Diario de Navarra

La masiva participación en las manifestaciones y concentraciones organizadas ayer en numerosas ciudades -Pamplona, Tudela y Tafalla, entre otras- es buen reflejo de la honda preocupación existente en la sociedad española sobre el presente y futuro de las pensiones públicas. Nada de lo que haga o diga hoy el Gobierno de Rajoy puede frenar el creciente malestar -alimentado frívolamente por los partidos de la oposición- ante la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas y la inseguridad instaurada, no sin razón, ante la insostenibilidad del actual sistema público. Una intranquilidad que ha calado no solo en los nueve millones y medio de receptores de prestaciones, sino en sus hijos y nietos trabajadores cotizantes a los que los estamentos públicos no son capaces de asegurar que al final de su vida laboral contarán con un retiro digno. No se les puede ofrecer un presente más descorazonador. De ahí que miles de personas se echan ayer a la calle para alzar su voz contra una raquítica subida de las prestaciones del 0,25%, por quinto año consecutivo. Y sobre todo para pedir no solo su revalorización de acuerdo con la subida del coste de la vida sino para exigir el blindaje del sistema público de pensiones. El Gobierno de Rajoy lo tiene muy mal para poner puertas al descontento popular. Los argumentos racionales sobre las causas que han llevado a que la caja de la Seguridad Social tenga números rojos -18.800 millones el pasado año- no le conceden ante la opinión pública ningún crédito y escaso margen de maniobra. El desbocado déficit por el descenso de cotizantes y de la cuantía global de sus aportaciones, unida al aumento de la esperanza de vida -se habla ya de una cuarta edad- es una realidad que se traduce en que hay menos ingresos que gastos. Y salvo que el paro descienda vertiginosamente y los salarios crezcan el panorama de los próximos años no es en absoluto esperanzador. Mucho más, cuando a la vista de lo que se venía venir, la sensibilidad y la voluntad de los partidos integrantes del Pacto de Toledo para encontrar soluciones válidas y duraderas ha sido nula como ha quedado demostrado estos últimos años. El Gobierno del PP y el resto de formaciones políticas eran conscientes de que la búsqueda de soluciones era inaplazable. Pero todos ellos han antepuesto sus cortoplacistas intereses electorales para evitar remediar la crítica situación. A estas alturas, los parches o las medidas parciales que pueda anunciar el presidente Rajoy para sofocar el movimiento callejero -subida de las prestaciones mínimas o de viudedad si se aprueban los Presupuestos- son del todo insuficientes. Urgen fórmulas que aseguren la viabilidad del sistema público. El modelo no da más de sí tal y como está. La Seguridad Social tiene un millón de afiliados menos que en 2007, antes de la crisis y no se vislumbra un relevo generacional debido a la incesante bajada de la natalidad. Demorar la solución del problema solo lo agravará, de igual forma que fomentar la demagogia y el populismo partidista provocará mayor frustración social. Y el problema, que nadie lo dude, lo heredarán los siguientes en asumir las responsabilidades de Gobierno. La prioridad de un gran pacto de Estado es absoluta cualquiera que sea el coste. No solo para dar con soluciones de envergadura sino para proporcionar la seguridad que demandan tanto los actuales como los futuros pensionistas. Asegurar unos retiros dignos y mucho más numerosos exige más dinero. Y de algún sitio tiene que salir. De más impuestos. De cotizaciones más elevadas de los trabajadores y empresas. De los Presupuestos mediante el recorte de otras partidas de gasto... Existen múltiples opciones. Las pensiones sobrevivirán. Seguro. Tan seguro como que su elevada factura exigirá sacrificios, aunque nadie se atreva a decirlo en voz alta.

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Grito por el blindaje de las pensiones

La masiva participación en las manifestaciones organizadas por colectivos en Defensa del Sistema Público de Pensiones demuestra el gran malestar y la honda preocupación social existente

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