Diario de Navarra

El debate de las últimas semanas sobre la “prisión permanente revisable” está doblemente contaminado: tanto por un peligroso populismo penal como por un ingenuo y no menos peligroso buenismo. Por un lado, se han recogido dos millones de firmas a favor de la ampliación de esta pena y el Gobierno propone extenderla a nuevos delitos para dar satisfacción a estas demandas de “mayor dureza”. Por otro, el PNV ha presentado una proposición para derogar la prisión permanente revisable por considerarla contraria a la función resocializadora de las penas. Los primeros buscan obtener un rédito electoral y olvidan que no se debe reformar el Código a golpe de suceso. Los segundos prescinden del hecho de que la reinserción no es la única finalidad de la pena y de que, aun siendo un objetivo deseable, no siempre es factible. En todo caso, y frente a ciertas afirmaciones erróneas o falsas, conviene recordar que la pena de prisión permanente existe en otros ordenamientos europeos, y que no es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos. La pena de cadena perpetua figura en los ordenamientos jurídicos de los principales países de Europa y, concretamente, en los de Alemania, Francia, Reino Unido y Bélgica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha pronunciado sobre la misma -al enjuiciar la legislación francesa en 2014- y ha dictaminado que se trata de una pena compatible con el sistema europeo de derechos humanos siempre que incluya la posibilidad de revisión. Lo que resultaría contrario al Convenio de Derechos Humanos es que un Estado excluyese la posibilidad de que, pasado un tiempo (en España son 25 años), los jueces pudieran revisar la condena. Esto supondría privar al recluso del “derecho a la esperanza” y la convertiría en una pena “inhumana”. En España, como en el resto de países citados, la prisión permanente revisable está prevista, desde la Ley Orgánica 4/2015, para ciertos asesinatos de especial gravedad: asesinatos de menores de 16 años o personas vulnerables, subsiguientes a un delito contra la libertad sexual, asesinatos múltiples o cometidos por miembros de organizaciones criminales; y para homicidio del jefe del Estado, el Heredero, y determinados dignatarios extranjeros. Aunque la norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional, cabe prever que el recurso será desestimado. En primer lugar, porque cumple con los requisitos exigidos por el TEDH, ya que es una pena revisable; y, en segundo lugar, porque de la doctrina del Tribunal Constitucional se deduce que la “reinserción” no es la única finalidad de las penas. Estas cumplen otras funciones constitucionalmente legítimas, a saber, la prevención del delito mediante la disuasión, y la retribución del crimen mediante el castigo. Establecido lo anterior, hay que recordar que desde su entrada en vigor hace tres años, los jueces españoles solo han impuesto una condena a prisión permanente revisable (a un empresario inmobiliario que asesinó a sus dos hijas de 5 y 9 años). Por ello, no deja de ser asombroso que, en el contexto de estancamiento político y de verdadera parálisis legislativa que padece España, una de las principales iniciativas del Gobierno consista, precisamente, en ampliar el número de delitos castigados con esta pena. Se trata de una medida que debería acordarse con mayor respaldo técnico y con mayores apoyos parlamentarios. El Código Penal no debería ser objeto de reformas improvisadas y alumbradas únicamente al calor de sucesos trágicos. La regulación del “ius puniendi” del Estado debería llevarse a cabo por amplio consenso. Es decir, la duración máxima de las penas privativas de libertad es un asunto que las principales fuerzas políticas deberían consensuar. Afortunadamente, España es uno de los países más seguros de Europa. La relación de delitos castigados con esta pena está bien como está. La reforma penal propuesta dista mucho de ser una prioridad. En definitiva, lo más sensato sería dejar las cosas como están. Y un último apunte para poner de manifiesto que, en Europa, esta pena se cumple. El 17 de noviembre del año pasado falleció Toto Riina, uno de los jefes mafiosos más sanguinarios de la historia de Italia. El capo fue el autor intelectual de los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino y responsable de más de 150 muertes. Conviene recordar las circunstancias de su fallecimiento. Con 87 años cumplidos y un cáncer terminal, pasó sus últimos meses cumpliendo condena, postrado en la cama y, tras unos días en coma, murió en el módulo de presos del Hospital de Parma. Los jueces italianos rechazaron todas las peticiones de los abogados de Riina para que su defendido pasara sus últimos días en libertad. La gravedad de sus crímenes le hizo acreedor de 26 condenas a cadena perpetua. Sí, 26. No es un error. Riina murió cumpliendo esas condenas. Javier Tajadura Tejada es profesor de Derecho Constitucional de la UPV

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Apuntes sobre la prisión permanente revisable

El autor recuerda, frente a las falsedades vertidas, que la pena de prisión permanente existe en otros países y forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos

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