El Gobierno empieza a levantar el pie del escudo energético. El Consejo de Ministros aprobó este lunes, en una convocatoria extraordinaria adelantada un día para que las medidas lleguen a tiempo al Boletín Oficial del Estado, el segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio. El texto, que necesitará del visto bueno del Congreso de los Diputados, inicia la retirada gradual de la ayuda general a los carburantes, mantiene el apoyo a los sectores más expuestos y deja preparadas cláusulas de reactivación si los precios vuelven a dispararse. 

El nuevo paquete moviliza 1.825 millones de euros en 2026, a los que se suman otros 2.700 millones derivados de la reducción progresiva hasta su eliminación del impuesto sobre la producción energética.

El Ejecutivo busca así renovar el escudo anticrisis en un contexto en el que la inflación se mantuvo en el 3,2% en junio y en el que, según sus cálculos, las ayudas y rebajas fiscales aprobadas el pasado 20 de marzo permitieron contener los precios en un punto porcentual adicional. "En las últimas semanas hemos visto una moderación de la incertidumbre, pero todavía no encontramos unos niveles de precios similares a los de antes de la guerra", señaló Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

A partir del 1 de julio, la rebaja de 20 céntimos al repostar gasolina y diésel pasará a ser de 15 céntimos, en agosto se reducirá a 10 céntimos, en septiembre a 5 céntimos y en octubre desaparecerá. Una retirada progresiva que, según Cuerpo, busca que los consumidores "no noten un salto" en los precios. Esta vez, la rebaja se articulará a través de los impuestos especiales, después del toque de atención de Bruselas a España por la reducción del IVA a los combustibles fósiles incluida en el primer paquete anticrisis.

La Comisión Europea había advertido al Ejecutivo de que la normativa comunitaria no permite aplicar un tipo reducido de IVA a la gasolina, el gasóleo y otros hidrocarburos, aunque sí permite actuar sobre los impuestos especiales.

El sector de las estaciones de servicio, consultado por Colpisa, se mantiene prudente ante la propuesta del Gobierno. Fuentes del sector dudan tanto de su eficacia para abaratar el repostaje como de su encaje definitivo con Bruselas.

ELEVADO COSTE FISCAL

La decisión llega, además, tras las advertencias del FMI, del Banco de España, de Bruselas y de los técnicos de Hacienda sobre el elevado coste fiscal y la escasa focalización de algunas rebajas fiscales. Los organismos económicos han reclamado en las últimas semanas que las ayudas energéticas sean temporales, selectivas y dirigidas a los sectores y hogares más expuestos, en lugar de reeditar bonificaciones generalizadas.

En el caso de la electricidad y el gas, el decreto no prorroga la rebaja del IVA (que desde el 1 de junio volvió del 10% al 21%), ni la reducción del impuesto especial de la electricidad (que ha regresado al 5,11% habitual tras situarse en el 0,5% de forma excepcional). La decisión de no extender estas rebajas fiscales explica que la electricidad y el gas contribuyan ahora al alza del IPC, según se desprende de los datos del INE y de la propia valoración ministerial.

No obstante, el texto incorpora una cláusula de reactivación que permitirá recuperar las ayudas si los precios oficiales de la energía vuelven a superar el umbral del 15% de la inflación interanual. Así lo explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que advirtió que el Gobierno revisará la evolución del IPC. "Todo dependerá de la evolución de los mercados energéticos", señaló Aagesen, que defendió que este Real Decreto-ley permite al Ejecutivo "actuar de forma rápida" ante la volatilidad del mercado.

El paquete mantiene, en cambio, la rebaja equivalente a 20 céntimos por litro de combustible para agricultores, pescadores y transportistas, así como las ayudas directas a los sectores más afectados por la crisis de precios derivada del cierre del estrecho de Ormuz. Entre ellas, se incluye una ampliación de 165 millones de euros para la compra de fertilizantes por parte de los agricultores.

Por otra parte, se prorroga la prohibición de despedir para las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio. Además, estarán condicionadas a la puesta en marcha de planes de movilidad sostenible para trabajadores.

En el ámbito energético, el Gobierno aprobó la reducción progresiva hasta su eliminación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que bajará al 5% en 2026, al 3,5% en 2027 y desaparecerá en 2028. El Ejecutivo enmarca esta medida dentro de su estrategia para acelerar el despliegue de las renovables dentro del mix energético español, uno de los factores que, según el Gobierno, ha permitido contener el alza de los precios de la electricidad en España frente a otros países tras el estallido de la guerra.

RECLAMACIÓN DE LA INDUSTRIA

La retirada progresiva de este impuesto (su eliminación es una reclamación histórica del sector eléctrico) supondrá un impacto, según los cálculos de la industria, de 2.700 millones de euros anuales y creará unos 3.700 empleos. Cuerpo destacó que este elemento de predictibilidad era una petición de los sectores más afectados y permite a la industria ser más competitiva. "El mensaje que nos traslada la industria es que podemos aguantar con una rebaja menor, pero necesitamos esa señal de desaparición del impuesto", explicó.

El decreto incluye también medidas de agilización normativa y simplificación administrativa para facilitar el despliegue de renovables y su conexión a la red, aunque el Gobierno no detalló el alcance concreto de esta reforma.

Las medidas coyunturales tendrán tres meses de vigencia y se extienden, según el Ejecutivo, de forma temporal y proporcional a la desescalada del conflicto. El Gobierno abre así una nueva fase del escudo anticrisis: menos ayudas generalizadas, más apoyo sectorial y cláusulas de activación para responder a una crisis energética que, aunque se ha moderado, sigue condicionada por la volatilidad de los mercados.