Diario de Navarra

El próximo 25 de mayo entrará en vigor el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-4-2016, relativo a la protección de personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE). No es ni una sorpresa ni una novedad, pudimos saberlo tras su publicación en el Diario Oficial de la UE, el 4 de mayo de 2016, siendo conocido el efecto directo de los Reglamentos UE en los Estados miembros, sin necesidad de norma de transposición. Lo anterior ha de ser relacionado con la aprobación por el Gobierno estatal del Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter personal, que derogará y sustituirá a la actual LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de abril), que tuvo lugar el 10 de noviembre pasado. Actualmente se encuentra en fase de enmiendas. De tal forma, no parece previsible que la nueva Ley Orgánica estatal esté aprobada y publicada para el 25 de mayo. Con ello, el escenario práctico que se nos plantea a corto plazo puede ser calificado como poco seguro, por cuanto tendremos que asumir y resolver las indefiniciones que pueda tener el Reglamento UE e, incluso, resolver posibles colisiones entre éste y la normativa estatal vigente. Con todo lo anterior, de lo que no hay duda es que el próximo 25 de mayo serán exigibles a todos los europeos nuevas directrices en una materia tan sensible como la protección de datos de carácter personal. Por ello, creo oportuno llamar la atención sobre esta nueva normativa que todos habremos de tener presente y, si bien la extensión de este comentario no permite un análisis detallado, procedo a enumerar algunas de las novedades que me parecen más interesantes. La primera cuestión que interesa destacar es que la innovación legislativa pretende afrontar la nueva realidad que vivimos, que ya hace tiempo superó las premisas sobre las que se redactó la anterior normativa (Directiva 95/46/CE). Esta nueva realidad es consecuencia, entre otros factores, de la evolución tecnológica y la globalización en el tratamiento de datos. En segundo lugar, las personas físicas o afectados serán titulares de nuevos derechos, antes no regulados. Por ejemplo, el derecho al olvido o derecho de supresión, que nos permitirá exigir a los tratadores que hagan desaparecer nuestros datos personales, de forma inmediata, en determinados supuestos; el derecho a la portabilidad de nuestros datos personales, que nos facultará a exigir que se nos entregue, en formato estructurado, aquellos datos que hayamos facilitado al tratador; o el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos (incluida la elaboración de perfiles). En sentido correlativo, las entidades públicas y privadas, tratadoras de la información, han de ser conocedoras de su obligación de adecuarse para hacer efectivos dichos derechos. En el mismo sentido, otros derechos ya regulados y conocidos, como el derecho de información del interesado, son objeto de un vuelco importante, con una regulación mucho más exhaustiva, que exigirá nuevas acciones tendentes a su satisfacción. En tercer lugar, habrá de revisarse de forma metódica el protocolo establecido en cada entidad tratadora para el cumplimiento de la normativa vigente, puesto que alguno de los pilares básicos en la anterior regulación es objeto de modificación sustancial. Por ejemplo, la obtención de consentimiento al tratamiento de los datos que, ahora, habrá de ser expreso, no siendo ya suficiente el consentimiento tácito, que anteriormente era aceptado cuando los datos personales no merecían una alta protección. En similar sentido, el contenido mínimo y obligatorio que deberán de tener los contratos de acceso a los datos, a suscribir entre el responsable y el encargado del tratamiento, se incrementa sustancialmente, obligando a todos los tratadores de datos a la suscripción de nuevos contratos. En cuarto lugar, se crean nuevas figuras y conceptos a los que habremos de acostumbrarnos. Así, el delegado de protección de datos nace como figura independiente al responsable y al encargado del tratamiento, con funciones propias; la evaluación de impacto relativa a la protección de datos será un trámite a satisfacer con carácter previo a ciertos tratamientos que impliquen “alto riesgo”. Finalmente, en cuanto al régimen sancionador, el artículo 83 del Reglamento UE establece un régimen que, sin duda, puede ser calificado de enormemente gravoso y disuasorio. En los apartados 4 y 5 se regulan multas administrativas de hasta 20.000.000 € ó cuantías equivalentes hasta el 4% del volumen de negocio total anual del ejercicio anterior de la empresa. En conclusión, habremos de estar muy pendientes a la aprobación de la norma estatal pero, mientras tanto, es recomendable satisfacer los parámetros regulados por Europa. Marta Segura Belío es abogada de IORE Abogados

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La nueva normativa de protección de datos personales

La autora analiza el nuevo reglamento europeo de protección de datos personales que entra en vigor el 25 de mayo, en espera de la ley estatal

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