Diario de Navarra

El episodio de la ejecución de la euroorden de detención de Puigdemont en el estado federado (land) de Schleswig-Holstein, expediente que sustituyó a la extradición entre Estados, con sus ineficaces comisiones rogatorias, acredita las insuficiencias en el espacio judicial europeo. Esta verificación empírica se ratifica si se pone a la luz de aquella máxima jurisprudencial de que los casos difíciles (aquí políticos) hacen mal Derecho y sobre todo que la judicialización de la política, a la que tan acostumbrados estamos en nuestro país, juega malas pasadas, como advirtiera el tratadista alemán Otto Bachoff, en su obra Jueces y Constitución. He leído el auto del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein (Sala de lo penal), con sede en Kiel, de 5 de abril de 2018 y apunto lo siguiente. En primer lugar se aprecia que es una resolución influida por la situación política y mediática en la jurisdicción territorial de dicho tribunal, pues no en vano se señala en el frontispicio de la misma, que enjuicia una euroorden dictada en el marco del “conflicto” en torno al status legal de Cataluña en relación con el Estado central”. Y lo hace de manera urgente en “atención a la considerable repercusión pública concitada por el procedimiento entre la población y a la “relevancia” de la persona del “reclamado”. Esta petición de principio del tribunal viene a confirmar la influencia de la opinión pública en las resoluciones judiciales “urbi et orbe”; en Madrid y en Kiel. En segundo lugar, la resolución va más allá del examen que exige la directiva europea sobre la euroorden. De tal suerte que para resolver negativamente la acusación de rebelión, el tribunal alemán recurre a la ficción de “una comparación” según el sentido de los hechos, pero no considerando comparables los tipos penales (rebelión en España y alta traición en Alemania), sino enjuiciando los hechos como si el autor (Puigdemont) fuese un ciudadano alemán y como si en el asunto estuvieran implicadas las autoridades alemanas. Y recurre para ello al ejemplo de imaginarse si tal actuación hubiese sido realizada por el presidente de un land alemán que convoca un referéndum ilegal sobre la independencia de Alemania, con un referéndum ilegal, siendo advertido de ello por la Policía de que el día de la votación se producirán enfrentamientos violentos. El auto del tribunal tras considerar en abstracto que la acusación a Puigdemont coincide comparativamente con el delito de “alta traición” en el Código penal alemán, penado allí con reclusión perpetua o una pena de diez años, lleva a cabo una operación de subsunción de los hechos, respondiendo que para aplicar dicho tipo penal (el de alta traición) debe acudirse a si existió o no “violencia”. Y aquí el tribunal alemán sentencia definitivamente el caso, trayendo a colación una única resolución del Tribunal Supremo alemán de 23 de noviembre de 1983, que resolvió un caso de un referéndum promovido por un ciudadano, A. Schubart, para celebrar un referéndum en el Land de Hessen sobre el proyecto de “ampliación del aeropuerto de Frankfurt”, con graves enfrentamientos en los que el TS alemán absolvió a dicho ciudadano, promotor del referéndum, tras haber sido condenado en las instancia a dos años de prisión. Más aun -dice-, que no existe ninguna ley alemana que penalice la participación de la rebelión en España (sic). El juicio que merece la resolución, es que se trata de una decisión inadecuada al Derecho europeo y ello sin entrar a valorar la no siempre suasoria argumentación jurídica, que expresa. Por tal razón, y a la vista, de la fundamentación utilizada para la acusación por corrupción (malversación), mucho nos tememos, que en una próxima decisión el tribunal del land pueda desestimar también la entrega a las autoridades españolas por el delito de malversación por el que Puigdemont ha sido también procesado y quede libre en Alemania. Con todo respeto al sistema judicial alemán, podríamos preguntarnos como en el caso célebre del molinero prusiano, ¿si aún quedan jueces en Berlín o en Kiel, que apliquen una euroorden en clave europea y no según el estado de la opinión pública en un land alemán? Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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¿Quedan jueces europeos en Kiel?

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