A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda controlará los pagos con tarjeta de los ciudadanos que superen los 25.000 euros al año. Así lo ha confirmado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que explica que las entidades financieras estarán obligadas a informar a la Agencia Tributaria de los movimientos realizados con tarjetas de particulares cuyo importe total anual exceda esa cantidad. El objetivo de esta medida es reforzar la lucha contra la economía sumergida y mejorar el control sobre los ingresos y gastos no declarados.

Hasta ahora, la obligación de comunicar los cobros con tarjeta afectaba principalmente a profesionales o empresas cuando superaban los 3.000 euros al año. Sin embargo, a partir de 2026, todos los cobros con tarjeta, tanto en comercios físicos como virtuales, así como los pagos a través de Bizum y otros sistemas móviles, deberán ser comunicados sin importar el importe cuando provengan de actividades económicas. En el caso de los particulares, los bancos solo deberán remitir información a Hacienda cuando el total de los movimientos con cualquier tipo de tarjeta -ya sea de crédito, débito, prepago o virtual- supere los 25.000 euros en un año natural.

La información que las entidades financieras enviarán incluirá los datos del titular y de los posibles autorizados, el número de la tarjeta, las cuentas vinculadas y los importes totales de abonos y cargos, además de los pagos realizados en comercios. Además, se establece que los bancos deberán remitir los datos bancarios con una periodicidad mensual, en lugar de anual, como se venía haciendo hasta ahora.

El objetivo de esta nueva obligación es proporcionar a Hacienda una visión más completa y actualizada de los movimientos financieros de los contribuyentes, facilitando la detección de posibles irregularidades fiscales. Con este cambio, el fisco podrá cruzar los datos de consumo y cobros con las declaraciones presentadas, mejorando la eficacia del control tributario. En la práctica, esto significa que cualquier persona que supere los 25.000 euros anuales en pagos con tarjeta podrá estar sujeta a una revisión más exhaustiva por parte de la Agencia Tributaria.

Para los autónomos y las empresas, el impacto será mayor, ya que se eliminarán los importes mínimos de comunicación: cualquier operación con tarjeta deberá ser informada, lo que aumentará la trazabilidad de todas las transacciones comerciales. En el caso de los consumidores, solo aquellos con un nivel de gasto elevado -unos 2.083 euros mensuales de media- podrían entrar en el radar fiscal. Por su parte, las operaciones en efectivo seguirán sujetas al límite actual de 3.000 euros, a partir del cual los bancos están obligados a informar a Hacienda.