Diario de Navarra

Sorprende el actual afán por regionalizar asuntos que afectan a los derechos generales, a la igualdad y a la solidaridad, en detrimento de una visión colectiva de España. Se comprende en las opciones independentistas o en quienes -tras aparentes modelos federales- plantean modelos confederales de ruptura de la soberanía nacional y de la unidad de España; y son incomprensibles la debilidad y el quietismo, al respecto, de partidos en los que su ADN incorpora un proyecto para toda España. A la incomprensión añádanle, en mi caso, perplejidad con esa forma de política, que representa el “icetismo”, de querer estar a la vez en un sitio y en el contrario o de llegar a plantear “como solución” lo que a su vez dice “que es imposible”. El PSOE tiene un problema muy serio con el PSC. Con esa dinámica disgregadora también comienza a plantearse la ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Sería un tremendo error que el sistema público de pensiones, columna básica de nuestro estado de bienestar y de estabilidad social y familiar -como hemos visto en la reciente crisis- se desgajara de la estructura política y económica del Estado. Si alguna lección debemos sacar de la actualidad es la reafirmación en que los impuestos y las cotizaciones sociales (la recaudación impositiva, base de toda redistribución solidaria) son de los ciudadanos en conjunto y nunca de los territorios. El desgraciado uso dado a las balanzas fiscales regionales llevadas al extremo demagógico del “España nos roba” o de manosearlas “al gusto” de cada comunidad para tratar de sacar ventajas económicas adicionales, debiera servirnos de vacuna. En España (y en la UE) el sistema público de pensiones es el mejor activo social y mayor conquista de una sociedad solidaria y avanzada. Darle continuidad, no generando incertidumbres sobre su sostenibilidad, es una de las principales funciones de la política (con mayúsculas). Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes. El objetivo del Pacto de Toledo era (y es), mediante la reforma continua del sistema y con el mayor grado de consenso económico y social, el de garantizar que tras trabajar -y cotizar- durante la vida laboral se llegará a cobrar una jubilación digna. Estamos ahora en un ciclo deficitario de la caja única de la Seguridad Social que supone un aumento del gasto para hacerle frente. Es debido a que comienzan a entrar en el sistema la denominada generación “baby boom” que incrementarán de manera importante el gasto hasta el 2045 (a partir del cual cae sustancialmente). Sorprende que algunos se hagan de nuevas respecto a los ciclos -de superávits o déficits- cuando van en función de las personas que entran en el sistema (con sus derechos adquiridos por sus cotizaciones) y del número de personas cotizantes en activo en cada momento (y sus cotizaciones en función de la calidad de su empleo). Como sorprende la extrañeza sobre el uso y la bajada del Fondo de Reserva (la famosa “hucha de las pensiones”) cuando el exceso de gasto con lo primero que se atiende siempre es con el patrimonio monetario previamente acumulado. El nuevo ciclo va a exigir aportaciones directas del Estado a la caja única de la Seguridad Social por transferencias corrientes -vía presupuestos- o mediante endeudamiento. Necesitamos por tanto nuevas respuestas de país porque dichas aportaciones a la Seguridad Social afectarán a nuestro modelo fiscal e impositivo general, al porcentaje de riqueza nacional (PIB) dedicado al sistema público de pensiones en un contexto económico diferente donde la digitalización y la robótica limitan la recaudación vía cotizaciones, donde la revalorización de las pensiones (trabajadores pasivos) y de los salarios deberán vincularse tanto al consumo (IPC) como al crecimiento general (PIB), buscando las fórmulas más convenientes para salvaguardar el empleo, la producción y las exportaciones y donde, pensando en nuestros jóvenes, habrá que crear y proponer nuevas bases de capitalización para las pensiones futuras. El escenario político actual es un riesgo evidente -y no pequeño- para nuestro sistema público de pensiones y su sostenibilidad: por la ausencia de proyectos generales (y compartidos) para España y por la devaluación en la vocación de servicio público de nuestros representantes políticos en aras del “partidismo”. Política de trinchera y de teatralización electoralista que les lleva a negar hasta las cosas más evidentes como que son positivas para 6,5 millones de nuestros pensionistas las medidas anunciadas de incremento entre el 1 y el 3 por ciento en su pensión. Es difícil de creer a nadie si se parte de negar las evidencias cuando, además, a nadie le impide exigir (o plantear) una propuesta de futuro para el sistema público de pensiones. Anai Astiz Medrano es ex consejero socialista de Fomento del Gobierno de Navarra

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Pensiones, caja única y sostenibilidad

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