Diario de Navarra

La transparencia es un valor social en alza pero, además, en el actual modelo de sociedad abierta, competitiva y global -como la nuestra-, interconectada y digitalizada, debe estar reglada y en permanente adaptación legislativa en lo que afecte a la igualdad de oportunidades y a la libre competencia de las personas físicas y jurídicas garantizándonos el acceso fácil, simple y claro a la información y a los procedimientos; en lo relativo a nuestros datos personales, su protección y conocimiento sobre en dónde y el cómo están registrados puesto que, en manos de las big data y sus algoritmos, se convierten en un “recurso comercial” con posibilidad cierta de afectar a la privacidad y al anonimato; y en lo relacionado a nuestro rol como consumidores de productos y servicios, tanto respecto al origen, trazabilidad y composición de los productos de consumo como a los derechos que nos asisten como consumidores. En lo público la transparencia es absolutamente exigible (“paredes de cristal”). Lo público en su sentido más amplio (gobiernos, parlamentos, administraciones públicas y en todos quienes reciben o viven de los recursos públicos). Y en lo público, parafraseando a Machado, “se hace camino al andar”: deben ir adoptándose de manera continua medidas sencillas pero prácticas que limiten los espacios opacos susceptibles de arbitrariedad y/o impunidad puesto que los avances legislativos son, por definición, siempre lentos. Medidas como registros simples, públicamente accesibles, que incorporen día a día de manera obligatoria, individual y específica toda contratación o encomienda efectuada con recursos públicos, con indicación del importe, de quien la inicia y con quien se hace, del procedimiento de adjudicación y el motivo. Es una forma simple de superar el “efecto de velo oculto” que tienen las partidas presupuestarias en donde las contrataciones (estudios, publicidad, comunicación, inversiones, etcétera) quedan a menudo diluidas en conceptos genéricos y globales. Y lo mismo para las empresas públicas. Medidas de control y auditoría obligatorias a todo tipo de transferencias o de traslado de recursos públicos a particulares o entidades (sean rentas, ayudas o subvenciones). Los importantes aumentos en nuestros presupuestos generales en este tipo de partidas deben llevar aparejados herramientas anexas para juzgar los criterios utilizados para su concesión y eficiencia. Siempre conviene recordar que los recursos públicos no surgen de la nada sino del trabajo y el patrimonio de las personas (físicas y jurídicas) y que la solidaridad tiene límites de recursos por lo que su eficiencia es una obligación. La solidaridad, precisamente por serla, nunca es simétrica entre quienes más aportan y quienes más reciben, y nada la cuestionaría más que la sensación de falta de control (o de abuso). La defensa de la solidaridad exige controles que eviten o eliminen, llegado el caso, cualquier tipo de estructura parasitaria con los recursos públicos. La transparencia también sufre cuando la permisividad social permite la colonización partidista de instituciones de control y fiscalización que deben cumplir las tareas que tienen encomendadas de manera profesional, efectiva e independiente. Es preocupante que nuestra Cámara de Comptos, con una trayectoria de prestigio bien ganado por su rigor e independencia, sea cuestionada de “partidismo” tras la elección de su nueva presidenta; como lo es que siga pendiente, tras vencer su periodo ordinario, la renovación de nuestro Defensor del Pueblo. Ambos casos, con daño institucional evidente, son reflejo de la incapacidad de acordar en nuestro Parlamento Foral. Es preocupante que en una sociedad cada vez más abierta y transparente nuestros partidos estén cada vez más cerrados en sí mismos. A la transparencia tampoco la ayuda el hacer las cosas a destiempo: la actual comisión de investigación del Parlamento sobre CAN, en mi opinión, es un error. Como erróneo fue no hacerla en condiciones en su momento, dejando el campo abierto a “aguerridos fabuladores”. Con la prolija información publicada, el tiempo transcurrido -que todo lo descontextualiza-, estando el asunto en vía judicial y de los reguladores (BdE y CNMV), esta comisión de investigación tiene un riesgo cierto para que -sin aportar informaciones ni datos nuevos a los ya investigados- sea un escenario abierto para el desparpajo de los osados, de mezquinos ajustes de cuentas y de chascarrillos personales. Una última consideración sobre transparencia: el reciente caso Cifuentes ha cuestionado la “política como profesión” o, al menos, la necesaria visibilidad de los historiales laborales o profesionales de los políticos; y que en política la mentira o el incumplimiento debe conllevar la dimisión inmediata del cargo público (voluntaria u obligada). Anai Astiz Medrano es exconsejero socialista de Fomento del Gobierno de Navarra

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