Diario de Navarra

Desde que Rousseau revolucionara la pedagogía, la educación occidental fue concentrándose paulatinamente en la expresión de los sentimientos. El ejercicio de la razón ha llegado a ser arrinconado a causa de su “frialdad” y “falta de empatía”. Esto nos ha acostumbrado a afrontar “sentimentalmente” los problemas. Ante una situación complicada (un desahucio, un crimen, una crisis política) nos entregamos a nuestras emociones, dejando que nos indiquen la salida. El derecho, en cambio, tiende a excluir las emociones. Es insensible, objetivo; examina las pruebas y los testimonios de las partes con la flema de un forense. A menudo la gente pregunta: “¿Cómo juzgaría el juez si la víctima fuese su hija?” Mal, probablemente. Al igual que si el acusado fuese su hijo. De hecho, en ambos casos tendría que inhibirse, precisamente para evitar que las emociones y los intereses personales condicionen su análisis. Que ese objetivo sea en último extremo una utopía no significa que no haya que apuntar en esa dirección. Existen distintas posibilidades para juzgar los crímenes. Una consistiría en dar siempre por buena la versión de la parte denunciante, sin necesidad de escuchar al acusado. Trae muchos problemas. Una alternativa sería dejar la decisión en manos de algún dios -en otras palabras: tirar la bruja atada al río y comprobar si flota-. Otra, en confiar el veredicto a las masas o sus oráculos -los medios de comunicación-, como, por ejemplo, cuando se lincha a alguien. La cuarta alternativa es engorrosa, lenta y cara. Estriba, básicamente, en que quien se considere víctima de algún delito denuncie, que se le tome declaración, que se investigue su denuncia y se identifique al responsable. Este es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Si procede, se le detiene. Se le toma también declaración, asistido siempre por un abogado de su confianza. Un funcionario independiente y altamente cualificado, llamado “juez”, que ha accedido por oposición, decide si hay indicios para acusarlo de algo, en base a un código penal previamente elaborado por un parlamento representativo. Hay otro funcionario independiente, el fiscal, que acusa, pero la víctima tiene también derecho a contratar otro profesional para ejercer la acusación directamente en su nombre. Dependiendo de varias circunstancias el caso puede archivarse o bien fijarse fecha para el juicio. En este caso, vuelve escucharse y a examinarse todo, la versión de la acusación y la de la defensa. El veredicto puede confiarse a un jurado popular o bien a uno o varios jueces, diferentes a quien instruyó inicialmente el caso. Dicho veredicto será, además, recurrible ante otros jueces, que revisarían si el proceso ha sido llevado a cabo de acuerdo a derecho. Al albur de una sentencia sobre un caso muy complejo, hay quienes están tratando de socavar esta forma de juzgar llamada Estado de derecho, sustituyéndola por otra basada en la fe (“yo te creo”) y la presión de las calles (“el veredicto social”). Naturalmente, el complejo procedimiento jurídico que he esbozado está sujeto a errores humanos y de procedimiento. Incluso sin que estos se produzcan, la correcta aplicación de las leyes puede dar lugar a veredictos nefastos. Me viene, por ejemplo, a la cabeza el caso de Rodrigo Lanza, el extremista de izquierdas acusado de matar a un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera española. Años antes había sido condenado por dejar “en estado vegetativo persistente” a un policía. Por aquel crimen, le cayeron cuatro años de prisión, que fueron elevados a cinco por el Supremo. ¿No es extraño que esa “justicia machista y heteropatriarcal”, “hecha a medida del poder”, condene tan levemente una agresión con resultados tan irreversibles, contra un varón, servidor público? ¿No será que la justicia es humana y que un buen abogado puede crear dudas razonables entre los jueces? Otro ejemplo: a finales de 2017, un ciudadano extranjero fue absuelto del delito de abusos sexuales, por los que se le pedían seis años, cometido en Pamplona en mayo de 2016. La sentencia que, por un lado, destacaba la credibilidad del testimonio de la víctima y las contradicciones del acusado, establecía sin embargo que “no ha quedado acreditado suficientemente que la mujer se hubiera desvanecido y que el acusado se aprovechara de ello para desnudarla y mantener la citada relación sin su conocimiento ni consentimiento, ni que la misma, al percatarse, de lo que ocurría, gritase varias veces al acusado”. ¿Recuerdan en respuesta a estos u otros fallos alguna manifestación, alguna protesta… algo? ¿Es legítimo preguntarse por qué? Por supuesto, no cuestiono ni la buena fe de la mayoría de quienes han salido a la calle en las últimas semanas, ni su derecho a hacerlo. Tampoco paso por alto a la -de acuerdo no a la fe, sino a la verdad jurídica- víctima. Pero se hace preciso destacar ante algunas críticas que el Estado de derecho constituye una de las grandes aportaciones de la civilización occidental a la humanidad y que si desaparece, Occidente, nuestro modelo de sociedad, podrá darse también por muerto. Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU/UPV y parlamentario foral de UPN

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