Diario de Navarra

En Navarra hasta diciembre del 2017, los partícipes de planes de pensiones tenían una reducción del 40% en el cobro de la prestación en forma de capital, cuando se percibía en un pago único. Se trataba con ello de paliar el efecto de la progresividad al acumular prestaciones en un solo año. De compensar el aumento del tipo marginal de la tarifa del IRPF que suponía sumar todos los derechos consolidados generados durante mucho tiempo a la base imponible general de un mismo año. Pues bien, le ha faltado tiempo al cuatripartito de Adolfo Araiz para eliminar la reducción elevando los tipos marginales hasta el 52%, perjudicando a los partícipes con menos derechos consolidados, que son los que optan por esta forma de prestación. Además el régimen transitorio aplicable obliga a rescatar el plan de pensiones antes del 31 de diciembre de 2020 a quienes estén incursos en una contingencia de liquidez, si quieren acogerse a esta reducción por lo aportado hasta 2017; jubilados por ejemplo, que siguen aportando o habían dejado el cobro de la prestación para más adelante. Lo mismo, quienes se jubilen a partir de ahora, disponen del ejercicio fiscal en curso y dos años más para percibir el plan en un pago único si quieren aprovechar esta reducción. En fin, un atentado a la planificación fiscal y financiera de los ciudadanos. Ahora bien, no todo está perdido ni mucho menos. Entenderá el lector que como la Disposición transitoria vigesimoquinta da tiempo hasta diciembre de 2020 para tomar decisiones, entremedio, en mayo de 2019 tenemos elecciones forales y este entuerto puede y debe ser arreglado por el próximo Parlamento Foral que salga de las urnas. Por tanto, el partícipe de un plan de pensiones no debe tomar decisiones precipitadas. Es un dato inapelable que mientras el País Vasco aprovecha la autonomía fiscal para diferenciarse en favor de los contribuyentes y acuden a Madrid a vender sus ventajas fiscales, el cuatripartito de Adolfo Araiz anda a lo suyo: A paralizar las infraestructuras vitales para el progreso de Navarra; a subir las rentas del trabajo a los trabajadores; a elevar la tarifa del ahorro a la clase media trabajadora y a los jubilados; a legislar contra los que pueden marcharse a Madrid a tributar; a hacer lo posible para que las pymes en Navarra tributen un 30% más que en Guipúzcoa… Y lo imposible para que ninguna de las más de 3.000 empresas que se fueron de Cataluña hayan venido a Navarra, pese a tener la mejor de las herramientas, el Convenio Económico. El diagnóstico del Sistema Público de Pensiones es demoledor: El 2017 cerró con un déficit de 18.800 millones de euros. Con un millón menos de cotizantes y un millón más de pensionistas. Son siete años consecutivos de números rojos. Incluso con más de 20 millones de cotizantes seguirá siendo deficitaria. La relación entre ambos, cotizantes y pensionistas, está ya en el 2,3%. Dentro de 4 años los pensionistas habrán perdido un 7% del poder adquisitivo por los mecanismos implementados de sostenibilidad del sistema (la subida del 0,25% en vez del IPC). En poco más de 10 años, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años. La esperanza de vida va en aumento… (pensemos también en hacer también sostenible el Sistema Público Sanitario). Ha aparecido el término “ageingnomic” o economía del envejecimiento, todo un reto. Ya saben eso de que: “Cuando soplan los vientos de tempestad, unos corren a refugiarse… y otros construyen molinos”. A partir de aquí cabe todo tipo de medidas siempre que se hagan con seriedad, contando con los medios económicos y humanos que disponemos: Para los partícipes que acumulan más derechos consolidados y quieren cobrar la prestación en forma de rentas, es necesario un cambio en el tratamiento fiscal de las mismas, de manera que dejen de ser consideradas rentas del trabajo y pasen a tributar a la base imponible del ahorro. O las mismas tengan algún tipo de exención fiscal progresiva. Difundir las ventajas de la previsión complementaria empresarial, segundo pilar del sistema, fomentando los planes de pensiones de empleo en nuestras empresas. Y legislar en favor de los planes de pensiones individuales, el tercer pilar. Trasladar los gastos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a los Presupuestos Generales del Estado. Un pacto de Estado para incrementar los salarios mínimos, dignificando a la persona en el salario y aumentando así las bases reguladoras. Una cotización más justa por los altos directivos de las grandes empresas. Otro impuesto a los bancos, lucha contra el fraude…Todo debe ser debatido sin demora pero con rigor. Y preocupémonos también por nuestros hijos. Porque si en estos momentos de crecimientos del PIB por encima del 3%, algunos se empeñan en no reducir la deuda, significa entonces que egoístamente se la quieren dejar a aquéllos. Y hagámoslo antes de que suban los tipos de interés… Pedro Muneta Irujo es licenciado en Derecho

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La reducción del 40% de los planes de pensiones

El autor señala que mientras el sistema público de pensiones presenta una situación desoladora el cuatripartito ahoga fiscalmente a los partícipes de planes de pensiones

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