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Economía

El Gobierno propone el pago por uso en todas las carreteras para 2024

El Ejecutivo desgrana en el Plan de Recuperación su hoja de ruta para incrementar la recaudación

El Gobierno quiere cobrar peaje en toda la red de carreteras a partir de 2024
El Gobierno quiere cobrar peaje en toda la red de carreteras a partir de 2024
Buscará el consenso con los transportistas
El primer fin de semana de la 'Operación salida' se cierra con cinco fallecidos
Tráfico de salida de Madrid por la A1 en una imagen de archivo.
EFE
  • Clara Alba / Colpisa
Actualizada 06/05/2021 a las 09:12

El Gobierno ha empezado a desgranar sus planes para incrementar la recaudación en los próximos años dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia para acceder a los fondos europeos. Aunque los detalles del componente fiscal son escuetos, sí que dejan entrever las intenciones del Ejecutivo en esta materia. Y entre ellos, la fiscalidad verde ocupa un espacio preferente, con propuestas (no acuerdos definitivos) a las que ya se ha puesto fecha, como el 'pago por uso' en la red de carreteras del Estado, "ampliable al resto de vías". Según consta en el 'componente 1' del Plan, dedicado a la movilidad sostenible, el la medida se pondría en marcha a partir de 2024 dentro de la Ley de Movilidad y Financiación del Transporte. Tal y como recuerdan en el documento remitido a Bruselas, esta norma "introduce en España los principios 'el que contamina paga' y 'el que usa paga'". En todo caso, aseguran que su aplicación se llevará a cabo bajo el "acuerdo social y político".

Del mismo modo, y ante lo impopular de la medida, se pretende que esta sea "escalable y progresiva". Por ejemplo, tarificando inicialmente solo la Red de Alta Capacidad, con su posterior extensión a otras redes.

"Además, se pueden plantear reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos", indica el Ejecutivo.

El Gobierno aprovecha el documento, además, para confirmar que compensará a Abertis por la reversión de la AP-7 con 1.291 millones de euros, eliminando del cálculo la indemnización por el descenso del tráfico derivado de la crisis a la que el Ejecutivo se comprometió en 2006.

 

NUEVOS IMPUESTOS

Además de aumentar la recaudación por esta vía, que serviría para financiar el mantenimiento de las infraestructuras, el Gobierno también detalla en otra ficha distinta, la dedicada a la 'Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI', que en 2022 se revisarán los impuestos a la matriculación y la utilización de vehículos.

Estas medidas se incluirían dentro de la fiscalidad verde con la que se pretende "limitar el peso de otros tributos, como por ejemplo aquellos que recaen sobre el trabajo". Es decir, el IRPF.
Aunque faltan muchos detalles por concretar, el Plan de Recuperación sí confirma que en el tercer trimestre de este año entrarán en vigor el impuesto sobre los residuos e incineración y el que gravará los envases de plástico no reutilizables. En el segundo trimestre de 2022 se aprobaría la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados y, a finales de ese año, se revisará la imposición sobre los hidrocarburos. Es decir, para entonces habrá subida del impuesto al diésel.

Todos estos cambios se aplicarían así antes de que el Gobierno ponga en marcha su esperada reforma fiscal, que no entraría en vigor de forma plena hasta 2023. Así queda establecido en la información remitida a Bruselas a pesar de que el grupo de expertos que ya analiza la futura norma presentará sus conclusiones al Ministerio de Hacienda en el primer trimestre de 2022.

 

EQUITATIVO Y JUSTO

El objetivo del Gobierno es crear un sistema tributario "más equitativo, progresivo y justo", asegurando ante Bruselas que "hay margen para aumentar la recaudación, ya sea mediante la creación de nuevos impuestos, en particular con imposición digital y medioambiental, o mediante la ampliación de las bases imponibles, reduciendo o eliminando ciertos beneficios fiscales".

En este último punto, se plantea revisar cinco incentivos al año, sin especificar cuáles, hasta sumar un total de 15 de aquí a 2024. Respecto a la posible supresión de los beneficios por la declaración conjunta sobre el IRPF, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, demostró ayer su "sorpresa" ante el revuelo generado, calificando de "errata" el texto en el que se apunta a esta medida dentro del Plan de Recuperación. La ministra recordó que se trata de una recomendación de la AIReF que en ningún caso se corresponde con una propuesta en firme del Gobierno.

"Estamos hablando de una errata dentro del cuerpo del plan; todos nos sorprendimos de la interpretación que se hizo, pero el detalle recogido en la ficha del componente 29 del Plan de Recuperación es claro y meridiano en términos de fiscalidad", defendió Calviño.

De los componentes del Plan también se desprende que habrá modificaciones en el impuesto de Sociedades, con una propuesta de un tipo mínimo del 15%. El Gobierno también apunta a su intención de buscar un sistema progresivo que implicaría la subida de impuestos sobre el patrimonio de las familias.

En el documento se detalla que "queda en evidencia la necesidad de aplicar de forma más coordinada la fiscalidad sobre la riqueza entre los distintos territorios para garantizar un nivel de imposición mínimo y coordinado, evitando la competencia fiscal perjudicial entre las CCAA".

En este sentido, recuerdan que cualquier reforma que afecte a los impuestos cedidos a las autonomías tendría que salvarse con una compensación a las comunidades.

El Gobierno cuenta con que Bruselas apruebe en junio el Plan de Recuperación, momento en el que recibiría la prefinanciación de 9.000 millones de euros, a los que se sumarán los 16.000 millones restantes hasta los 27.000 presupuestados en el segundo semestre del año.


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