Diario de Navarra

El Colegio y la Asociación navarros de periodistas solicitamos el acceso de los profesionales al juicio para que pudieran ejercer su responsabilidad, a través de los medios de comunicación, de elaborar una información lo más rigurosa, explicada e impoluta de un caso con tanta trascendencia. En el caso judicial conocido como ‘La Manada’, se ha dejado de lado al periodismo y se ha facilitado así la más que previsible brecha abierta en la sociedad y entre ésta y la Administración de Justicia; brecha conformada, tras la sentencia, por acciones y declaraciones que han excedido la libertad de opinión, hacia quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia en conciencia, valorando e interpretando unas pruebas y ajustándose a las leyes y códigos aprobados por el Parlamento. El deber de algunos es transmitir a la sociedad estas resoluciones de manera eficaz y entendible y el de otros no poner trabas a esta labor. Esto es lo que nos preocupó en el Colegio Navarro de Periodistas y en la Asociación de Periodistas de Navarra desde el anuncio del juicio, que los medios de comunicación pudieran ofrecer un servicio efectivo a los ciudadanos. Este caso requería ser explicado de manera comprensible, trasladando a palabras sencillas la compleja terminología judicial, para que fuéramos capaces no de compartir -las resoluciones judiciales están expuestas a la crítica pública- pero sí de poder entender una sentencia que no era aventurado imaginar que resultaría polémica dada la complejidad del caso. Al final, la resolución ha generado un campo de batalla de desinformaciones y verdades a medias tras una sentencia que trata de cuestiones jurídicas tan complejas que no coloca de acuerdo ni a los juristas. Y es que han puesto trabas al periodismo ante la gran oportunidad de demostrar para qué servimos. Colegio y Asociación navarros de periodistas solicitamos el pasado 3 de noviembre al tribunal del caso que reconsiderara su decisión de celebrar la vista a puerta cerrada y contemplaran la opinión de la Fiscalía de “preservar únicamente la declaración de la víctima y la reproducción de los vídeos y fotogramas relativos a los hechos, permitiendo la presencia de los medios de comunicación para que ejerzan su labor de manera eficaz”, sin afectar en absoluto a las garantías procesales de las partes. Advertíamos al tribunal de la posible precariedad en la calidad de la información si los profesionales de los medios de comunicación recababan los datos de los abogados de las diferentes partes -con la dificultad de discernir acerca del interés de cada uno-, pudiendo de este modo malograr el derecho del ciudadano a recibir libremente información veraz, que solo es posible si el periodista toma las manzanas del árbol y no de las manos de los abogados; solo se consigue si se ‘cuenta lo que presencias’, no ‘contando lo que te cuentan’. Cuanto más amplia sea la visión y el conocimiento de un periodista acerca de un asunto, mejor será la información que traslade a la sociedad. Aquella instancia no llegó al presidente del tribunal por razones que no merece la pena señalar. La redirigimos al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que sí hizo llegar la petición al tribunal competente. No obtuvimos respuesta y el juicio se celebró a puerta cerrada. Teníamos claro que era necesario un esfuerzo periodístico extra para explicar al ciudadano la complejidad de los requerimientos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca el Auto de Procesamiento, de qué va eso de las pruebas judiciales, cómo se prueban los hechos y cómo se encarnan estos en los artículos tipificados del Código Penal. Solo así podría entenderse el trabajo de los jueces, marcado por la legislación y los códigos, y el sentido de sus resoluciones, aunque no se estuviera de acuerdo con sus interpretaciones y pudiera ser criticado socialmente. Sin duda, una clara ocasión de ejercer la responsabilidad que tenemos, a través de los medios de comunicación, de elaborar una información rigurosa, explicada e impoluta de un caso con tanta trascendencia. Era comprensible y esperado que las personas no habituadas a las reglas de juego de la administración de justicia pudieran no entender y no estar de acuerdo con la sentencia y, por ello, era necesaria una labor no solo de información sino de formación, de clara pedagogía. Una labor que debería de haber sido impulsada por las herramientas de Comunicación de que dispone el Consejo General del Poder Judicial -pese a que algunas instituciones de jueces y fiscales se hayan lamentado de que no existen-, sus gabinetes de comunicación, en el sentido de generar información y de que ésta llegue de manera eficaz al ciudadano, en lo que habría sido un ejercicio de compromiso con el periodismo. Miguel Ángel Barón Calvo es decano del Colegio Navarro de Periodistas/ Nafarroako Kazetarien Elkargoa

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Las trabas al periodismo y la brecha social en torno al caso de 'La Manada'

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