Diario de Navarra

Mañana jueves 12 de abril se lleva al Pleno del Parlamento la Ley de contratos públicos, un texto en el que se van a recoger la mayor parte de las cláusulas sociales propuestas por UGT y otras organizaciones sindicales a los distintos grupos parlamentarios. Fundamentalmente, se incluye la obligación de incorporar en los pliegos el cumplimiento de las condiciones laborales establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente aplicable al sector en el que se encuadre la actividad que se contrata. Esta medida, que consideramos imprescindible, evitará que, en los procesos de subcontratación de servicios, las empresas multiservicios puedan aplicar convenios de empresa cuya finalidad es esquivar los convenios sectoriales para abaratar la mano de obra y eliminar derechos laborales de los trabajadores. También se va a tener en cuenta, como venía defendiendo la UGT, que la contratación pública no puede considerarse una mera actividad económica en la que el precio sea el único elemento determinante, sino que debe incorporar valores que contribuyan a la mejora del bienestar colectivo, potenciando, entre otros objetivos, las políticas sociales y la calidad del empleo asociado, lo que exige que se valoren, en mayor medida, otras características en la prestación del servicio. Incluso se va a legitimar a las organizaciones sindicales para interponer la reclamación especial en materia de contratación pública, tal y como reclamábamos, cuando en el proceso de ejecución del contrato el empresario incumpla las obligaciones sociales o laborales respecto al personal que ejecute la prestación. Sin embargo, esta ley introduce una cláusula de marcado carácter nacionalista, como otras normas dictadas por este Gobierno, al incluir una disposición en la que se recoge que las empresas subcontratadas deberán elaborar un plan de formación de euskera para sus trabajadores y trabajadoras cuando el contrato exija atención al público. Hay quien dice que esta disposición no significa imposición alguna y quien manifiesta que le gustaría que el euskera fuese un elemento central en la contratación con la Administración. Tiempo al tiempo, que si el cuatripartito sigue caminando al ritmo que marcan los fundamentalistas de la lengua vasca, acabará siendo determinante. No sé cómo tendría que redactarse para que se considere obligatorio, pero yo leo que “las empresas subcontratadas, cuando el cumplimiento del contrato exija un servicio de atención al público, elaborarán un plan de euskera…”. Si esto no es una imposición, ya me dirán qué es. También se dice que no se va a excluir a nadie por no tener un plan de euskera. Sólo faltaría que por el hecho de no tener un plan de euskera en la empresa se le impida participar en los procedimientos de licitación o formalizar contratos con la Administración. No creemos que la Ley de contratos públicos sea la mejor herramienta para incentivar el euskera en los servicios de atención al público subcontratados por la Administración. Si se quiere pedir a las empresas una mayor implicación con el euskera deberá considerarse de manera voluntaria, identificando previamente qué son servicios con atención al público y respetando la zonificación lingüística de Navarra. En el resto de los aspectos, y por lo que se refiere a la defensa de los derechos de los trabajadores y de las condiciones de trabajo, para evitar que la Administración se convierta en un factor de precarización del empleo, esta nueva Ley supone un importante avance. Augusto Paredes Antón es secretario de Administración de la UGT de Navarra.

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Una buena ley, empañada por la obsesión nacionalista

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