El 7 de marzo, en plena ola de indignación de los pensionistas españoles, la Comisión Europea presentó un informe sobre la situación económica de los países de la UE. Que si el déficit, que si el paro, que si la deuda... Esta vez, cómo no, la clave era qué decía sobre las pensiones y para alivio de un acorralado Mariano Rajoy, Bruselas aplaudió las reformas de 2011 y 2013 que, entre otras cosas, incluían el polémico factor de sostenibilidad a partir de 2019. Aquel día, en uno de los corrillos posteriores a la comparecencia del comisario de turno, los hombres de negro encargados del dossier español no titubearon cuando fueron preguntados sobre si es viable actualizar las pensiones a la evolución del IPC: "No tiene ningún sentido técnico. Lo interpretamos como parte del juego político". Fin de la cita, que diría el propio Rajoy. A Bruselas le ha pillado con el pie cambiado el reciente acuerdo alcanzado entre el PP y el PNV para subir las pensiones de 2018 y 2019 en relación al IPC (3.300 millones) y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad a 2023. Lo evidencia el hecho de que este lunes publicaron un informe sobre la situación del sistema de pensiones en toda Europa y en el capítulo español, además de pedir nuevas vías de ingresos para acabar con el déficit de la Seguridad Social o asegurar que los pensionistas han salido bien parados de la crisis, se centra en loar las reformas de 2011 y 2013. De hecho, recuerda que siguen sin implementarse en su totalidad, que hay margen de mejora.

Papel mojado. Han pasado demasiadas cosas desde que sus autores finalizaron el documento hace ya varias semanas. Porque ni sabían que el PNV sorprendería con esta exigencia para respaldar el Presupuesto ni, sobre todo, que Rajoy decidiese aceptarla sabedor de que supone "dar un paso atrás" en la senda reformista acordada con Bruselas, como este lunes lamentaron fuentes comunitarias consultadas por este diario.

Todavía no ha habido un posicionamiento oficial de la Comisión liderada por Jean-Claude Juncker, pero el jueves se presentarán las previsiones macro de primavera y el comisario de Economía, Pierre Moscovici, no tendrá más remedio que pronunciarse. O da un toque de atención a Madrid por desviarse de sus compromisos macroeconómicos, o se decanta por mirar hacia otro lado esgrimiendo que España sigue siendo la potencia que más crece. Tan importantes serán las advertencias como los silencios. Rajoy, pase lo que pase, tiene preparada su defensa: 'me pedís que España tenga Presupuestos y para tenerlos, este es el peaje que hay que pagar'. Ojo con este tipo de prebendas que España, en julio de 2016, estuvo a punto de ser sancionada por saltarse el objetivo de déficit pata tener margen de maniobra en año electoral.

Brecha de género y pobreza Respecto al informe de este lunes, que se publica cada tres años, destaca cómo los pensionistas españoles salen muy bien parados cuando se trata de comparar su situación respecto a los ingresos de los trabajadores. He aquí el gran problema, los salarios bajos de los grandes financiadores del sistema de pensiones. Sueldos bajos, pensiones bajas, es simple. O esto o un déficit que no deja de crecer, como alerta Bruselas, que pide más y mejores trabajos, prolongar la edad laboral o recurrir a planes privados.

El informe también sostiene que el riesgo de pobreza de los pensionistas es del 14,4% frente al 30,4% del resto de la sociedad española, y cuatro puntos menos que la medida comunitaria. "La mejor situación de los jubilados en España se debe al hecho de que las pensiones han mantenido su poder adquisitivo. Los pensionistas españoles han conservado ampliamente su nivel de vida relativo durante la crisis", concluyen los expertos, que también advierte de que casi el 90% de los autónomos cotiza por lo mínimo.

También alertan de la brecha de género entre pensionistas ya que las mujeres cobran el 33,8% menos. Para evitar esta lacra heredada de épocas patriarcales, la Comisión recomienda mejorar la conciliación entre la vida laboral y familiar, incrementar la oferta de servicios públicos para menores de hasta 3 años y asegurar el acceso de las mujeres a todos los niveles de educación.