Diario de Navarra

Suele denominarse en la jerga procesal “querellas catalanas” a aquellas actuaciones penales -ejercicio de la acción penal en forma de querella- que tiene como objeto querellarse contra jueces como mecanismo de defensa frente al ejercicio de actuaciones penales. Su origen incierto, parece obedecer a cierta disputa entre comerciantes genoveses y catalanes, de ahí su nombre, pero lo cierto es que cualquier abogado entiende por tales a las que se presentan contra jueces para contrarrestar u obstruir la acción de la justicia. Nada nuevo bajo el sol. Eso podría decirse del acuerdo de la Mesa del parlamento catalán (JpC+Esquerra), al ordenar la formulación de una querella contra el magistrado del Tribunal Supremo (TS), Sr Llarena, por prevaricación, por no permitir al parlamentario Jordi Sánchez, acudir a la sesión de investidura en el parlamento catalán. No es de extrañar, por tanto, que los letrados del Parlament hayan manifestado sus reservas para llevar a cabo tales actuaciones que escapan a su función profesional y que dañan de manera grave la imagen del Parlament, al poner las instituciones al servicio de causas partidistas. La cuestión jurídica que hoy interesa es si una institución pública como el Parlamento de Cataluña, que forma parte del Estado, pues recuérdese que el art. 137 de la Constitución Española (CE) dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y CC.AA, puede ejercitar una acción penal en forma de querella contra un órgano del Estado central, el TS, que instruye la causa por rebelión, malversación y otros delitos contra diversos cargos públicos catalanes. La respuesta en Derecho no puede ser positiva. En efecto, si una institución como el Parlamento tiene “notitia criminis”, de algún delito cometido en su seno debe ponerlo en manos del Ministerio público, que como parte procesal podrá ejercer una acción pública si considera que dicha noticia tiene relieve penal. Fuera de tal supuesto, el art. 270 de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) interpretado en clave constitucional, dispone que cualquier “ciudadano español”, (entendida tal expresión en sentido amplio, es decir comprensiva de “personas físicas” y “jurídico- privadas”, sociedades, asociaciones), hayan sido ofendidos o no por delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular. Alguien podrá preguntarse, si repara en la lectura del art. 125 de la CE, si de dicho precepto que dispone que “los ciudadanos podrán ejercer la acción popular” se contempla en virtud de alguna interpretación de los tribunales, en especial del Tribunal Constitucional (TC), abrir alguna posibilidad para que un “poder público” formule una acción penal en forma de querella. La respuesta como se comprenderá es negativa, en términos generales con la excepción que expondré. La doctrina general expresada en la sentencia del TC 129/2001, de 4 de junio (Gobierno vasco c. Audiencia provincial de Guipúzcoa), declaró que el término “ciudadano” no puede ser asimilado a la condición propia de la Administración pública y más en concreto de los “órganos de la comunidad política”. Ahora bien, las sentencias 311/2006, 8/2008 y 67/2011, matizaron lo anterior en el caso de delitos de violencia contra la mujer, permitiendo que tanto los Gobiernos autonómicos, -recogido luego en leyes autonómicas avaladas por el TC- como la Delegada especial del Gobierno central para la violencia sobre la mujer pudieran personarse en procesos de homicidio en supuestos, como digo, de violencia de género. Fuera de ellos, las personas jurídico-públicas, entendiendo por tales: ayuntamientos diputaciones, gobiernos central y autonómico y parlamentos, no son titulares ni pueden ejercer la acción penal en su veste de acción popular, menos para querellarse contra un magistrado del TS. Podríamos preguntarnos si el Parlament en cuanto representante del pueblo catalán (art. 55.1 del Estatut) puede subrogarse o sustituir a los parlamentarios fugados o encarcelados para en su nombre, ejercer la acción penal contra el magistrado Sr. Llarena. La respuesta también es negativa. Las instituciones públicas no pueden subrogarse en la defensa del status jurídico y político de cada parlamentario al gozar cada uno de ellos del derecho de defensa que debe ser ejercitado, individualizadamente, y con cargo a su peculio o si lo necesitan, que no es el caso, mediante la asistencia jurídica gratuita. La vida política en Cataluña y en otros muchos partes de España vive momentos de alta judicialización, lo cual no es positivo. A la política lo que es de la política y a la justicia lo que es de la justicia. El Parlament-institución debería esforzarse por normalizar la situación en Cataluña por vías políticas. Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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Querellas catalanas

El autor señala que la vida política vive momentos de alta judicialización, lo cual no es positivo por lo que el Parlament debería normalizar la situación en Cataluña

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