Diario de Navarra

Según los registros oficiales de la Seguridad Social del año 2017, España cerró con unos 8,7 millones de pensionistas lo que representa casi el 19% de la población, cantidad que se viene incrementando anualmente a razón de unos 100.000 nuevos pensionistas al año. Con esta progresión y dado el envejecimiento natural de la población, estaremos en más de 10 millones de perceptores en el año 2030. Por otro lado, la cifra de afiliados a la Seguridad Social a finales del año 2017 ronda los 19,5 millones de trabajadores, lo que significa que por cada pensionista hay solamente 2,23 trabajadores en activo. Muy preocupante es la tendencia que este dato pueda registrar en el futuro, dadas las actuales circunstancias de un mercado laboral todavía muy contraído, en el que siguen faltando estímulos para la contratación empresarial. Como consecuencia será difícil mejorar los actuales índices de desempleo, y cada vez el vigente método será más insostenible. Ante este panorama, resulta alarmante la situación de desequilibrio que nos vamos a encontrar en pocos años si no somos capaces de planificar y realizar los ajustes necesarios en el actual sistema de pensiones. En este sentido resulta anecdótico comprobar cómo en lugar de favorecer el ahorro privado, estimulando por ejemplo la creación y la aportación a planes de jubilación, se penaliza fiscalmente como se está haciendo a los planes de pensiones. De los casi 145.000 millones de euros del presupuesto de la Seguridad Social del 2017, un 95% fue para prestaciones económicas. Supone la partida más importante y debe ser el foco de atención a la hora de establecer mecanismos de ajuste. Hasta ahora nos hemos podido permitir la concesión de prestaciones, subsidios, ayudas accesorias, etc, de una manera más o menos flexible, pero a partir de ahora va a ser más complicado, porque cuando no hay recursos suficientes, hay que empezar a ser más austeros. Igual estamos obligados a revisar los criterios de reparto, dejar de ser tan políticamente correctos y ser más realistas, para garantizar un futuro a nuestro sistema. En mi opinión quienes más derechos debieran tener a la hora de ser beneficiarios de nuevas políticas de reparto y ciertas actualizaciones de sus pensiones, son este importante y numeroso colectivo, que han estado de media más de 36 años cotizando a la Seguridad Social y contribuyendo con su trabajo al desarrollo de nuestro país. La mayor preocupación del colectivo está en torno a la revaloración que piden, para pueda ayudarles a aliviar el efecto del incremento del coste de la vida, y al mantenimiento del propio sistema de pensiones. Debemos tener en cuenta que si la actualización de las pensiones se realiza linealmente, no afectará por igual a unas personas que a otras. Según datos oficiales, un jubilado agrario percibió en 2017 de media 709,85 euros mensuales, mientras que la media del resto de sectores fue de 1.208,40 euros, es decir que existen diferencias de más del 59%. De este modo, una mínima subida del 0,25% supondría para el jubilado agrario apenas 1,77 euros, frente por ejemplo a los 7,38 € de subida media del recibo mensual de la luz en 2017, por lo que sobran las palabras. Un poco de respeto no vendría mal, sobre todo cuando se está en la tesitura de planificar cómo se podría financiar el hipotético coste de incrementar las pensiones en el IPC, mientras se siguen otorgando subsidios y ayudas con una verdadera falta de control e inconsciencia. Así que, si alguien se merece algo en este país son los pensionistas, que han contribuido con sus aportaciones a crear el fondo que hoy tenemos, y a que podamos disfrutar de un muy poco valorado estado del bienestar. Javier Martón Pérez es gerente de PVT

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Respeto a los pensionistas

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