Jubilarse más tarde y seguir al mismo tiempo trabajando. Este es el reto que tiene entre manos el Gobierno, que quiere cambiar los hábitos de retiro que protagonizan los españoles para europeizarnos también en esto. Es decir, que no pasemos de forma abrupta del empleo a la jubilación, sino que se vaya haciendo escalonadamente, de forma más progresiva y flexible, como sucede ya en muchos países del entorno. Y para ello ya ha dado los primeros pasos junto a los sindicatos y la patronal.

Así, este martes 1 de abril entra en vigor una nueva regulación de la jubilación parcial y activa que, para fomentar esa salida más gradual y reducir las salidas abruptas del mercado de trabajo, busca incrementar las facilidades a aquellos que quieren compaginar su trabajo con el cobro de una pensión. Además, se da una vuelta de tuerca a la jubilación demorada que tan buenos resultados está logrando estos tres últimos años y que se ha duplicado con los nuevos incentivos diseñados.

Lo que hace la nueva ley -aprobada a finales de diciembre y avalada recientemente por el Congreso- es ofrecer más oportunidades a aquellos trabajadores que se encuentran próximos a la edad de jubilación, a aquellos autónomos que quieren seguir al frente de sus negocios, para que puedan seguir trabajando con fórmulas nuevas que no existían o que tenían una configuración mucho más limitada. Y lo que pretende también el Ejecutivo -no cabe duda- es reducir gastos y aumentar ingresos en el sistema de pensiones, que sigue en números rojos pese a las reformas efectuadas para garantizar su sostenibilidad.

UN 5% MÁS CADA AÑO

Desde este 1 de abril se abre la posibilidad a todos los trabajadores, sean o no autónomos y tengan o no empleados a su cargo, de acceder a la jubilación activa y compatibilizar su empleo o negocio con el 100% de su pensión, un privilegio que hasta ahora solo estaba al alcance de los emprendedores con, al menos, un empleado en plantilla. Aquellos que no sean autónomos ni tengan empleados a su cargo podían acceder a esta modalidad de retiro con el 50% de la pensión. No hay límite de dedicación ni de ingresos y el único condicionante es abonar una cotización reducida de solidaridad.

Con la nueva ley, los grandes -y prácticamente únicos- perjudicados son los autónomos con trabajadores, puesto que en la actualidad si demoran un año su jubilación pueden acceder al 100% de su pensión y, desde abril, cobrarán el 75%. Además, ya no será suficiente tener al menos un empleado a su cargo, sino que este tiene que estar contratado de forma indefinida y sumar al menos 18 meses de antigüedad. Otra opción para llegar a percibir el 75% de la pensión para los que no tengan trabajadores es contratar a uno nuevo de forma indefinida con el que no haya tenido vínculos laborales en los dos años anteriores, posibilidad que en la ley actual no existía.

Sin embargo, este colectivo de autónomos empleadores podrá ir incrementando su pensión cinco puntos porcentuales por cada año de actividad profesional ininterrumpida que permanezca en situación de jubilación activa, de tal forma que llegaría a cobrar el 100% a partir de cinco años desde que hubiese cumplido la edad legal de jubilación ordinaria.

En resumen, los autónomos con empleadores acogidos a una jubilación activa tendrán que esperar hasta los 70 años como mínimo para cobrar el 100%, que se alarga a 72 años para los que tengan menos años de cotización.

Por el contrario, el resto de trabajadores y autónomos gana con la nueva regulación de la jubilación activa, aunque no el primer año. Porque a partir de abril las personas que se acojan a la jubilación activa ya no cobrarán todos la mitad de su pensión, sino que recibirán un porcentaje de su pensión de entre el 45% y el 100% en función del número de años que haya demorado su retiro. Así, salen ganando quienes la retrasen dos años, puesto que cobrarán un 55%; a los tres años, percibirán un 65% de la pensión inicial reconocida; un 80% a los cuatro años, y a partir del quinto, el 100%. Sin embargo, también podrán incrementar cada año cinco puntos porcentuales su pensión hasta alcanzar el 100% por cada 12 meses ininterrumpidos que permanezcan en situación de jubilación activa.

Además, otra gran ventaja que trae esta reforma es que la jubilación activa se hace compatible con los incentivos por demora, algo que ahora no se puede sumar, lo que mejorará sustancialmente la pensión de un colectivo, el de los autónomos, caracterizado por prestaciones muy bajas.

BATALLA EN LOS TRIBUNALES

Por último, la nueva ley ampliará el número de beneficiarios al rebajar los requisitos necesarios para darse de alta; en estos momentos son apenas 64.000 los trabajadores que se acogen a esta modalidad de retiro, la inmensa mayoría autónomos. Así, se suprime la obligación de tener carreras completas de cotización (por ejemplo, 36 años y seis meses para quienes se jubilen en 2025 y 2026) y podrán acceder aquellos que cuenten con el periodo mínimo necesario: 15 años cotizados y dos de ellos en los últimos 15. Esta medida favorece sobre todo a las mujeres, generalmente con carreras de cotización más cortas, y a aquellos que hayan tenido empleos muy inestables.

Sin embargo, todas estas mejoras e incentivos solo impactarán en las nuevas altas, mientras que los actuales 64.000 trabajadores que están ya acogidos a la jubilación activa no podrán beneficiarse de esos cinco puntos de incremento adicional por cada 12 meses de actividad ininterrumpida ni tampoco podrán acumular el 4% de subida por cada año que han demorado su retiro, según precisó el Ministerio de Seguridad Social esta misma semana. Los sindicatos y la patronal consideran esto un agravio y advierten de que lo llevarán a los tribunales si es necesario.

Lo que no entra en vigor todavía es otra de las medidas que el Gobierno pactó en verano con los sindicatos y la patronal: el nuevo sistema para que las profesiones penosas o peligrosas puedan jubilarse de forma anticipada sin recortes en su pensión, a semejanza de lo que ocurre ahora con ciertos oficios como los de los marineros, bomberos, ertzainas, mineros... La ministra de Seguridad Social se había comprometido a que en febrero estaría ya publicado el nuevo reglamento -que se basa en criterios objetivos pero tendrá en cuenta la edad- para que los sectores que quieren acogerse a este retiro más ventajoso y temprano pudieran solicitarlo. Pero por el momento sigue sin ver la luz.

Muchos sectores están a la espera de poder reclamar que se les aplique estos nuevos coeficientes reductores, como los transportistas o las camareras de piso y cuidadoras de dependientes, entre otros, que confían en que ahora tengan derecho a una jubilación temprana. Sin embargo, no será nada fácil, puesto que el Gobierno advierte de que solo se concederá si se demuestra que no es posible la modificación de las condiciones de trabajo.