El futuro de las rebajas fiscales aplicadas en la factura de la luz pasa por la decisión que tome el Gobierno -el actual, en funciones, o uno constituido si finalmente así ocurre- sobre el programa de ayudas para paliar el impacto de la guerra de Ucrania y la inflación en las familias. Después de más de dos años con algunos de los tributos energéticos en mínimos, el Ejecutivo tiene que decidir si prorroga la excepcionalidad o los españoles regresan a la normalidad en sus recibos de luz y gas.

La decisión no es baladí. Y menos aún cuando el veredicto final llegará en un nuevo contexto de tensión para el mercado energético. La recuperación de los impuestos que ahora se encuentran minimizados de forma excepcional supondrá un repunte de la factura de entre un 20% y un 25% con respecto al recibo ordinario, según los cálculos elaborados por los analistas del Grupo ASE.

Ese repunte se explica por una normalización que restablecería los tipos habituales de tres grandes tributos. Por una parte, el IVA, cuyo gravamen se encuentra en el 5% (para los hogares con una potencia inferior a los 10 kilovatios) desde mediados de 2022.

Hasta entonces ya regía un IVA reducido del 10% frente al 21% ordinario, que fue reducido doce meses antes cuando el precio de la electricidad comenzaba a dar los primeros sustos a la población en los meses previos a la guerra en Ucrania.

El otro impuesto energético que se encuentra reducido a su mínima expresión es el Especial Eléctrico. El gravamen autorizado por el Gobierno se encuentra fijado actualmente en el 0,5% frente al 5,1% que regía habitualmente hasta que durante el año 2021 también fue acotado para hacer frente a la crisis de precios energéticos. Ese tipo del 0,5% es el mínimo que obliga a aplicar la Unión Europea.

Y el tercer gran tributo que condiciona el recibo de la luz es un impuesto que abonan las compañías de generación, y no el usuario final, aunque sí se ve reflejado indirectamente en los precios de la luz al incorporar este coste en el pool diario en el que se negocian los precios energéticos por parte de las compañías. Su tipo es del 7% sobre el valor de generación y actualmente se encuentra suspendido.

Además, para contener el impacto del precio del gas en la factura final de los pequeños consumidores, en las revisiones del precio de la tarifa de último recurso de gas natural (TUR) de 2023, se encuentra establecido un límite del 15% al incremento máximo del coste de la materia prima en su fórmula de cálculo.

Es decir, que los recibos del gas natural de uso doméstico (incluidas las comunidades de vecinos, a las que se les facilitó su acceso a esta tarifa) no pueden subir de forma vertiginosa por mucho que lo haga el precio del gas en los mercados internacionales.

También se encuentra en vigor, hasta el 31 de diciembre, una modalidad de bono social eléctrico reforzado con descuentos en la parte del consumo del recibo de hasta el 80% en función de las rentas y las circunstancias económicas de cada familia.

 PRECIOS EN 100 EUROS/ MWh

Si el Gobierno opta por minimizar todas estas medidas no solo subirán los recibos por el efecto del fin de las ayudas. Ese momento puede llegar cuando el mercado energético se encuentre más tensionado, en medio del invierno. Los futuros del mercado (las referencias con las que juegan los inversores a varios plazos vista) anticipan que el coste medio de generación puede situarse a finales de año en por encima de los 110 euros/MWh, frente a la media actual de 2023, que se encuentra en los 90 euros/MWh, lo que supone un incremento aproximado del 22%.

Estas circunstancias hacen pensar al Banco de España que los precios del consumo volverán a acelerarse de nuevo hasta mediados de 2024. En consecuencia, el supervisor bancario ha revisado al alza sus previsiones de inflación para 2023 y 2024 hasta el 3,6% este año (tres décimas más que antes del verano) y todavía un 4,3% el próximo (siete décimas más). No obstante, el repunte que se espera será mucho más leve que el que se vio entre marzo de 2021 y julio del año pasado.

El desarrollo de las instalaciones renovables dentro de lo que será el mix energético en los próximos años tendrá un mayor impacto positivo en los hogares de rentas bajas que en el resto de la población. Así lo revela un estudio socioeconómico de BC3 (Basque Centre for Climate Change) acerca del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIE) desarrollado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Ese informe señala que gracias al PNIE la factura energética se reduce notablemente respecto del escenario tendencial para todos los hogares y “muy especialmente para los hogares de menor renta, pasando del 12,8% al 7,5%” para la quinta parte de la población con menos ingresos; y del 9,3% al 5,6% para el quintil con más ingresos.

El informe de esta organización concluye que de cara al año 2030 ese primer quintil más vulnerable experimenta una reducción del 21% en la proporción de la renta destinada a la energía con relación a 2019, mientras que para el quintil de hogares con rentas más elevadas ese importe baja un 12,5%.

El investigador del BC3, Mikel González-Eguino, uno de los autores del estudio, explica que uno de los motivos de este impacto es “el efecto renta”. Porque, a su juicio, “fruto de las inversiones que se realizan se genera más empleo en la economía y esto beneficia a más hogares en desempleo con rentas más bajas”. Por otra parte, considera que hay que tener en cuenta el “efecto sobre la demanda de energía que realizan los hogares”. Los de menos renta “gastarían notablemente menos gracias a las medidas incluidas en el Plan de Energía y Clima”, sostiene. No obstante, el impacto que el investigador del BC3 considera “fundamental” es el relacionado con las medidas de ahorro energético de los hogares y el impulso de la electrificación. “Los hogares de rentas bajas suelen destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a abonar la factura de la luz”, explica.