Diario de Navarra

Todo ataque a la libertad sexual de la mujer es radicalmente execrable y condenable. Verificar, en la realidad de los casos concretos, su existencia y sus responsables es algo que toda sociedad civilizada atribuye a los tribunales, encarnados por jueces y magistrados, que cumplen esa función con independencia (es decir, sometidos exclusivamente a la ley) e imparcialidad (sin interés o relación previa con las partes o el litigio). Así lo ha hecho estos días la Audiencia de Navarra, en el caso conocido como de “La Manada”. En esa labor, los jueces esclarecen los hechos realmente ocurridos con base en las pruebas practicadas en el acto de juicio, sin ningún prejuicio, y proceden a su calificación técnico-jurídica y a la aplicación de las penas previstas en la ley (voluntad del pueblo, representado en el Poder legislativo), ley que es función y deber del juez proteger y actuar. La independencia judicial no es una teoría formal ni una expresión aparente; y, menos aún, una especie de excusa ni escudo “corporativo”, de leguleyos o de una casta de sujetos privilegiados o exentos de responsabilidad. Es una garantía ineludible que tenemos todos los ciudadanos de un país y un ordenamiento que nos respeta, que respeta el Derecho, los derechos. Es la situación en la que se encuentra cada juzgador -él, en su soledad- en el momento de ejercer su función, de hacerlo únicamente con base en los hechos del caso y la Ley (tampoco en ideas que -circularmente- hagan presupuesto precisamente de lo que se discute y debe determinarse). Nadie puede decirle al Juez qué “debe” resolver, ni darle instrucciones, ni presionarle; ni siquiera los órganos gubernativos de la organización judicial y, menos aún, alguien con poder de presión o influencia; y obviamente tampoco el Poder ejecutivo... Esto último se terminó con el modelo napoleónico (con alguna reaparición totalitaria o dictatorial); lo anterior, ya desde el advenimiento del Estado moderno y la desaparición de la “justicia” típicamente medieval (o absolutista o autoritaria) de la horca, del patíbulo; y, tiempo antes, la del linchamiento popular. Así lo han puesto de manifiesto desde el propio abogado de la acusación particular, pasando por un escrito suscrito por numerosos abogados del Colegio de Pamplona y de otros, u organizaciones de fiscales, hasta los órganos de garantía de la independencia judicial. En cualquier caso, el ritual punitivo (ese del que se abjuraba hace dos días), la disuasión patibularia, que pretende calar en el imaginario colectivo buscando claramente el efecto de sometimiento, se dirigía al justiciable (posible futuro “delincuente”), pero nunca al juzgador (que no estuviera dispuesto a resolver prescindiendo de los hechos y pruebas reales del caso concreto y de la ley aplicable); aquí, a los juzgadores que ya lo han hecho y a los que todavía deben hacerlo, porque a nadie escapa que todavía se debe juzgar este caso en el propio TSJ de Navarra y en el Supremo (pues es otra garantía de nuestro sistema procesal la posibilidad de recurso). Son esenciales a una sociedad democrática la libre expresión y la crítica por el ciudadano, incluso de resoluciones judiciales. Pero ninguna duda existe de que nada tiene ello que ver con el señalamiento injurioso personal de los magistrados y su labor jurisdiccional, o peticiones de su inhabilitación (que es garantía también de todo Derecho, frente a la argucia y el poder, que solo pueda producirse por las causas previstas en la ley). Y más cuando todo esto pudiera hacerse sin haber conocido la prueba, ni las verdaderas alegaciones del proceso; e incluso sin haber leído la sentencia y su extensa y detallada motivación fáctica y jurídica, en sus dos partes. Puede sorprender menos que lo hagan quienes buscan cualquier excusa para el enfrentamiento social y la liquidación de nuestro sistema de libertades. Pero que lo hagan otros responsables públicos resulta más preocupante, fuera cual fuera el problema social al que se refiera, aun grave como éste. Los magistrados -los tres, los dos, uno- intuían posiblemente alguna reacción a esta concreta resolución (esta -digo- porque han dictado -los tres, el uno- decenas de condenas por agresión sexual), muestra añadida de la honestidad ahora en su difícil labor y de su sometimiento exclusivo a la ley; pero no, seguro, que hasta la ONU entrara también a obviar esas básicas garantías de todo Estado de Derecho y a dictarles a los tres cuál debe ser su sentencia, en todos los casos, sean cuales sean los hechos y la prueba, porque de lo contrario “subestiman la gravedad del delito”. A todos ellos sería bueno hacer ver con respeto que sin proceso con esas garantías no hay Justicia. Tampoco la habría para ellos, que quedarían expuestos a la sentencia provocada por presiones, ideas preconcebidas o atropellos de otros -del poder- externos al proceso y a la ley. Pablo Gutiérrez de Cabiedes es catedrático acreditado de Derecho Procesal y abogado MICAP

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¿Justicia de garantías o linchamiento… del tribunal?

El autor dice que es preocupante el ataque a la independencia judicial no sólo por quienes tratan de liquidar el sistema de libertades sino por parte de algunos responsables públicos

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