Diario de Navarra

Se aproxima el fin del mandato del actual CGPJ y seguramente lo que no empezó del todo bien tampoco lo termine. Hace casi cinco años con ocasión de la aprobación de la Ley Orgánica de Reforma del Consejo General del Poder Judicial, escribí que la reforma repristinaba un Consejo muy distinto del prometido por el Ministro de Justicia Ruiz Gallardón y la “vicetodo”, Saénz de Santamaria. La Ley 4/2013 (LORCGP), configuraba un órgano menos complejo que el anterior, más económico en su funcionamiento, simplificado en sus funciones gubernativas con el objetivo de estructurar un órgano menos constitucional y más administrativo en la órbita del Ministerio de Justicia y del Gobierno. Y ese ha sido el resultado. EL GGPJ ha dado menos “titulares” de prensa que otros Consejos, salvedad hecha de la figura de su presidente, muy alineado con el Ministerio de justicia, tal como contempló la Ley 4/2013. Habría que remontarse a los tiempos de la presidencia de Pascual Sala, para encontrar un presidente tan en sintonía gubernamental. Lo que permítaseme añadir, puede ser bueno para la gestión, aunque no siempre óptimo para la imagen de la independencia de la justicia. Recuérdese que el presidente del CGPJ, lo es también del Tribunal Supremo. Repasemos, siquiera brevemente, algunos aspectos de la gestión del Consejo. Desde el punto de vista interno, la nueva Comisión permanente más reducida y cuyos miembros gozan de las prerrogativas de la exclusividad económica frente al resto de vocales, ha logrado superar el umbral de las críticas tras su primera renovación que incluyó entre sus miembros a “vocales políticos”, sorteando el affaire Margarita Robles, con su pérdida de condición de Magistrado del TS, tras atravesar la magistrada, el rubicón de la judicatura y volver a los procelosos mundos de la política. La principal función de la Comisión permanente es el nombramiento de cargos judiciales. En este aspecto la Comisión no ha generado demasiado ruido. Cuando ha habido que pactar candidatos al TC, lo ha hecho, y cuando de nombrar magistrados del TS, con dificultades, también lo ha conseguido. Tuvo que lidiar con la dimisión de Fernando Pantaleón (Garrigues) para la Sala Primera, y también con algunos nombramientos de Ex Secretarios de Estado Justicia para la Sala Tercera, pero sin excesivos aspavientos. Hoy el “cursus honorum” de la carrera judicial debe pasar más allá del honroso curriculum de cada magistrado, por el tamiz de las “buenas relaciones” con el Ministerio, Moncloa, los partidos políticos y ¡claro está! con algunos miembros del Consejo. Todo dentro de un orden, aunque pueda incomodar al respetable. Desde el punto de vista de las Reformas procesales, es decir de la LOPJ, de la nueva casación objetiva en el orden de lo contencioso-administrativo, de la nueva “burocracia” de los antiguos secretarios judiciales (con buenos lobbies en el Ministerio), dominando o “perturbando” el proceso judicial, podría hablarse en términos no siempre positivos, el CGPJ se ha lineado con el Ministerio . Pero llevaría demasiado espacio y es excesivamente técnico. La conclusión es clara, las cosas no han mejorado como el anuncio de huelga general en la justicia aventura. Seguramente habrá cosas positivas, pero las tendrán que explicar. Falta el último test de la reforma, la renovación del Consejo. La Ley de 2013 se hizo pensando en la situación en la que el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso y mayoría cercana a los 2/3 el Senado. Es cierto, que se anunció como gran novedad que el nuevo Art 570 de la LORCG sorteaba las situaciones de bloqueo, al posibilitar que el nuevo Consejo pudiese a actuar con los vocales elegidos por una sola Cámara. Veremos si funciona con la actual situación política y si la fragmentada composición del Congreso, permite renovar el CGPJ en 2018. Se diga lo que se diga, el CGPJ, sigue mostrando una imagen politizada de la Justicia. Manuel Pulido Quecedo es doctor en Derecho Constitucional

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Balance del Consejo General del Poder Judicial

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