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Precio de la luz

Las energéticas asumirán parte de la factura de la luz, que puede bajar un 13%

El Gobierno crea un fondo para que asuman esa parte del recibo, pero admite que no puede impedir que las empresas suban después los precios

Una persona mira la factura de la luz con la ayuda de una calculadora
Una persona mira la factura de la luz con la ayuda de una calculadora
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  • Colpisa
Actualizada 16/12/2020 a las 06:00

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, un sistema que en la práctica supondrá que las compañías comercializadoras energéticas (eléctricas, gasistas e hidrocarburos) asuman una parte de los cargos que ahora se encuentran en la parte fija del recibo de la luz. En concreto, los que sirven para seguir pagando el coste de las primas a las instalaciones de renovables más antiguas, las impulsadas en la burbuja de hace más de una década.

La medida intenta "evitar subidas en el precio de la electricidad", según el Ministerio de Transición Ecológica. Fuentes del departamento dirigido por la vicepresidenta Teresa Ribera calculan que al detraer esta parte de la factura, que deberán sufragar las compañías, su importe se reducirá una media del 13% durante los cinco años siguientes a la puesta en marcha del Fondo. También apuntan que si no se crease este mecanismo, los costes fijos del recibo aquellos que representan hasta un 40% de un recibo mensual) para los consumidores domésticos podrían incrementarse alrededor del 10%, lo que supondría una subida media del 6,5% en un sólo año.

Este importe coste recaerá en los centenares de empresas comercializadoras de energía que hay en España, dependiendo de su cuota de mercado. Serán las firmas que venden hidrocarburos, gas y luz -por este orden- las que asuman ese coste, aunque grupos como Iberdrola o Endesa se han mostrado satisfechos al sacar de la factura una parte de los costes ajenos directamente a la electricidad, una de sus históricas reivindicaciones.

En cualquier caso, no es descartable que esas mismas empresas acaben por repercutir en sus clientes este nuevo coste en el precio de los productos que ofrecen. Desde el ministerio indican que "no tiene por qué ser así", pero al mismo tiempo admiten que "puede que lo repercuta, o no, porque podrían perder cuota".

En el caso de la tarifa regulada (PVPC), la que tienen contratada un 40% de los hogares, también pueden ver incrementado su importe final. Porque el Ejecutivo podría aprobar un alza en el margen de comercialización que tienen las compañías de referencia del PVPC. "Lógicamente en la medida en que los comercializadores no tienen libertad de fijacion de precios, habrá que hacer una adaptacion de los marcos retributivos para incorporar este coste", asume Transición Ecológica. En las tarifas de luz libres, hay flexibilidad de precios. Y en el caso de los combustibles, en el Ministerio recuerdan que España es uno de los países con los precios más bajos de la UE.

La puesta en marcha de este nuevo mecanismo responde a la necesidad que tiene el sistema eléctrico para cuadrar unas cuentas que ya se veían resentidas por la menor demanda de electricidad y la bajada de precios de las renovables, y sobre las que la crisis del coronavirus ha puesto la puntilla. "Incluso antes del coronavirus el sistema había dejado de funcionar", explican fuentes de Transición Ecológica. "Los ingresos no eran suficientes y esta crisis ha añadido un elemento adicional que impulsa a la baja la demanda y los precios", indican.

Pagar 7.000 millones al año Se trata de financiar unos 7.000 millones de euros anuales que ahora se encuentran dentro de la factura de la luz en concepto de 'cargos'. Se refieren a la necesidad de sufragar las primas a las renovables que se concedieron hasta el año 2008 y que aún siguen costando dinero a los consumidores. Este concepto es distinto a los 'peajes' que también constituyen la parte fija de los recibos y que, por ahora, seguirán sin cambios al menos hasta el 1 de abril de 2021 cuando los modifique la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

Los costes regulados de la electricidad en España ascienden a unos 17.000 millones al año -10.000 millones los de redes, que se sufragan con los peajes que aprueba la CNMC, 7.000 millones los de las renovables y casi 3.000 millones van a la devolución de la deuda acumulada por el sistema eléctrico en el pasado-, a los que hay que añadir los entre 600 y 700 millones de extracostes peninsulares.

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