Diario de Navarra

Hace más de una semana que se hizo pública la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso de La Manada que ha generado un intenso y enriquecedor debate jurídico, una profunda indignación de una buena parte de la sociedad y una -siendo generoso- lamentable actuación del Ministro de Justicia y de muchas personas solicitando a través de una plataforma la inhabilitación de los Magistrados que la dictaron. Tras una sosegada lectura de la Sentencia y curiosa observación de los acontecimientos posteriores, creo oportuno enriquecer el debate jurídico y social con una serie de reflexiones, a propósito de la Sentencia y, sobre todo, de nuestro sistema judicial. La función de un Juez o Tribunal nunca es decidir si cree o no a la persona denunciante. Un Juez debe examinar -exclusivamente- si los hechos denunciados -y objeto de acusación- se sustentan o no en unas pruebas válidas. Creer -según el DRAE- significa dar por cierto aquello que no está probado. Hay quien cree en una vida después de la muerte; hay quien no cree. Pero en cualquier caso, no está probada la vida después de la muerte. Por eso decimos que creemos que hay una vida después de la muerte y no que sabemos que hay tal vida. Por eso en un juicio el problema no es creer o no creer un testimonio. Hay que decidir si hay pruebas que permiten tener por cierto y probado ese testimonio. Esa es la esencia del sistema judicial. Incluso los Tribunales de la Inquisición -escasamente respetuosos en muchos casos con los derecho humanos- también exigían una prueba de la herejía o brujería para enervar la presunción de inocencia, hasta tal punto que para obtenerla -la confesión era la preferida- se emplearan bárbaros métodos como la tortura. Que un hecho sea creíble no significa que sea cierto. Yo puedo afirmar que ayer tarde paseando por la calle san Nicolás alguien me sustrajo la cartera: es un hecho creíble. Pero es falso. Todo ciudadano es inocente hasta que se declara su culpabilidad en una sentencia tras un proceso penal celebrado con todas las garantías. Pero no basta la celebración del juicio para que el ciudadano sea declarado culpable, como algunos piensan o desean. No funciona como el juicio justo al que se refería Clint Eastwood en una de sus películas en las que tras detener al sospechoso dijo: “que tenga un juicio justo y al amanecer lo ahorcáis”. En el juicio debe practicarse una prueba válida de cargo y sólo cuando existe esa prueba se pueden considerar como probados unos hechos. Y si el hecho objeto de la acusación no es probado debe dictarse una sentencia absolutoria. Esta es la esencia de la presunción de inocencia y pilar básico de nuestro sistema judicial. Y la presunción de inocencia no afecta únicamente a los acusados de los delitos contra la libertad sexual. Esto es, no basta con que una persona denuncie que Ud. la ha insultado para que le condenen. Es necesario que quien le denuncia a Ud. presente una prueba (un testigo, una grabación, una carta, un tuit, un wasap, etc). Porque si esto no fuera así, todos los ciudadanos estaríamos expuestos a ser condenados con la mera denuncia sin prueba alguna. Y eso es incompatible e inasumible con cualquier Estado de Derecho. Esa es la labor que hacen los Jueces y Tribunales, a diario, en toda España. Analizar y decidir si las pruebas que presentan las acusaciones son o no suficientes para condenar a un acusado. Una denuncia, huérfana de cualquier otra prueba o corroboración objetiva, no puede jamás servir para condenar. Un Estado de Derecho tiene que asumir que hay delitos que se pueden quedar sin castigo por falta de pruebas. Más vale 100 culpables en la calle que un inocente en prisión. La Sentencia del caso de la Manada no es una sentencia machista. Es una sentencia garantista, sobre todo el voto particular. Si el agredido hubiera sido un varón o el delito objeto de acusación hubiera sido otro tal como unas amenazas, el resultado hubiera sido el mismo. Porque el tribunal, en conciencia, ha estimado -por mayoría- que no había pruebas de intimidación y -a través de un voto- que no había pruebas de la falta de consentimiento. Y esa es no la miseria, sino la grandeza del Estado de Derecho y de la presunción de inocencia que todos, sin excepción, pedimos para nosotros y la gente a la que apreciamos cuando se enfrentan a cualquier proceso penal. Eduardo Ruiz de Erenchun Arteche es abogado. Profesor asociado de Derecho penal de la Universidad de Navarra.

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No es machismo. Es garantismo

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