Diario de Navarra

E L pasado lunes 7 de mayo entró en vigor la nueva Ley Foral de Contratos Públicos de Navarra, a mi juicio una norma bien ordenada, articulada y, en general, con una claridad y sencillez de la que adolece la reciente ley estatal en la materia. Ha de hacerse de inicio, por lo tanto, una valoración positiva, sin perjuicio de que, como no puede ser de otra manera, va a exigir una nueva cultura y una adaptación de pliegos y procedimientos de contratación. El objeto de este nuevo texto legal es adaptar nuestro derecho a la nueva normativa europea. No obstante, no se limita a incorporar sin más los nuevos mandatos comunitarios, sino que da un paso más, regulando cuestiones nuevas o recogiendo acertadamente los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de la Junta Consultiva de Contratación Pública y del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Se incorpora así una parte de esta labor interpretativa que va a facilitar la comprensión de una materia cada vez más compleja y especializada. La ley contiene numerosísimas novedades. Entre las de mayor calado destaca el interés por la implantación de las denominadas “cláusulas horizontales” (mejoras laborales, igualdad de género, inserción socio-laboral, medioambientales, etc.) a lo largo de todas las fases de la contratación y ejecución contractual. De esta forma, entre otras, se exige que los criterios de adjudicación de carácter social contengan una ponderación de al menos un 10% de los puntos, se obliga el establecimiento en el pliego de al menos una condición de este tipo y se contempla la exclusión del licitador o la resolución del contrato por incumplimientos sociales, medioambientales, etc., tales como, por ejemplo, no respetar el convenio colectivo de aplicación. Así mismo, exige la subrogación de todos los trabajadores en los contratos de servicios (antes denominados de asistencia) y de concesión de servicios. En segundo lugar, son varios los artículos de los que se deduce el interés en favorecer a las pymes y facilitar su acceso a los contratos públicos, regulándose como regla general la división del contrato en lotes, o limitándose por ley el importe máximo de la solvencia financiera a una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados. Por otra parte, se pretende agilizar los procedimientos de licitación. Así, entre otras medidas, la documentación del sobre A queda limitada en todo caso a una declaración responsable; se reducen de manera significativa los plazos mínimos para presentar ofertas (en los procedimientos abiertos 30 días en contratos superiores al umbral comunitario y 15 días en los inferiores); o se crea la Plataforma de licitación electrónica de Navarra para la presentación obligatoria de ofertas, que pasará a ser obligatoria a partir del 18 de octubre de 2018, sin perjuicio de que pueda emplearse antes si la plataforma ya está operativa. También hay novedades en los procedimientos de licitación. Se crean algunos nuevos como la Asociación para la innovación, el procedimiento simplificado o el régimen especial para contratos de menor cuantía. El segundo de ellos permitirá a los poderes adjudicadores adjudicar sin publicidad contratos de obras menores a 200.000 euros y de servicios y suministro inferiores a 60.000, previa invitación de, al menos, 5 empresas. Por su parte, cabrán las adjudicaciones directas en los contratos de obras por importe que no exceda de 40.000 euros y 15.000 en el resto. Es voluntad de la ley dejar atrás la clásica distinción entre Administraciones Públicas y Poderes Adjudicadores que no lo son, unificando gran parte de su regulación, así como incrementar notablemente la transparencia a través de la publicación en el Portal de Contratación de prácticamente todo lo que le suceda a un contrato: adjudicaciones, desistimientos, modificaciones, prórrogas, resoluciones, etc., si bien se trata en gran medida de obligaciones cuya entrada en vigor se demora un año. Finalmente, no podemos dejar de destacar la controvertida disposición añadida a última hora (que ha roto el amplio consenso parlamentario de la ley) relativa a la elaboración de un plan para que los trabajadores de aquellos contratos que exijan un servicio de atención al público puedan formarse en euskera, con independencia del ámbito territorial en el que se preste el servicio. En definitiva, una nueva norma en materia de contratación pública está en marcha. Los comienzos después de un cambio no son sencillos, y exigirá a administraciones y contratistas una especial atención. En cualquier caso, reiteramos, su valoración en términos generales es positiva, agradeciéndose su sistemática y claridad expositiva. Juan Torres Zalba es abogado y director del Dpto. de Derecho Administrativo de ARPA Abogados y Consultores.

Diario de Navarra

La nueva Ley foral de Contratos Públicos

Comentarios

Fotos de la última jornada de Expofamily 2026

El Corellano-Cirbonero Veteranos, campeón del Trofeo de la Amistad de fútbol aficionado

Dos trasladados tras sufrir una salida de vía en Goizueta

Una villavesa atropella a una mujer de 46 años en Pamplona

Herido tras sufrir una salida de vía en Castejón