Europa envejece y empieza a hacer cuentas. Con cada vez más jubilados y menos trabajadores para sostener las pensiones, el grueso de los países del Viejo Continente ha comenzado a tomar decisiones incómodas: trabajar durante más años, endurecer el acceso al retiro o limitar las prestaciones. El último en recorrer este camino ha sido el Reino Unido. Esta misma semana su primer ministro, el laborista Andy Burnham, ha dado un giro a una política que parecía intocable.

Desde 2011, la denominada triple lock garantiza que las pensiones suban cada año lo que más aumente entre los salarios, la inflación o un mínimo del 2,5%. La combinación de años de fuerte inflación con otros en los que los salarios han marcado la mayor subida ha generado un efecto escalera que cuesta ya cerca de 16.000 millones de libras adicionales al año. Para contenerlo, el Gobierno británico dejará de tener en cuenta desde 2030 las subidas medias de las retribuciones cuando sean la referencia más alta.

La oposición a Burnham -desde los verdes hasta el ultra Nigel Farage- no ha tardado en rebelarse contra una medida que "lanza una ofensiva contra los mayores". Y eso pese a que la pensión pública tiene en Reino Unido un peso menor que en otros países, ya que una parte importante de los ingresos durante la jubilación procede de los planes de empleo financiados por trabajadores y empresas.

Francia es quizás el mejor ejemplo del coste político que puede generar recortar las pensiones. En 2023 Emmanuel Macron aprobó elevar progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, además de exigir más años cotizados para acceder a la pensión completa, con el objetivo de contener el déficit del sistema. La reforma provocó meses de huelgas y multitudinarias protestas y alimentó una crisis política que se prolongó durante los años siguientes. Desde su aprobación han pasado cinco primeros ministros por Matignon y, finalmente, el Gobierno de Sébastien Lecornu acordó suspender temporalmente parte de su aplicación hasta 2028. El proyecto de Presupuestos presentado esta semana limita la revalorización de las pensiones superiores a 1.260 euros mensuales, medida con la que pretende ahorrar 4.100 millones de euros, y recorta ventajas fiscales de los jubilados por otros 1.400 millones.

En Alemania también han asumido la necesidad de contener el gasto para sostener un Estado del bienestar que, según el propio canciller Friedrich Merz, "ya no es sostenible financieramente". El país ya está elevando progresivamente la edad ordinaria de jubilación hasta los 67 años en 2031, pero ahora se plantea ir más allá. La comisión de expertos creada por el Gobierno conservador propone vincularla a la esperanza de vida, con una fórmula que sumaría ocho meses de trabajo por cada año ganado de longevidad. 

El otro cambio pasa por complementar la pensión pública con un ahorro obligatorio: trabajadores y empresas destinarían a partes iguales un 2% adicional del salario a cuentas individuales, cuyo dinero se invertiría en los mercados para financiar parte de la jubilación.

Dinamarca aprobó en 2025 elevar la edad de jubilación hasta los 70 años a partir de 2040, mientras Italia ha decidido restringir las vías de retiro anticipado y mantener los aumentos ligados a la esperanza de vida. Países Bajos ha optado por una transformación más profunda de sus planes de empleo, y avanzan hacia un modelo en el que la pensión dependerá en mayor medida de las aportaciones realizadas y de la rentabilidad obtenida.

En España se ha optado por un camino diferente. Las últimas reformas han reforzado la protección de los pensionistas, recuperando la revalorización con el IPC y eliminando el factor de sostenibilidad que debía contener las prestaciones ante el aumento de la esperanza de vida. Para afrontar el coste del envejecimiento, el Gobierno ha concentrado el ajuste en los ingresos: nuevas cotizaciones, mayores aportaciones sobre los salarios más altos y un incremento progresivo de las bases máximas. Recaudar más para sostener una factura cada vez más elevada.

LA FACTURA ESPAÑOLA

El problema radica en que este desembolso va a seguir creciendo. La Airef calcula que el gasto en pensiones pasará del 13% del PIB en 2025 al 16,4% en 2050, un aumento de 3,4 puntos que coincide con la jubilación de las generaciones más numerosas del baby boom. Para entonces, el número de estas prestaciones habrá aumentado desde los 11,6 hasta los 17,4 millones. Es decir, en apenas 25 años el sistema tendrá que pagar casi seis millones de pensiones más y dedicar a ellas una porción sensiblemente mayor de la riqueza que genera el país.

Un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en septiembre apunta a que España será el país europeo donde más aumentará el gasto en pensiones durante las próximas décadas. El envejecimiento de la población será el principal motor de este incremento, aunque parte de la presión quedará compensada por una menor generosidad relativa de las nuevas prestaciones. Entre ellos destaca la caída de la tasa de reemplazo, que indica qué parte del salario que percibía un trabajador antes de jubilarse queda cubierta por su primera pensión. En España pasaría del 77,2% en 2022 a alrededor del 64,6% en 2050. La reducción será considerable, pero no impedirá que el sistema español siga ofreciendo prestaciones muy superiores en comparación con sus vecinos. Las proyecciones de la Comisión Europea amplían el horizonte hasta 2070 y sitúan entonces la tasa española en el 64%, frente a apenas el 38,2% de media de la UE. La comparación, sin embargo, debe tener en cuenta que los salarios españoles se encuentran por debajo de la media comunitaria.

Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, descarta que España vaya a tener problemas para pagar las pensiones, pero advierte de la contrapartida: "Habrá que reducir los recursos públicos destinados a otras partidas como carreteras u hospitales".