Los funcionarios están en pie de guerra y batallarán hasta el final para defender su actual modelo de sanidad. Esta misma semana hay ya dos manifestaciones convocadas (jueves y sábado) para protestar por la incertidumbre que mantienen más de 1,5 millones de ellos y sus familias tras quedar desierto el último convenio con la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). Y más aún tras publicarse el informe del Ministerio de Sanidad que aboga por su desaparición y traspasar este colectivo al sistema público de salud, eliminando así un derecho adquirido en 1975 cuando se creó Muface por la sobrecarga que había en la Seguridad Social.

Fedeca, la plataforma que aglutina al cerca de medio centenar de asociaciones y sindicatos que representan a los cuerpos superiores de la Administración estatal, se sumó ayer a la presión al Gobierno y cargó contra la “demagogia” que hay con este tema. “No estamos dispuestos a desmantelar Muface porque supone un ahorro y no vamos a dejar colgados a 1,5 millones de funcionarios. No existen razones sociosanitarias, ni económicas, ni jurídicas. No hay argumentos”, reivindicó Ana Ercoreca, su presidenta, que sostuvo que no existe ninguna prueba que respalde la supuesta insostenibilidad de este modelo en el que el mutualista puede elegir entre la sanidad pública o la privada.

Para acompañar esta afirmación, la asociación tira de datos. Mientras el gasto sanitario público por persona en el sistema nacional de salud alcanza los 1.608 euros al año, la prima media en Muface por mutualista desciende hasta los 1.014 euros. Es decir, casi 600 euros menos por persona, que se traduce en un ahorro de 600 millones al año para el Estado, recalcaron.

MÁS DE 120 DÍAS PARA OPERARSE

Asimismo, la desaparición de Muface supondría la incorporación inmediata de un millón de nuevos usuarios a la sanidad pública, lo que provocaría una “sobrecarga para un sistema ya de por sí tensionado”, apuntaron desde Fedeca. De esta forma, las listas de espera aumentarían en un 266% en el caso de las consultas externas y en un 115% para las intervenciones quirúrgicas, según cifras aportadas por la Universidad Complutense. En la actualidad, un paciente tiene que esperar 94 días para ser atendido en una consulta externa y 121 días para una intervención quirúrgica, conforme los datos del propio Ministerio de Sanidad.

“Se ha demostrado que el modelo de Muface es más eficaz que el modelo de sanidad pública”, sostiene Edmundo Bal, abogado del Estado y exdiputado de Ciudadanos, que considera “inaceptable que se deje colgados a 1,5 millones de funcionarios”. “Hasta que no fallezca el último funcionario de Muface no hay derecho a que se nos prive de este derecho de manera unilateral”, señaló el expolítico, que se lamentó de que los funcionarios, a los que muchos tachan de “privilegiados, enchufados y niños ricos” están desprotegidos y pueden modificarles de un momento a otro su salario o sus derechos, algo que según él no sucede en los trabajadores por cuenta ajena.

Este grupo de altos funcionarios está convencido de que el Gobierno resolverá pronto este conflicto. Cuentan con que al ministro de Función Pública, Óscar López, no le conviene tener en contra a 1,5 millones de funcionarios cuando va a ser el próximo candidato del PSOE para la Comunidad de Madrid. Por ello, le instan a reunirse con ellos y negociar una solución a largo plazo.

En ese sentido, Bal considera que la mejor opción sería ampliar el colectivo de Muface con todos los funcionarios, una vez que en 2011 se denegó este derecho a parte de ellos, a fin de que no esté tan envejecido y salga más rentable. De igual forma, estaría dispuesto a hablar de un copago por este servicio. “Que negocien una póliza colectiva para todos, incluso que nos digan que participemos con más de los 50 euros que pagamos cada mes y a lo mejor podemos llegar a un acuerdo para que una parte la sufraguen los propios funcionarios”, señaló.