La reforma de las pensiones diseñada por el anterior ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha logrado uno de sus objetivos: disminuir las jubilaciones anticipadas y, por tanto, elevar la edad efectiva de jubilación, que por primera vez se ha situado por encima de los 65 años. Sin embargo, ha fracasado en el otro gran objetivo para el que fue impulsada: disminuir el gasto del sistema para alcanzar la sostenibilidad, puesto que ha elevado la cuantía de las pensiones que reciben los nuevos jubilados. Así lo asegura la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe que ofrece unas primeras valoraciones sobre los efectos de la ley sobre la jubilación anticipada y demorada con datos de la muestra continua de vidas laborales del ejercicio 2022.

Así, en los dos primeros años de aplicación se ha producido un aumento de la edad efectiva de jubilación, que ha pasado de los 64,7 años a cierre de 2021 a elevarse a 65,1 años en 2024, con los últimos datos disponibles de abril. Los autores, aunque admiten que una parte del retraso puede deberse al aumento de la edad legal que trajo la anterior reforma de 2011, consideran que hay otra parte que es gracias a las modificaciones introducidas en esta última reforma, que cambió los coeficientes reductores para quienes se jubilen de forma anticipada, sobrepenalizando a quienes se retiren entre los meses 22 a 24 de anticipación y entre el mes 1 y 3, e infrapenalizando la franja intermedia, entre los meses 9 y 18, dependiendo de los años cotizados.

Por otro lado, la ley aprobada en 2021 mejoró las pensiones para quienes se jubilen más tarde de la edad legal, elevando al 4% el incentivo por cada año de demora al margen del periodo cotizado y añadiendo la opciónde escoger, en lugar de la bonificación del 4%, un cheque al contado de hasta 12.000 euros por año de retraso en el momento de la jubilación.

MAYORES PENALIZACIONES

Estos cambios en el diseño han provocado que haya menos jubilaciones anticipadas. Más concretamente, el porcentaje de prejubilaciones con coeficientes reductores se redujo del 27,1% del total de altas en 2021 al 20,9% en 2024 (datos de abril), un descenso equivalente al de los seis años anteriores que además ha venido acompañado de un recorte de un trimestre del tiempo medio de anticipación.

Ello se debe -según el estudio- a la “drástica” disminución de las jubilaciones anticipadas entre 22 y 24 meses de anticipación por el aumento de las penalizaciones en este tramo, que han pasado en algunos casos del 16% al 21% y en media del 14,3% al 15,1%.

Al mismo tiempo, también se ha logrado que haya muchas más jubilaciones demoradas, más del doble, al pasar de representar el 4,8% del total de altas en 2021 al 10,5% hasta el pasado abril, acompañado también de un ligero incremento de los años medios de demora: de 2,8 años a 2,9 años.

Ambas medidas han producido un aumento de casi cinco meses de la edad efectiva de jubilación, por encima del alza de la edad legal (cuatro meses), en dos años.

Otro efecto de la reforma es un incremento de la cuantía de la pensión media al aplicar penalizaciones medias menores (del 11,1% en 2021 al 8,2% en 2022), por lo que “podría concluirse que ha sido efectiva en cuanto a desincentivar la jubilación anticipada y a impulsar la edad efectiva de jubilación, pero no necesariamente en cuanto a limitar el gasto en pensiones”, concluye el informe. Fedea señala que el impacto de la reforma de pensiones en el gasto es “muy modesto”, del 0,02% del PIB a largo plazo en caso de un aumento de un año de la edad efectiva de jubilación sin elevar la edad legal.

Aquellos trabajadores que se jubilaron en 2022 más tarde de forma voluntaria pudieron elegir, gracias a la reforma, entre dos tipos de recompensa: cobrar un cheque de hasta 12.000€ o una pensión un 4% más alta de por vida por año de retraso. La mayoría (71,9%), eligió el 4% adicional, mientras que el 22,9% apostó por el efectivo. Aunque un 64,4% acertó con esta elección, el 35,6%, uno de cada tres, se equivocó y perdió dinero por no escoger la que más dinero le hubiera dado.