Diario de Navarra

El Constitucional avala que Navarra pueda expropiar pisos que lleven vacíos dos años”. Este fue el llamativo titular de la noticia con la que nos despertamos hace unos días y que ha llevado al ejecutivo foral a dar nuevos pasos con el objetivo de reducir el número de viviendas deshabitadas existente en la Comunidad Foral. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de febrero de 2018, en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley Foral 24/2013 de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, es un precedente importante y merece su análisis en detalle. No obstante, tendremos que esperar para ver si sus consecuencias son tan ambiciosas como se pretende. A raíz de la crisis económica sufrida en los últimos años, fueron varias las comunidades autónomas que impulsaron la aprobación de leyes catalogadas de “sociales”, con el objetivo de cumplir con la función social que se predica del derecho de propiedad y mejorar el acceso a la vivienda de determinadas personas y familias en situación de necesidad. Inicialmente lo hicieron Andalucía, Navarra, País Vasco, Canarias, Valencia y Cataluña. Después Aragón y Extremadura iniciaron procesos para aprobar sus propias medidas y Castilla La Mancha, La Rioja y Baleares, entre otras, lo han hecho más recientemente o están en proceso para ello. Sin embargo, muchas de estas normas fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional y su aplicación quedó suspendida hasta que estos recursos fueran resueltos. En mayo de 2015 el Tribunal Constitucional anuló la norma andaluza, pero no lo hizo por razones de fondo sino de forma, porque la medida se aprobó mediante decreto y se resolvió que debía haberse hecho mediante ley. En el caso de Navarra este defecto de forma no sucede. Con su sentencia de febrero, el Tribunal Constitucional es la primera vez que avala al menos en parte la aprobación de este tipo de medidas para las viviendas vacías. De ahí, como decimos, su interés. Entonces, ¿qué establece la norma navarra y por qué el Tribunal Constitucional ha decidido refrendarla prácticamente en su integridad? La ley foral tiene por finalidad básicamente: 1.- establecer qué se entiende por viviendas deshabitadas. 2.- fijar el procedimiento para declarar esta situación. 3.- definir actuaciones para evitar la desocupación. 4 .- en última instancia, fijar un régimen sancionador para el caso de incumplimiento, pudiendo llegar a la expropiación de la propiedad de la vivienda o de su uso, según el caso. Es precisamente este último aspecto el más delicado, ya que la expropiación es una medida que, además de ser lesiva para el derecho de propiedad, exigirá el empleo de importantes recursos públicos para hacer frente al pago del justiprecio que percibirá el titular expropiado y que consistirá en el valor real de la pérdida patrimonial sufrida. En concreto, la ley contempla la posibilidad de aplicar sanciones de entre 30.001 y 300.000 euros a las personas jurídicas (no así a las personas físicas) que tengan una vivienda deshabitada durante dos años. Y, además, en el caso de que esta situación se prorrogue más allá de dos años cabrá proceder incluso a la expropiación del inmueble o en su lugar a la imposición de multas coercitivas mensuales de entre 600 y 6.000 euros y a la expropiación del uso de la vivienda. Como se ha señalado, debe precisarse que este régimen sancionador no es de aplicación a las personas físicas, para las que sin embargo, sí se establece desde 2013 en la Ley de Haciendas Locales que las viviendas deshabitadas pagarán un impuesto adicional. Por otro lado, ni este impuesto ni tampoco el régimen sancionador al que nos hemos referido son de aplicación a las viviendas de uso turístico, las segundas residencias o las destinadas a arrendamiento por temporadas. Explicado brevemente el contenido de la norma revisaremos por qué el Tribunal Constitucional ha avalado la ley foral. La realidad es que vivimos en un Estado de Derecho, en el que existe un marco jurídico preestablecido, al que quedan sometidas las actuaciones de las autoridades y que debe ser respetado por las normas que se aprueban. Y, precisamente, esto ha hecho el Tribunal Constitucional al resolver el recurso presentado contra la norma foral, al confirmar que la misma, salvo por lo que a continuación indicaremos, respeta y es conforme con el marco constitucional establecido. Lo primero que llama la atención es que el debate suscitado ha sido fundamentalmente competencial. Se ha debatido básicamente si la norma navarra invadía competencias propias del Estado, como la legislación civil. En otros motivos se aludía al principio de culpabilidad, a la presunción de inocencia, y a una posible discriminación, dado que la norma se aplica a personas jurídicas y no físicas. No ha existido por lo tanto una denuncia clara y directa respecto de la afectación del derecho de la propiedad, confirmándose así la normalización en nuestro país de la intervención de la administración en el derecho patrimonial, que en el caso de Navarra ya existía para las viviendas protegidas. El Tribunal considera que la norma está dentro de las competencias de Navarra sobre políticas de vivienda para lograr el fin social que la Constitución establece para el derecho de propiedad. Además, entiende que no es discriminatorio ni arbitrario el distinto régimen que se establece para personas físicas y jurídicas, sino que está suficientemente razonado y justificado. Sin embargo, sí declara inconstitucional la última medida contenida en una Disposición Adicional, de manera que no será posible parar desahucios expropiando el uso de viviendas de entidades financieras, aduciendo razones de interés social. Y ello al entenderse que esta medida se engloba dentro de otras que ya han sido aprobadas por el Estado. Como decíamos al inicio, con la norma en vigor y de plena aplicación, salvo el matiz indicado, toca esperar para confirmar su virtualidad práctica. De momento, los pasos que estamos viendo por parte del gobierno foral están dirigiéndose a la creación del Registro de Viviendas Deshabitadas para el fomento del Parque Público de vivienda destinado al arrendamiento. Elena Eransus Soba es de J&A Garrigues.

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Opinión | Las viviendas vacías en un Estado de Derecho

La expropiación es una medida lesiva para el derecho de propiedad y exige importantes recursos públicos para hacer frente al justiprecio

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