La lucha contra el fraude da sus frutos. El Ministerio de Trabajo ha recaudado 526 millones de euros en el primer semestre del año gracias a las actuaciones dirigidas a ello, un 1,5% más que en el mismo periodo de 2017. Además, han aflorado 53.711 empleos irregulares con estas inspecciones, un 19,5% más que el año pasado. Pero aún hay mucho trabajo que hacer. Por ello, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) firmaron recientemente un convenio que contempla más de 7.500 actuaciones extraordinarias solo en lo que queda de año, que se sumarán a las 8.000 ordinarias que ya estaban previstas para los próximos cinco meses.

Estas inspecciones estarán centradas en la declaración de horas extraordinarias, la excesiva e injustificada temporalidad y parcialidad en la contratación y se centrará en las altas y bajas sucesivas en periodo vacacional, especialmente en el colectivo de los profesores. Su presupuesto será de 960.000 euros.

Uno de los focos principales estará puesto en el colectivo de docentes tras comprobar las excesivas altas y bajas sucesivas a la Seguridad Social del mismo trabajador al finalizar el curso lectivo y comenzar el siguiente. Así, se habilita a partir de septiembre -una vez se puedan comprobar las altas y bajas del mes de agosto- una campaña relativa a ello para constatar si existe o no declaración por las vacaciones devengadas y no retribuidas a cientos de profesores interinos en España. Es más, el Tribunal Supremo ya ha fallado a favor de mantener el alta de los docentes en la Seguridad Social en periodo vacacional.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un real decreto para combatir el uso fraudulento de la figura del trabajador por cuenta propia que en realidad realiza una labor por cuenta ajena, estos son los denominados 'falsos autónomos'. Las estimaciones de la Administración central cifran en unos 40.000 los empleos fraudulentos que podrán salir a la luz con la aplicación de esta medida. Y parecen datos prudentes teniendo en cuenta que la principal asociación del sector, ATA, habla de entre 90.000 y 100.000 los falsos autónomos en España, mientras que la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) eleva esta cantidad hasta los 210.000.

Algunos de estos miles de trabajadores que pese a mantener una relación de dependencia con la empresa en la que prestan servicios son forzados a inscribirse en ese colectivo son los repartidores de plataformas digitales como Deliveroo o Glovo, o conductores de Uber, tan de actualidad estos días. Estas compañías ya han sido investigadas y en algunos casos sancionadas por la Inspección de Trabajo.