna y adecuada. Que sea adecuada resulta una cuestión subjetiva derivada de las condiciones de los que la habitan, como las de familias numerosas, personas con alguna discapacidad u otras características especiales a las que la vivienda deberá estar adaptada. Pero sin menospreciar la importancia de los citados aspectos, me gustaría referirme al quizá más olvidado de todos ellos: el que nos dice que la vivienda tiene que ser una vivienda digna. No existe una definición legal de vivienda digna, ni se pretende definir con estas palabras, pero sí podemos hablar con más precisión de la infravivienda como aquella que no reúne los requisitos básicos mínimos legalmente exigibles. Los requisitos que se consideran básicos se podrían agrupar en: seguridad (estructural, frente a incendios o de utilización); accesibilidad (ausencia de barreras físicas o sensoriales); protección (frente al agua, el frío o el calor, el ruido, los rayos u otros agentes atmosféricos); funcionalidad (se deben poder realizar las funciones propias de su uso con comodidad); higiene y salud (iluminación, ventilación, ausencia de contaminación). Las diferentes administraciones regulan cada uno de estos aspectos -algunos se solapan- según sus propias competencias y así, de forma muy resumida, al Estado competen los requisitos relacionados con la seguridad de los ciudadanos y a la Administración Foral los vinculados a la funcionalidad, compartiendo algunos temas con la Administración Local. El Estado agrupó las cuestiones técnicas de su competencia en el Código Técnico de la Edificación (CTE), que es de obligado cumplimiento para la práctica totalidad de los edificios, especialmente los de viviendas, y que es generalmente desconocido excepto para los técnicos que deben aplicarlo en sus proyectos. El Gobierno de Navarra se ocupa de exigir que las viviendas cumplan ese CTE, y, fundamentalmente, que se superen unas condiciones mínimas de habitabilidad. La preocupación de la Administración por la habitabilidad de las viviendas no es reciente ni se deriva de la Constitución y se reguló en España -siendo el Estado competente hasta 1985- al menos desde principios del siglo XX: en 1910, 1923 y 1944. En Europa se generaron interesantes debates sobre la vivienda mínima, estableciéndose condiciones que permitieran construir viviendas asequibles, pero que contaran con condiciones suficientes de calidad, funcionalidad, soleamiento... es decir, de habitabilidad. En la Pamplona de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, la ciudad se encontraba constreñida por las murallas que el Ministerio de la Guerra no permitía derribar. El crecimiento de la población que vivía intramuros obligó a crear nuevas viviendas donde ya no cabían, incrementándose la altura de las edificaciones, reduciendo patios y, en definitiva, provocando el hacinamiento de la población. El Ayuntamiento y la Junta de Sanidad reiteraron peticiones al Ministerio para que se autorizara el derribo parcial de las murallas debido a la elevada mortandad que el doctor Agustín Lazcano, médico municipal, en 1909 atribuía a la falta de aire y a consecuencia de ello la inhabitabilidad de la mayor parte de las viviendas [...] agravando el mal lo viejo de las construcciones y la defectuosa distribución de las viviendas. Más del 80% son viviendas sin condiciones de habitabilidad. Por eso, a la hora de elegir una vivienda debe valorarse su calidad, que no se limita a la de sus materiales; deben conocerse sus prestaciones, acondicionamiento térmico y acústico, etc. y, especialmente, sus condiciones de habitabilidad que nos permitirán desarrollar nuestra vida de forma más saludable, con una adecuada iluminación y ventilación y en unos espacios que, por su forma y volumen, se adecuen, y por ello, siempre debe exigirse que la vivienda cuente con su cédula de habitabilidad en vigor. Martín García López es arquitecto y Jefe de la Sección de Edificación del Servicio de Vivienda

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