Diario de Navarra

Después de que Francia haya anunciado hace poco que el próximo año eliminará definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio, solo queda España como único país de la Unión Europea que lo mantiene. Somos muchos los que denunciamos la doble imposición inherente a este gravamen, ya que nuestro patrimonio está siendo sujeto previamente a gravámenes como el IVA, el IRPF, etc. Los contribuyentes no juzgamos al sistema tributario al que estamos sometidos, sino que valoramos los beneficios que nos revierten en función de los impuestos que pagamos. En países como Dinamarca, los ciudadanos pagan unos impuestos de más del 50%, recibiendo a cambio una educación de primer nivel, autopistas gratuitas, sanidad ejemplar, y una infinidad de servicios sociales que hacen que tengan una cierta sensación de satisfacción. Por el contrario en nuestro país, entendemos que no recibimos los mejores servicios públicos, y nuestros impuestos se utilizan para mantener un sistema político y administrativo desproporcionado, que no revierte en beneficio para la gente de la calle. El sistema tributario de cualquier país es el conjunto de tributos que son exigidos por el poder público, y que tienen como objetivo la financiación del gasto público necesario para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En España el actual sistema tributario se inició en 1845 y desde entonces ha sufrido infinidad de reformas eliminando las trabas para conseguir el crecimiento económico y tratando de adaptarlo a las necesidades de cada momento. Actualmente hay impuestos como el del Patrimonio, que no atienden los principios fundamentales de justicia y equidad. Por ejemplo, el dinero que recibe un contribuyente por su trabajo, es inicialmente sometido al Impuesto sobre la Renta (IRPF), al IVA por lo que consume y al impuesto de rentas de capital sobre lo que ahorra, para posteriormente año tras año y simplemente por mantenerlo, al Impuesto sobre el Patrimonio. Más flagrante aún es el caso del patrimonio empresarial, con el que ha habido muchas disputas acerca de la exención o no del mismo. En mi opinión se debe apoyar y no penalizar al contribuyente que decide invertir su dinero en una empresa, generando riqueza y consecuentemente empleo. Los impuestos no debieran penalizar el ahorro, ni mucho menos el trabajo y la inversión. Por otro lado está demostrado que éste, es un tributo que apenas recauda (su aportación apenas alcanza el 0,1% del PIB), pero que sí que tiene un efecto muy negativo a la hora de captar grandes fortunas, lo que a su vez redunda en un menor consumo, menor inversión y menor recaudación fiscal. España lo introdujo en 1977, en el marco de la Ley sobre Medidas Urgentes de Reforma Fiscal como una tasa “excepcional y transitoria”, pero la cruda realidad es que 40 años después este gravamen sigue en vigor, y en Navarra no somos ajenos al mismo. A lo largo de los años, el tributo empezó a ser descentralizado quedando sujeto al criterio regulatorio de las comunidades autónomas, llegando a estar bonificado al 100% en 2008, eso sí con la excepción de la Comunidad de Madrid que se negó a aplicarlo. Sin embargo, lo cierto es que es un impuesto injusto y para muchos anticonstitucional debido a su naturaleza confiscatoria, que penaliza el ahorro, fomenta la evasión de capital y el fraude. Para un país como España que adolece tantísimo de capital y que consecuentemente está muy endeudado, el mantenimiento de este tributo no representa más que un lastre para nuestra economía. Muchas veces tengo la sensación de que por el hecho de perseverar en mantener un sistema fiscal como el que tenemos y de un impuesto tan injusto como el del Patrimonio, nos quisieran convertir a todos en “cigarras”, aludiendo a la fábula de la cigarra y la hormiga.

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El conflictivo impuesto sobre el patrimonio

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