Diario de Navarra

En mi vida profesional, ejerciendo de abogado en un caso penal, me ocurrió un caso singular en el que el abogado de la parte acusada pedía para su defendido más pena que la solicitada por el fiscal para el mismo. Se juzgaba a un alcalde radical, obsesivo y retorcido de HB (valgan las redundancias) por un delito de desobediencia judicial al negarse aquel al cumplimiento de una sentencia anterior que mi representado había ganado. El letrado del acusado, como era habitual en este mundo abertzale y más al tratarse de un alcalde, era un capitoste de la misma cuerda ideológica que su representado. En la fase escrita del proceso las partes (fiscal, defensor y acusador) presentamos las conclusiones, quedando pendientes del señalamiento del día para la vista oral. Se fijó para varios meses después y en este periodo el Código Penal se modificó de forma que al acusado le correspondería menos pena que la pedida con la anterior norma y que le sería de aplicación al imputado, al ser una legislación más favorable; pero el letrado del alcalde, ni se enteró de esa modificación. Llegado el día de la vista oral el juez inició la sesión, preguntando a las partes: ¿Elevan a definitivas las conclusiones de sus respectivos escritos? El fiscal obviamente rebajó su petición de pena, mientras que el letrado de HB contestó: “a definitivas”. El juez, no sé si porque en su vida profesional habría visto casos tan singulares o peores, o porque conocía la trayectoria profesional del letrado, suavemente se dirigió a este y le precisó: ¿Conoce sr. letrado que últimamente la ley ha cambiado y en su escrito pide como definitiva una pena superior a la que hoy legalmente le correspondería a su representado? Ante la perplejidad del acusado, de sus familiares, de los compañeros de corporación municipal y de toda la sala, el abogado cortado y sin saber qué pena solicitar, dije: “me adhiero a la petición del ministerio fiscal”. El veredicto sería evidente, por lo que el alcalde salió condenado y pese a ello el abogado de HB siguió de capitoste en esa coalición y continuó manteniendo su clientela militante, pese a que ni se había leído la norma aplicable. En el terreno político parlamentario se reproducen estos mismos vergonzosos dislates de partido. Por ejemplo, en la anterior legislatura, en el proceso inquisitorial seguido, por la entonces oposición, contra la presidenta Barcina y la consejera Goicoechea y que acabó parlamentariamente sin cauce para que, de lo investigado, la acusación pudiera interponer demanda administrativa, civil, o penal, uno de los portavoces del PSN, se dedicó a degradarlas, dejándolas tocadas social y políticamente ante el inmoral tópico de “cuando el río suena, agua lleva”. En la siguiente legislatura llegó el “cambio”, solo que con la singular lección para el PSN de que este partido siguió en la oposición y, no obstante aquel portavoz que de forma penosa no acreditó ninguno de los datos acusatorios que machaconamente cargaban contra ambas, fue premiado por el partido del sr. Sánchez y elevado a alto cargo ejecutivo en la actual organización federal. La corrupción tiene su cauce penal, pero la inmoralidad vigente en partidos políticos, dedicados más que a construir a hundir a personas con condenas permanentes y no revisables es vergonzosa y acaba premiando al que disciplinadamente aunque carente de preparación y de principios, cumple con ese cometido. El mismo caso vivimos en la vigente legislatura con la comisión de investigación parlamentaria sobre la CAN, que durará mientras se mantenga el “cambio”. Hace unos días el ex director general Enrique Goñi fue cosido a preguntas formuladas por el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, dotado de unos datos absolutamente erróneos. Ante lo llamativo de la falta de preparación y errores y sobre todo dada la atención que ello tuvo en los medios informativos, el Sr. Martínez en vez de reconocer que no había preparado debidamente la sesión, ni su documentación y admitir que para qué las necesitaba si las conclusiones, de todos los mantenedores de la comisión las tienen ya hechas desde el día que se abrió la misma, pidió perdón al Sr. Goñi a los dos días, pero, al modo de ETA, solo en cuanto a sus datos erróneos, pero no en cuanto al “conflicto” que lo va a mantener hasta el final. Seguirá de capitoste pese a lo inmoral de su proceder político, en el que al margen de legitimas ideologías hunden a personas profesional y políticamente de por vida. Lo mismo ha ocurrido con el “caso Egüés” en el que se defenestró al alcalde anterior, Sr. Andía y ex ediles de UPN, al amparo de supuestas corrupciones que recientemente han sido sobreseídas. Hundidos el Sr. Andía y los ex ediles, los del cuatripartito del cambio siguen gobernando sin petición de perdón y ofrecimiento de reparación alguno. Utilizan las personas como al volatín de Tudela. Juan Pedro Arraiza Rodríguez-Monte es abogado

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Procesos inquisitoriales inmorales en Navarra

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