Diario de Navarra

Hace casi cuarenta años, en un contexto muy difícil, España fue capaz de articular un amplísimo consenso para convivir bajo la fórmula de una monarquía constitucional. Sus críticos han dicho que no se trató un verdadero acuerdo, porque el miedo a una contienda civil pesaba todavía demasiado en la opinión pública. Acaso fuera así. Pero como Hobbes explicó, el hecho de que el miedo esté presente en el ánimo de los firmantes, no invalida un pacto. De ser así, ningún tratado de paz sería legítimo. En cualquier caso, los resultados electorales, cuando el miedo a una guerra ya se había evaporado, confirmaron repetidamente el apoyo popular al marco constitucional. Nacionalistas radicales y partidarios de la dictadura del proletariado quedaron fuera. Pero, frente a lo que muchos habían temido, el Partido Comunista de España, liderado por Santiago Carrillo, se sumó al acuerdo, aceptando, por lo tanto, la monarquía, la rojigualda y renunciando a la república. Esta apuesta se mantuvo hasta 1982, cuando Carrillo fue desalojado por algunos de sus camaradas que desdeñaban la reconciliación entre españoles y preferían fantasear con la revolución. Por su parte, también la extrema derecha -hay que recordárselo hoy a los jóvenes- se opuso fieramente al nuevo régimen. Atacó todos los cambios que trajo consigo -desde el divorcio a la Ley de Amnistía y el ingreso en la OTAN-. Por fortuna, hasta fechas muy recientes, los contrarios al acuerdo constitucional convencieron a muy pocos votantes. Únicamente en el País Vasco y Navarra, Herri Batasuna sobrepasó la barrera del 10%. Sin embargo, el sistema democrático padecía, sin atreverse a reconocerlo, un grave cáncer. Entre los que, aparentemente, ayudaban a sostenerlo o, por lo menos, se amparaban en sus instituciones y se valían de sus recursos, algunos aspiraban en realidad a destruirlo desde dentro, utilizando para tal fin aquellos mismos recursos e instituciones. Estos eran fundamentalmente los nacionalismos “moderados” vasco y catalán. El PNV, un experimentado maestro en toda suerte de juegos a dos barajas, había propugnado la abstención en el referéndum constitucional y nunca reconoció la legitimidad de sus resultados en Euskadi. No obstante, se las arreglaría para medrar dentro del nuevo régimen, pactando prebendas con casi todos los gobiernos centrales y atrayendo, merced a ello, a buena parte del voto no nacionalista en el País Vasco. El caso de CIU, que sí dio su apoyo explícito a la Constitución, fue algo diferente, pero vino a resultar en lo mismo. A ambos grupos se les cedió -aun sin contar con el suficiente respaldo popular- sendos virreinatos, para que pudieran recompensar a sus redes clientelares y permanecieran así “comprados”. Se suponía que, de este modo, quedaría conjurado el riesgo de que se declarasen en rebeldía. Ningún lector ignora que, en realidad, los nacionalismos se valieron de tales señoríos para preparar su eventual enajenación de España. El apoyo popular al régimen constitucional se reveló, sin embargo, muy estable. Durante décadas, ni las crisis políticas, ni las económicas, consiguieron erosionarlo apreciablemente. Pero a partir de la Gran Depresión de 2007, la mezcla explosiva de empobrecimiento, austeridad presupuestaria y corrupción hizo que se multiplicara el número de descontentos. Algunos pensaron que era la ocasión propicia para reanudar la partida, tal y como había quedado en 1936; otros, para romper el país. Unos y otros se constituyeron en aliados naturales. En principio, en una situación de grave crisis como ésta, lo lógico en una democracia sería dialogar. Esforzarse por articular consensos más amplios a fin de integrar a todos aquellos que se han sentido ignorados por el sistema. Por desgracia, el talante de sus representantes políticos lo hacer imposible. Ni los líderes separatistas ni los revolucionarios dan muestras de aspirar a un marco común con quienes pensamos de manera diferente a la suya. He ahí por qué una república federal no arreglaría nada -vivimos, de hecho, en una, disfrazada de monarquía autonómica-. Lo que unos y otros rechazan no es una mera forma de gobierno, sino la misma existencia de la nación soberana -y con “nación” no me refiero aquí a una “unidad de destino en lo universal”, sino a un contrato social entre individuos que libremente han decidido tratarse como fraternos e iguales-. Los separatistas rechazan esta nación por razones obvias: aceptar dicho contrato les obligaría a renunciar a su cantinela de seculares víctimas del Imperio, lo que podríamos llamar “la primera ley de la etnodinámica”: “tus ancestros oprimieron a los míos; yo te lo voy a cobrar con intereses”. Los revolucionarios, por su parte, rechazan la idea de nación porque ésta implica abandonar el teorema de Lenin relativo a la imposible reconciliación entre explotadores y explotados. Si uno aspira a provocar un fuego purificador que dé paso a un reino de leche y miel, no puede reconocer una nación que pone los pies en la tierra y crea cauces legales para dirimir las normales diferencias de intereses. Pero, puesto que avenirse con quienes no quieren convivir no es factible, tampoco podemos dejar las cosas así. Habrá que idear fórmulas para recuperar a aquellos ciudadanos a los que los demagogos han seducido. Ya que no podemos ofrecerles riqueza instantánea ni alegrías presupuestarias, por lo menos, habrá que ofrecerles integridad. Iñaki Iriarte López es profesor de la EHU/UPV y parlamentario foral de UPN

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Crisis constitucional y diálogo

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