El Gobierno explora fórmulas para que las empresas que prestan servicios a la Administración puedan compensar parte del incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Hacienda está analizando la posibilidad de permitir la compensación parcial de los contratos de empresas sensibles al impacto de esta subida ante el alza de la inflación y el salario mínimo, según confirmaron este lunes fuentes del departamento a este medio, "aunque no hay nada decidido", recalcan. Es el caso de actividades vinculadas al sector de limpieza, seguridad, mantenimiento de hospitales, comedores o conserjería, entre otros, donde los contratos suelen ser de larga duración y los precios iniciales no contemplan aumentos futuros del salario mínimo.

Esta medida, aún en estudio, se plantea como un alivio selectivo para reducir el impacto del aumento de los costes laborales en las contratas vigentes y busca acercar posturas con la patronal para favorecer un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y empresarios. El actual Ejecutivo ha pactado hasta ahora todas las subidas con CC OO y UGT y solo una con la CEOE y Cepyme, la última fue en 2020.

El Ministerio de Trabajo desconvocó el viernes un encuentro con los agentes sociales para ganar tiempo en sus negociaciones con Hacienda. Desde el departamento que dirige Yolanda Díaz trabajan ahora para intentar que las empresas puedan repercutir el gasto extra de salarios en la contratación pública de lo que suponga el aumento del SMI.

El incremento inesperado del SMI genera sobrecostes que afectan a la planificación de las empresas y pueden condicionar la negociación de convenios colectivos. En sectores como la construcción, las compañías ya pueden revisar los precios de los contratos ante sobrecostes en materiales, pero no pasa igual con los salarios, lo que eleva la incertidumbre y, en algunos casos, puede afectar a la viabilidad de los contratos y de la empresa.

COMPENSACIÓN

La petición de la patronal no es nueva y Hacienda ya la ha venido rechazando de forma sistemática en años anteriores. Además, la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero se mantiene firme en no cambiar la ley de desindexación, que impide que los contratos de las empresas con las administraciones se adecúen a la evolución de la inflación o los sueldos.

Hacienda argumenta que la Administración del Estado no va a asumir la subida, sino que deben ser los empresarios quienes paguen este encarecimiento (más aún después de haber aceptado la plena exención fiscal del nuevo SMI). No obstante, este ministerio estudia mecanismos de compensación parcial para los casos en los que el aumento de costes sea significativo.

Por ahora, Hacienda y Trabajo mantienen un diálogo para definir los límites y condiciones de esta medida. Unas conversaciones que desde la CEOE miran con recelo y se mantienen firmes en su propuesta de incremento del 1,5% del SMI pactado en diciembre frente al 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 2026, que puso hace dos semanas sobre la mesa el Ejecutivo.

La semana pasada, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, afirmó que se mantiene a la espera de recibir una propuesta formal del Gobierno y que cuando reciban este planteamiento lo evaluarán.