Economía
La reforma de Escrivá reducirá la pensión máxima un 20%
El informe de Fedea, además, rebaja el impacto de la jubilación demorada y la reforma de autónomos
Publicado el 25/04/2023 a las 08:37
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha advertido en un nuevo informe sobre las recientes reformas de pensiones de que los incentivos para el retraso de la jubilación y el nuevo sistema de cotización de autónomos dejarán de suponer un ahorro para el sistema a partir de 2050.
En un artículo elaborado por su director adjunto, Ángel de la Fuente, Fedea señala que, si funcionan como se espera, los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del sistema de cotización de los autónomos podrían suponer "un alivio apreciable para las cuentas del sistema público de pensiones a corto y medio plazo, pero no a largo".
De hecho, según sus cálculos, el ahorro neto generado por estas medidas alcanzaría un punto de PIB a comienzos de la próxima década y se iría reduciendo después, convirtiéndose en negativo a partir de 2050. Su valor esperado en promedio durante el periodo 2022-50 sería un ahorro de medio punto del PIB.
Para Fedea, el análisis de impacto de los incentivos a la jubilación demorada y la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) es de "particular interés", pues el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se apoya en sus proyecciones sobre el éxito y los efectos de estas medidas para concluir que el impacto neto del conjunto de la reforma sobre las cuentas del sistema de pensiones será manejable y no pondrá en riesgo su sostenibilidad financiera.
"Si la reforma del RETA y los incentivos a la jubilación demorada funcionan tan bien como se expone, lo que ciertamente no está asegurado, su rápido despliegue durante los próximos diez años se traduciría en apreciables incrementos de ingresos y reducciones de gasto que llegarían a tener un impacto neto positivo de algo más de un punto de PIB en 2032 y 2033. A partir de ese momento, los ingresos se estabilizarían y los gastos comenzarían a crecer rápidamente hasta igualarse a los ingresos en torno a 2050. De ahí en adelante, el efecto neto de estos componentes de la reforma sería negativo", apunta Fedea.
Las estimaciones que realiza De la Fuente en este informe, el segundo de una serie que irá publicando para analizar los efectos de las reformas de pensiones adoptadas en esta legislatura, se basan "en hipótesis todavía optimistas, aunque no tanto como las del Ministerio", sobre la incidencia de la jubilación demorada.
Según Fedea, ésta alcanzaría el 100% en un plazo de 10 años con una demora media de un año, frente al 60% con una demora media de tres años proyectada por el Ministerio.
En cuanto a los efectos de la reforma del RETA, Fedea supone, al igual que el Ministerio de José Luis Escrivá, que la cotización media de los trabajadores autónomos se equiparará gradualmente a la del Régimen General en un plazo de 10 años. Para la Fundación, esto "podría ser difícil de conseguir dada la previsible resistencia de este colectivo a lo que supondría una fuerte subida de sus cotizaciones".
Fedea reprocha en este informe las "deficiencias" en la documentación técnica de las distinta reformas de pensiones aprobadas en esta legislatura.
Para evitar problemas de este tipo en el futuro, Fedea propone que una de las tareas de la Agencia prevista en la nueva Ley de evaluación de políticas públicas sea la de filtrar las memorias de las normas con mayor impacto presupuestario para asegurarse de que éstas cumplen "unos estándares mínimos de claridad y competencia técnica".
LA MEJORA DE LAS MÍNIMAS COSTARÁ MÁS DE 2.300 MILLONES
En el primer documento de la serie que Fedea está publicando para cuantificar el impacto de las distintas reformas de pensiones aprobadas en esta legislatura, De la Fuente revisa "significativamente" al alza la estimación que realizó "de urgencia" hace unas semanas sobre el incremento de gasto que supondrá la mejora de las pensiones mínimas.
Como explica el director adjunto de Fedea, la nueva norma no supone únicamente un incremento puntual en la cuantía de estas pensiones, sino también un cambio importante en su regla de evolución, pues estas prestaciones pasan de actualizarse con la inflación a ligarse al umbral de la pobreza y, por tanto, y de manera aproximada al crecimiento de los salarios medios.
Fedea estima que, con la reforma, la pensión mínima media aumentaría en un 8,9%, desde 9.786 hasta 10.657 euros anuales.
Según sus cálculos, el gasto necesario para elevar ya en 2023 la cuantía de todas las pensiones mínimas a los nuevos niveles de referencia, ligados al umbral de la pobreza, superaría los 2.320 millones de euros (0,16% del PIB), a lo que habría que sumar otros 94 millones derivados de la mejora del complemento por brecha de género, con lo que el gasto total por estas dos medidas equivaldría, si se aplicara este mismo año, a 2.422 millones de euros.
No obstante, Fedea recuerda que estas medidas se aplicarán de manera gradual, por lo que no producirán un gasto inmediato, sino progresivo. En el caso del complemento de género, que se mejorará un 10% en dos años, la subida se realizará durante 2024 y 2025, mientras que la mejora de las pensiones mínima se producirá entre 2024 y 2027.
La última reforma de pensiones introduce, dentro de las medidas de ingresos, el destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, "acompañada de la cuasi congelación de las pensiones máximas a precios constantes", pues mientras las primeras aumentarán en términos reales (tras ajustarlas por la inflación) a una tasa anual del 1,2%, la pensión máxima lo hará al 0,115%.
Esto supondrá en 2050 un incremento acumulado del 38% para la base máxima de cotización y del 3,15% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes.
En virtud de esta secuencia, Fedea calcula que la reforma reducirá la pensión máxima desde casi el 80% de la base máxima de cotización hasta el 59,3%, lo que considera una reducción "muy considerable" del grado de contributividad del sistema.
De la Fuente subraya que la cuantía total de las rentas salariales situadas por encima de la base máxima de cotización actual asciende en la actualidad a sólo unos 30.000 millones de euros, lo que supone un 2,64% del PIB, un 5,30% de las rentas del trabajo y un 4,46% de las rentas brutas de los hogares con datos de la Agencia Tributaria.
"El potencial recaudatorio de gravar estas rentas, incluso a tipos muy elevados, es por tanto muy limitado en comparación con el de gravámenes sobre bases más amplias", sostiene.
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