El sector del transporte individual de pasajeros sigue siendo un polvorín, y ni siquiera hay una unidad firme en cada bando. Este lunes lo puso en evidencia Unauto, la mayor organización representativa del negocio de alquiler de vehículos con conductor (VTC), al acusar a uno de sus principales socios, Uber, de pretender una "posición dominante" para "determinar, en vez del Gobierno, cuando caben más" licencias.

La patronal se alinea aquí con la otra gran plataforma digital del transporte, Cabify, de origen español. Los tres han ido de la mano en los últimos años para acabar con los límites normativos que, a su juicio, favorecen al taxi. Sin embargo, en las últimas fechas se han ido apreciando diferencias en sus estrategias.

Primero, en la vista oral celebrada la semana pasada en el Tribunal Supremo para resolver los recursos contra el reglamento de 2015 que limitaba su actividad. Unauto y Cabify renunciaron a la liberalización total que sí piden la multinacional estadounidense Uber y la autoridad de competencia (CNMC), alineada con sus tesis. Defienden como alternativa que se ponga otro ratio de permisos -el actual, que el Gobierno quiere elevar a rango de ley con un decreto aprobado el viernes, es de un VTC por cada 30 taxis- y se "cumpla el objetivo de adaptarse a la actual situación de demanda". El propio Ministerio de Fomento admite que a principios de abril esa proporción era ya de uno a nueve (7.158 conductores de VTC frente a 64.217 taxistas), incluso menor en algunas ciudades. El motivo son las sentencias del Supremo en los últimos meses, que vienen dando la razón a propietarios de permisos paralizados por la moratoria que hubo entre 2013 y 2015. Y todavía hay otros 10.000 permisos pendientes de ver si reciben luz verde.

Para la CNMC mantener una ratio extendería los límites al arrendamiento de vehículos con conductor "a saber durante cuantos años". Pero Fomento -defendido por la Abogacía del Estado en ese recurso- arguye que es solo una norma de "máximos., de manera que comunidades y ayuntamientos pueden reducir la cifra si estiman que se dan "las circunstancias idóneas".

A la vista de que el Ejecutivo mantiene "de manera clara e inequívoca" su firmeza en la regulación de los VTC vía decreto y la unidad a nivel nacional que persigue en este mercado, Unauto y Cabify creen que es mejor negociar una reforma consensuada -una puerta que han dejado abierta en Fomento- y renunciar a seguir litigando. Por eso, ayer presentaron un escrito de desestimiento en el Supremo para que éste no se pronuncie sobre los ratios.

También renuncian a que lo haga en su próxima sentencia sobre el límite geográfico a la actividad de los VTC, que "deberán dedicarse habitualmente -al menos el 80% de los viajes computados cada trimestre- a realizar sus servicios de transporte "en el territorio de la comunidad en que se encuentren domiciliadas". Con ello se pretende evitar, o al menos reducir al mínimo, que se pueda sacar la licencia en una autonomía con pocos vehículos de ese tipo pero para luego operar sobre todo en otra con mucha demanda.

Uber va por libre Según fuentes del sector, Unauto y Cabify han valorado que Fomento no haya endurecido los requisitos, "en busca de mantener una especie de paz social y darle tiempo al sector del taxi a hacer cambios". Por eso "lamentan" que Uber sea el único miembro de la asociación que "continúa oponiéndose a la voluntad legislativa del Gobierno".

Advierten de que la desregulación "total" que reclaman Uber y la propia CNMC "acabaría volviéndose en contra del usuario, los conductores, las empresas del sector y las plataformas". Es más, les resulta "difícil comprender" que hable de limites cuando tiene "totalmente restringida la admisión de nuevos vehículos" en su actividad en Madrid.

Ello, denuncia la patronal, ha generado "un mercado secundario de reventa y alquiler de 'slots' (contratos para operar con la plataforma)". Por eso piden a la CNMC que "no permita" un posible monopolio por parte esta vez de la plataforma de origen norteamericano.

La respuesta de Uber, que mantiene su intención de seguir pelando en los tribunales con el Gobierno -incluso estudiaría, una vez aprobado por el Parlamento el decreto referido, recurrirlo ante el Tribunal Constitucional-, ha sido bastante genérica. Sin querer entrar en controversias, sus portavoces insisten en defender la apertura total de este mercado porque -dicen- "favorecerá la creación de miles de puestos de trabajo, reducirá el precio y mejorará la calidad del servicio".