El Parlamento Europeo ha situado el impacto de los cuidados familiares sobre las pensiones en el centro de su propuesta para reforzar el sistema asistencial comunitario. La Eurocámara reclamó en mayo que el tiempo dedicado a atender a hijos, mayores dependientes o familiares con discapacidad tenga reconocimiento en los sistemas de Seguridad Social y de jubilación. La resolución fue aprobada por 263 votos a favor, 83 en contra y 154 abstenciones. El texto, no obstante, no crea por sí mismo nuevas prestaciones ni obliga a los Estados a modificar sus sistemas, pero fija la posición política de la Eurocámara ante uno de los principales retos sociales y económicos de Europa: el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de cuidados. Los eurodiputados consideran que el acceso a la atención debe tratarse como un derecho fundamental y piden corregir las desigualdades que atraviesan todas sus formas, tanto las profesionales como las que se prestan dentro de los hogares. En la Unión Europea hay alrededor de 6,2 millones de cuidadores formales y unos 53 millones de informales, según los datos de la Cámara. Como en España, buena parte de ese trabajo sigue recayendo sobre las mujeres. El Parlamento recuerda que el 56% de las europeas con hijos menores de 12 años dedica al menos cinco horas diarias al cuidado infantil, frente al 26% de los hombres. Esa desigual distribución no solo condiciona el presente laboral de las cuidadoras, sino también sus ingresos futuros. Las reducciones de jornada, los periodos de excedencia, la parcialidad y las salidas temporales del mercado de trabajo dejan lagunas de cotización que vuelven al llegar la jubilación. Por eso, la resolución reclama que los periodos para los cuidados familiares sean tenidos en cuenta en los regímenes de pensiones y en los sistemas de protección social. La forma de reconocerlos corresponde a cada país. Podría hacerse con cotizaciones asumidas por las administraciones, créditos para la jubilación u otros mecanismos que compensen las interrupciones laborales. El objetivo es evitar que cuidar durante años se traduzca luego en una pensión más baja o en la exclusión del sistema contributivo. Entre las propuestas figura también la creación de un estatuto europeo de las personas cuidadoras. Este marco serviría para reconocer su trabajo y establecer unos estándares mínimos comunes en la Unión Europea, tanto para quienes reciben un salario como para quienes atienden a familiares sin remuneración. El Parlamento pide, además, medidas para un reparto más equilibrado de las responsabilidades asistenciales. Entre ellas, permisos parentales y de cuidados más igualitarios, igualdad salarial, mayor flexibilidad laboral y una oferta suficiente de servicios accesibles y asequibles. La resolución reclama también campañas para que los hombres asuman una parte equitativa de estas tareas y a combatir los estereotipos que siguen vinculando los cuidados a las mujeres. La falta de corresponsabilidad, advierte, limita su participación en el mercado laboral y condiciona sus carreras profesionales. El texto dedica otro apartado a las condiciones de quienes trabajan de forma remunerada en el sector. La Eurocámara pide combatir la precariedad, el empleo no declarado y la explotación laboral, incluidas las situaciones que afectan a trabajadores procedentes de terceros países. Los eurodiputados defienden que se priorice la contratación local, aunque reconocen que el aumento de las necesidades obligará también a adaptar las políticas migratorias. La incorporación de profesionales de terceros países, sostienen, deberá realizarse mediante vías legales y acompañarse de inversión en formación e integración.