Diario de Navarra

El Parlamento de Navarra el 03.11.1980 aprobó la declaración de oficialidad del euskera en todo Navarra, junto con el castellano, determinando que tal declaración de oficialidad “se incorporará a las Bases de Reintegración Foral y Amejoramiento…”.La aprobación de la LORAFNA -en las Cortes- no respetó tal mandato del legislador navarro, porque proclamó la oficialidad del castellano, pero respecto al vascuence la determina como “lengua oficial en las zonas vascoparlantes”. Añade que “una ley foral determinará dichas zonas, regulará el uso oficial del vascuence y… ordenará la enseñanza de esta lengua”. Tal Ley Foral es la 18/1986 que divide Navarra en tres zonas: una “vascófona”, término distinto a “vascoparlante”; la “mixta”, que tiene el mayor número de “vascoparlantes”. Y la “no vascófona” también con personas “vascoparlantes”. En Navarra, el art. 3.3 de la Constitución impone a todos los poderes “especial respeto y protección” a la lingua navarrorum. Pero a ningún navarro se le impone su conocimiento, ni siquiera en la parte del territorio donde sea oficial. Anudar oficialidad con imposición en Navarra es una falsedad. A juicio del Tribunal Constitucional “es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos” (STC 82/1986). Por tanto, de iure la declaración de oficialidad no está limitada por su realidad (decir lo contrario es falso). Ahora bien, de facto es una obviedad que siempre la oficialidad de una lengua estará limitada por su realidad sociolingüística. El censo de población de Navarra (1996) determina que de sus 254 municipios cuatro no tienen vascoparlantes (Olejua, Piedramillera, Ucar, Petilla de Aragón). Por ello es una evidencia que hay vascoparlantes diseminados por toda Navarra. Entre los jóvenes el 25% conoce la lingua navarrorum. Jimeno Jurío acredita “la vasquidad lingüística de Navarra durante los siglos XVI y XVII”, certificando el progreso del castellano, “acelerado durante el siglo XVIII con medidas represivas del vascuence”. A principios del siglo XIX toda la población del entorno de Pamplona era “euskaldun”. Incluso, antes de estallar la segunda guerra carlista, señala Jimeno Jurío que “llegó a Pamplona Leandro Olivier para dirigir el archivo municipal y escribía que se hablaba en euskera constantemente en las calles del Carmen, Navarrería y Santo Domingo”. Durante el franquismo “vista la instancia de 500 universitarios de Navarra” la Diputación por Acuerdo de 25.01.1967 aprueba actuaciones “para la enseñanza y reconocimiento oficial del vascuence en los centros pedagógicos”, reconociendo “oficialmente como mérito el conocimiento del vascuence, cuando impliquen función en las zonas vascongadas de Navarra”. El proyecto de ley tramitado por el gobierno socialista en 1986 determinaba el uso oficial en su Título I. Su capítulo II regulaba “el uso oficial del euskera en las diversas zonas”, reconociendo el art. 16 en la zona mixta que “todos los ciudadanos tienen derecho a usar el euskera en sus relaciones con las Administraciones”, y el proyecto aceptaba en todas las zonas de Navarra al euskera como “oficial” en el sentido definido por el TC, “con plena validez y efectos jurídicos, independientemente de su realidad como fenómeno social”. Desde tal perspectiva, la Ley 18/1986 en la zona vascófona y en la mixta reconoce al euskera como oficial, porque se puede utilizar “con plena validez y efectos jurídicos, independientemente de su realidad como fenómeno social”. ¿Alguna Administración puede no dar validez a un texto presentado en sus registros en vascuence? Si se responde que debe darle, la oficialidad legal en las zonas vascófona y mixta es indiscutible. Si se quisiese que la lingua navarrorum fuese también oficial en la zona no vascófona sería suficiente con suprimir del art. 17 lo añadido en fase parlamentaria: “requerir a los interesados la traducción al castellano”. El precepto volvería a tener la redacción del proyecto. Y el capítulo III podría denominarse “del uso oficial en la zona mixta”, y el capítulo IV “del uso oficial en la zona no vascófona”. En este último escenario, si se parte de la realidad navarra, tales cambios tendrían valor simbólico, porque en el ámbito de la enseñanza nadie podría imponer la enseñanza del vascuence, como en la Comunidad Valenciana con su Ley 4/1983. Los servicios públicos estarían condicionados por la realidad sociolingüística. Y la oficialidad formal no cambiaría la materialidad del marco normativo. En resumen, el debate sobre la oficialidad del euskera en Navarra, corre el peligro de convertirse en estéril si se convierte en un debate nominalista, porque lo importante es determinar el grado de garantía de los derechos lingüísticos de los navarros sin que en ningún caso sean discriminados por la elección de lengua en sus relaciones con los poderes públicos. Nadie les puede proscribir por la elección del castellano e igualmente no puede proscribirse el uso de la lingua navarrorum a los que la elijan en sus relaciones con las administraciones públicas. Iñaki Agirreazkuenaga Zigorraga es catedrático de Derecho Administrativo

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¿Quién quiere la proscripción de la Lingua Navarrorum?

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