Diario de Navarra

El actual sistema público de pensiones se basa en una especie de “contrato social implícito” de los ciudadanos con el Estado, por el que los ciudadanos a lo largo de su vida laboral hacen al Estado depositario de sus cotizaciones en la confianza de que éste se lo retornará a futuro a través de las pensiones. Es tanta la confianza con el Estado -y sus gestores políticos- que no es un modelo de capitalización personal (una hucha personal intocable, para entendernos) lo que les ha permitido que hayan utilizado y gestionado dichas cotizaciones como han considerado conveniente al no estar las mismas afectas (intocables) para la pensión futura de su cotizante. Es tan así que las obligaciones actuales (pensiones) se pagan con otros recursos (en su mayor parte con las aportaciones de los cotizantes activos) porque los que ellos aportaron ya se han gastado. A nuestros representantes políticos, en los gobiernos y Parlamento, nadie les ha cuestionado la utilización de esos fondos para otras cosas distintas a las pensiones, hayan sido para bonificaciones, tarifas planas o para complementos a mínimos. En las masivas manifestaciones de este último mes, con movilizaciones sociales suscitadas al margen de los partidos (con algunos intentos de última hora de “ponerse al frente”), una pregunta subyace -entre otras reivindicaciones concretas- y es si el Estado y sus gestores políticos siguen siendo merecedores de esa confianza. La actual legislatura tan ineficiente en la gestión de los problemas sociales y con liderazgos tan erráticos en nada la favorece. Nunca he pensado que cualquier tiempo pasado fue mejor (o peor), sino distinto. La memoria “nos la suele jugar” porque además de los hechos siempre existen emociones subjetivas que condicionan nuestros recuerdos y en toda generación, siempre con esfuerzo, las personas y familias han buscado su “lugar bajo el sol”. Pero es un hecho cierto, respecto a las pensiones y la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que hace 23 años cuando mayor antagonismo político se daba en España con el bipartidismo pujante, se consiguió un consenso para sacar las pensiones y a los pensionistas de las batallas partidistas que se llamó Pacto de Toledo. Hoy -y lo digo con pesar- el mayor problema para las pensiones son nuestros partidos políticos en el Congreso de los Diputados y su absoluta incapacidad (y voluntad) de encontrar acuerdos. No les faltan datos ni propuestas; los hay múltiples, de todo tipo y de fuentes diversas: demográficos, estudios actuariales, modelos de recaudación y de revalorización. Sin embargo nuestros representantes se incapacitan en discusiones bizantinas (como las tenidas sobre la “hucha de las pensiones” u otras ficciones contables), con propuestas cortoplacistas sin otro recorrido que el titular del día y no dando solución a nada en concreto a base de juntarlo todo (pensiones, reforma constitucional y laboral, brechas salariales, etcétera). Parece irreal que haya un bloqueo político permanente de las reformas necesarias cuando la imparable transformación económica global que vivimos afecta y tensiona las bases en que se sustenta nuestro modelo de bienestar que con tanto esfuerzo colectivo y generacional hemos desarrollado, cuestionando el papel del Estado y lo público con la dicotomía “entre lo que debe financiarse y lo que en cada momento puede financiarse” y con afección directa en la mayor o menor protección de nuestros ciudadanos (en especial de los pensionistas sin posibilidad de readaptarse al haber concluido su vida laboral). Señalan las reformas pero no avanzan un ápice, limitándose a adjudicarse los unos el “sentido común” y los otros una “supuesta superioridad de valores”. Sentido común y valores que siempre han ido de la mano cuando se ha construido desde la diferencia. Dos referencias a la revalorización de las pensiones: la carta de nuestra ministra de Trabajo sobre la revalorización de 2018 hace bueno el dicho de “que la política es la actividad en que sus protagonistas hacen y dicen más cosas contra ellos mismos”; y en nuestro modelo económico todo factor de revalorización debiera tener en cuenta el consumo (IPC), la productividad y el crecimiento económico (PIB). Que Felipe González, referente social del reformismo, la socialdemocracia y del europeísmo haya dicho que ahora no se siente representado por ninguno de los actuales proyectos para España debiera preocupar, pero aún más la creciente desconfianza social que reflejan las encuestas del CIS hacia los “partidos y políticos”; y puesto que han sacado el tema de sus sueldos -que poco tienen que ver con una pensión media (y aún menos con la mediana de las pensiones)- con “gestos solidarios” que nadie les ha pedido, dignifíquenlos siendo útiles para sus representados. Anai Astiz Medrano es ex consejero socialista de Fomento del Gobierno de Navarra

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