La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sabía que este viernes en el Consejo de Política Fiscal, además de presentar la nueva senda de estabilidad a las comunidades autónomas, tenía que tratar de solventar el conflicto con éstas a cuenta del IVA de 2017 que por valor de 2.500 millones de euros continúan reclamando. Y, decidida como está a no pagarlo después de que, según argumenta, se perdiera la oportunidad de hacerlo vía Presupuestos el año pasado, terminó vinculando una cosa con la otra: ofreció una senda más benévola de déficit para tratar de aplacar las demandas de las autonomías. También propuso que, a efectos de evaluación del cumplimiento del objetivo de déficit en el año 2019, se descontará el impacto del IVA no cobrado de 2017, así como financiación adicional del FLA con un interés del 0%. El argumento de Hacienda es que las comunidades autónomas gastaron los 2.500 millones del IVA en disputa el año pasado y a ello atribuye el incremento del déficit que experimentaron en 2019, cuyos efectos se pretenden aliviar con las medidas que se aplicarán.

El conflicto, que se había avivado en las últimas semanas, parecía no tener color político: autonomías con Gobiernos del PP, como el madrileño o el andaluz, habían mostrado gran beligerancia por la recuperación del IVA. Pero también algunos socialistas, como el Emiliano García-Page, habían apuntando que no descartaban acudir a los tribunales para reclamarlo. Pero en la votación de la senda de déficit se terminó cumpliendo la disciplina de partido: los consejeros de las autonomías socialistas o con Gobiernos de coalición con el PSOE presente, como Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Navarra o Comunidad Valenciana, votaron a favor, así como el cántabro y el Melilla. Otras seis comunidades votaron en contra, las que se encuentran en manos del PP, como Andalucía, Castilla y León, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia y Ceuta. Cataluña no participó en la votación puesto que a la reunión no acudió Pere Aragonés, el consejero de Economía y Hacienda, sino la secretaria de Economía, Natàlia Mas, que no tenía derecho al voto. Y País Vasco no mandó representante.

Pero, pese a todo, persisten mayores o menores grados de descontento entre las autonomías a cuenta del IVA y la solución que le ha buscado el Gobierno. Entre los más críticos, los populares, como el consejero madrileño, el popular Javier Fernández-Lasquetty, que comentó a la salida del Consejo de Política Fiscal que "la solución no es permitir que haya más déficit". A su entrada en la reunión ya había afirmado que permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación. Juan Bravo, el consejero andaluz, se pronunció en los mismos términos. El consejero murciano, el también popular Javier Celdrán, manifestó antes de la reunión que consideraba la medida un paliativo y una maniobra del Gobierno central para "contentar" a las autonomías gobernadas por el PSOE que también reclaman "su" IVA de 2017.

También algún consejero socialista expresó reticencias, como el valenciano, que si bien valoró la compensación del IVA, reconoció que no era la mejor vía aunque sí la más imaginativa; mientras que el castellano-manchego, Juan Alfonso Ruiz, afirmó que no le gusta vincular la senda del déficit con el dinero del IVA, y, en todo caso, como la asturiana, Ana Cárcaba, necesita estudiar la compensación con su Gobierno.