Diario de Navarra

Algún día nos arrepentiremos de haber dejado en manos de los jueces el monopolio de la verdad, y también el de la ética. Tenemos a los magistrados decidiendo qué es cierto y qué no con unos instrumentos diseñados, sobre todo en el ámbito penal, con el objetivo de producir la sentencia más justa posible, y con dos elementos esenciales: que todo acusado es inocente mientras no se demuestre lo contrario, y que, en caso de duda, hay que interpretar los datos como favorables al reo. El principio de que es mejor un culpable en libertad a un inocente en prisión está firmemente asentado. Tenemos esa expresión, presunción de inocencia, tan sacralizada, que hemos olvidado que está pensada para no condenar inmediatamente a quien ha aparecido al lado de un cadáver y con un puñal en la mano. Sin embargo, tengo mis dudas de que ese mismo principio tenga que utilizarse en política. Mientras hay que proteger al máximo la libertad de una persona, no creo que haya que cuidar especialmente a quienes ocupan un cargo público. No digo que un político tenga que dimitir ante cualquier acusación, pero sí que el pedestal en el que se sostienen, que es el de la confianza pública, es mucho más inestable, y que a un servidor público pueden condenarle políticamente hechos o pruebas que en ningún caso llevarían a una sentencia por parte de un tribunal. Aquí está una parte del mal del que adolece nuestra vida pública. Si solo los jueces con sus condenas establecen qué está bien o qué está mal, todo lo que queda fuera del Código Penal (o de otras normas sancionadoras) está permitido. Lo estamos viendo estos días, pero el espectáculo viene de tiempo atrás. Cristina Cifuentes se defiende de las acusaciones de que obtuvo un título de máster sin siquiera haber ido a clase con el supremo argumento de que no ha hecho nada ilegal. De esta forma sigue la senda que se ha marcado en las últimas décadas en España, en las que los partidos han ido derivando a los tribunales los casos de corrupción. Nos han puesto en el brete de tener que admitir que los límites de la ética política los marcan las leyes y que las responsabilidades políticas son lo mismo que las responsabilidades penales. Los partidos andan estableciendo en sus códigos y normativas internas cuándo deben deshacerse de un sospechoso de corrupción a golpe de proceso judicial: que si debe irse cuando dicten auto de procesamiento, que se vaya si le imputan delitos concretos, que esos delitos estén relacionados con la corrupción, que no aparezca por aquí en el momento en que le abran juicio oral... La consecuencia es que tenemos a alcaldes, concejales o directores generales, por poner un ejemplo, dando tumbos de un juzgado a una audiencia, de un tribunal superior al Supremo, en busca de una absolución judicial que funcione como un perdón de los pecados. La otra parte del problema, por supuesto, está en nosotros. Primero, porque somos muy comprensivos con los nuestros y extremamos nuestra exigencia hacia los demás. Después, porque somos de cero o cien, y, aunque es difícil establecer una gradación de las responsabilidades políticas, deberíamos tener mecanismos de respuesta algo más matizados, que distingan entre los errores, la mera ineficacia o la corrupción. Pero me temo que no tenemos ningún interés en hacerlo.

Diario de Navarra

El monopolio de la verdad

Opinión de Fernando Hernández | El monopolio de la verdad

Comentarios

Zetak consigue en Bilbao hasta que amaine la tormenta

La fallecida en el accidente de Tudela trabajaba en restauración de Sendaviva

El partido del Pamplona, cuestión de familia

Récord del premio de microrrelato de San Fermín con 762 cuentos

El Pamplona se aferra a lo conocido