Seguirá habiendo ayudas económicas del Estado, a partir del 1 de octubre, para paliar las consecuencias de la guerra entre EE UU e Irán. El Gobierno ya negocia cómo prolongar ese apoyo a familias y empresas más allá del 30 de septiembre, mientras la inflación vuelve a acelerarse, los carburantes siguen al alza y el Ministerio de Economía ha abierto con sindicatos y patronal la discusión sobre qué medidas mantener y qué otras nuevas activar.

La negociación arranca, sin embargo, con una advertencia de la Autoridad Fiscal (AIReF): el margen para seguir aumentando el gasto se ha reducido al mínimo. Con una previsión de déficit público que se va a elevar este año al 2,7% del PIB, el organismo reconoce que hay que hacer algo frente a unos precios disparados, pero advierte de que esas medidas deberán compensarse con recortes en otras partidas o bien mediante nuevos ingresos.

A fin de analizar esa situación, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reunió este jueves a los agentes sociales junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz. A priori, el foco se quiere poner en el transporte y en el sector agroalimentario por su impacto sobre el resto de la cadena. La próxima semana se celebrarán nuevas reuniones sectoriales para calibrar posibles apoyos.

Trabajo, sin embargo, quiere ir más lejos. El departamento de Díaz propone un paquete de 5 medidas que considera "el mínimo necesario": 

1) prorrogar las actuaciones del Real Decreto-ley 18/2026 que vencen a final de septiembre; 

2) crear un gravamen temporal sobre el refino de combustibles fósiles; 

3) limitar el precio del alquiler; 

4) actuar sobre la cesta de la compra;

5) recuperar la excepción ibérica frente a aumentos extraordinarios del precio del gas.

La patronal eléctrica, Aelec, rechaza recuperar la excepción ibérica. Sostiene que el escenario es distinto al del inicio de la guerra en Ucrania: el gas marca ahora el precio de la electricidad en menos del 15% de las horas, frente a cerca del 75% entonces. También dice que tres de cada cuatro consumidores tienen contratos a precio fijo y que reactivar el mecanismo podría elevar el coste para buena parte de ellos. A su juicio, cualquier apoyo debería ser "específico y focalizado", no alterando el funcionamiento del mercado eléctrico.

La CEOE, por su parte, pide evaluar la continuidad de las ayudas y concentrarlas en los sectores y consumidores más afectados, con especial atención a la industria electrointensiva y gasintensiva. La patronal reclama además actuar sobre los costes estructurales de la energía, desde la fiscalidad y los peajes hasta el gas y los combustibles renovables.

La presión para actuar crece. La inflación alcanzó en agosto el 4,3%, siete décimas más que en julio y su mayor tasa desde febrero de 2023. Los combustibles y lubricantes se encarecieron un 23,8% interanual. Y el escenario amenaza con empeorar. Funcas prevé que la inflación escale al 4,9% en septiembre y se mantenga por encima del 4% los próximos meses, impulsada especialmente por la energía. Estima la media de 2026 en el 3,6%.

La subida también continúa en los surtidores. En apenas quince días la gasolina 95 ha pasado de 1,774 a 1,911 € por litro, un 7,7% más, mientras el diésel ha avanzado desde 1,773 hasta 1,895 €, un 6,9%. El gasóleo ha borrado incluso el alivio que provocó a comienzos de mes la ampliación de su rebaja fiscal.

El mecanismo aprobado por el Gobierno contemplaba una reducción progresiva de la fiscalidad durante el verano, pero incluía una cláusula automática para reforzarla si los precios crecían con especial intensidad. Esa salvaguarda llevó la rebaja del diésel hasta los 0,20€/l en septiembre. Dos semanas después, el precio ya supera el nivel previo a ese refuerzo.

Los sindicatos presionan también para ampliar la respuesta. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, pide recuperar la excepción ibérica y una prestación de al menos 300€ para 10 millones de personas con rentas inferiores a la media. Y pide a Competencia (CNMC) que vigile toda la cadena de valor de los carburantes, desde el refino hasta la comercialización. Y UGT apunta al mismo frente.