Diario de Navarra

Más de 2.1. billones de personas en el mundo (casi el 30% de la población mundial) tienen exceso de peso o son obesas. Y es que la obesidad se ha convertido en algo global, presente tanto en países ricos y pobres (60% de los obesos en el mundo viven en países en desarrollo). Un 39,3% de españoles sufren sobrepeso y el 21,6% obesidad. En total, más de la mitad de la población (60,9%) de entre 25 y 69 años. Y los niños no salen mejor parados: un 41,3% de los niños españoles entre 6 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad. Y un 38% de los niños de 10 y 11 años en Navarra. Esta epidemia de obesidad no solo tiene implicaciones en cuanto a la salud de la población sino que también tiene altísimos costes económicos. Sin embargo, hasta la fecha, la obesidad se ha tratado como un problema de salud, y no como un problema económico en el que están implicados no solo el sistema de salud sino otros sectores relevantes a la hora de afrontar este problema. Para comenzar, los estantes de los supermercados están llenos de productos procesados con azúcar, grasas saturadas y sal; siempre a la vista, en los lugares más estratégicos, para que los consumidores los compren. Pero además están en las máquinas vending, en todos los lugares, incluidas instituciones educativas y hospitales. Y en los bares y cafeterías. Y en los anuncios de todos los medios de comunicación. Y lo peor es que, una vez se consumen, son productos adictivos que perpetúan el mal hábito alimenticio. Y encima son baratos. La mecanización de este sector y el abaratamiento de su mano de obra, ha permitido que comer de modo no saludable sea baratísimo. Por tanto, consumir frutas y verduras frescas no es la opción fácil. Si se comparan 1000 calorías de productos procesados frente a las mismas calorías de productos saludables, la diferencia de precio es de más de 6 Euros, según un estudio reciente de la Universidad de Cambridge. La industria alimentaria ha invertido, además, en productos que dan la imagen de saludables (como los yogures bebibles para niños) pero que, sin embargo, están llenos de azúcar. Y por si fuera poco, la Unión Europea acaba de quitar las cuotas a la importación de la fructosa derivada del maíz, lo que facilitará la producción europea de alimentos edulcorados con este producto, que gracias a su textura líquida se emplea en la producción de múltiples alimentos en Estados Unidos y parece haber contribuido a la epidemia de obesidad en este país. El consumo regular y en grandes cantidades de estos productos no saludables está detrás de una parte importante de los nuevos casos de diabetes tipo 2. En España esto implica un coste de 19.908 millones de euros al año (alrededor del 2,5% del PIB), según un informe de la Fundación Mapfre de 2015. Y el exceso de peso no solo puede traer diabetes, sino también enfermedades cardiovasculares, osteoartritis y algunos tipos de cáncer. Ante estos datos… ¿qué se puede hacer? La solución va más allá de las típicas acciones educativas y de fomento del ejercicio físico, aunque probablemente deberían promoverse de modo más activo y/o mediante métodos más innovadores para alcanzar resultados más efectivos, especialmente en una sociedad de adultos y niños cada vez más sedentarios. Tampoco se puede dejar en manos de la industria alimentaria, que si optase por reducir los productos menos saludables y adictivos no obtendría ningún beneficio directo. Se necesita por tanto la intervención del Gobierno. Éste puede optar por regular la industria alimentaria y/o tasar los productos poco saludables, para reducir su oferta y consumo. En el Reino Unido la subida de los precios de las bebidas azucaradas será efectiva en Abril 2018. En España, el Ministerio de Sanidad acaba de presentar el Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas 2017-2020, con el objetivo de reducir en un 10% el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3500 productos de consumo habitual. Es un primer paso, pero no suficiente. Los expertos nutricionistas advierten que menos azúcares significan más edulcorantes y menos grasa saturada implica más aceite de girasol refinado. La reducción es además muy pequeña. En definitiva, no aborda el fondo del problema. Alternativamente, el Gobierno puede optar por incentivar la oferta de productos más saludables: subsidiando a aquellas instituciones que opten por poner máquinas “vending” con contenidos saludables, y/o subsidiando las frutas y verduras de modo que su precio final se reduzca notablemente. La evidencia indica que una reducción de precios de un 30% es mucho más efectiva que una campaña educativa y aumentaría el consumo de frutas y verduras en un 42%. Sin duda, merece la pena intentarlo. Ariadna García Prado es profesora de Desarrollo Económico y de Economía de la Salud de la Universidad Pública de Navarra

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La obesidad como problema económico

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